Tras sufrir el presunto acoso del ya exDAO de la Policía Nacional, la mujer quiere evitar que se den a conocer sus datos personales. Foto: EP

La denunciante del exDAO pide al juez la «plena reserva» de los audios y mensajes para «preservar su identidad»

23 / 02 / 2026 11:59

Actualizado el 23 / 02 / 2026 12:03

La agente de la Policía Nacional que denunció al ex director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, José Ángel González, por presunta agresión sexual ha solicitado al juez que acuerde la “plena reserva” de los audios, el listado de llamadas y los pantallazos de mensajes aportados en la causa.

Así lo ha pedido su abogado, Jorge Piedrafita, que advierte de “la reprobable situación” en la que se encuentra la denunciante —también agente de la Policía— tras la filtración de sus “datos personales”.

Según expone, esta circunstancia ha “precisado de la implantación de escolta policial para garantizar su seguridad”.

Por ello, la representación letrada solicita “la plena reserva y salvaguarda de la prueba en sede judicial”, de modo que pueda ser consultada “únicamente en la misma bajo la presencia de la Letrada de la Administración de Justicia para evitar más filtraciones que vulneran la identidad” de la mujer.

Las pruebas contra el DAO de la Policía Nacional

De acuerdo con el escrito, el abogado ha entregado al juez un listado de llamadas realizadas a la denunciante por el exdirigente policial, así como pantallazos de los mensajes recibidos vía WhatsApp a los que se alude en la querella y la grabación de los audios realizados por ella, igualmente descritos en la misma, interesando su admisión.

El procedimiento lo instruye el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, que la pasada semana reclamó al letrado de la agente tanto los audios como el resto de pruebas relativas al presunto delito de agresión sexual.

En la querella, Piedrafita solicitaba además la práctica de una prueba pericial informática “en caso de ser impugnada la autenticidad de las llamadas, mensajes y audios”.

Asimismo, interesaba que dicha pericial fuera realizada por agentes de la Guardia Civil “con experiencia en peritaje judicial especializado para el cotejo, análisis forense y verificación tanto de la autoría como del contenido de dichos mensajes, con el fin de garantizar su validez probatoria y evitar cualquier manipulación o alteración”.

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