El exministro de Transportes y exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos, intentó evitar la prisión preventiva con un argumento simple: si hubiera querido huir, ya lo habría hecho.
«No tengo dónde ir, en ninguna parte del mundo«, declaró ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente en una comparecencia celebrada el pasado noviembre, a la que ha tenido acceso Europa Press.
No sirvió de nada. Ese mismo día, el juez ordenó su ingreso en prisión.
La petición de prisión preventiva llegó de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares lideradas por el PP, que argumentaron un elevado riesgo de fuga dado que Ábalos se enfrenta a hasta 30 años de cárcel por presuntos amaños en contratos públicos para la compra de material sanitario durante la pandemia.
Una pena que, según las acusaciones, justificaba sobradamente mantenerle entre rejas hasta el juicio.
Ábalos tomó la palabra en último lugar y utilizó ese turno para hacer un alegato personal tan inusual como revelador.
«Sigo manteniendo mi inocencia. Ya sé que no es creíble, pero ese afán por demostrarla hace que permanezca en mi país», aseguró.
«No me puedo defender fuera. Si se me quiere plantear algún escarmiento o una pena anticipada, lo puedo entender, pero humanamente no lo entiendo«.
Su situación económica no era buena
El exministro apeló también a la transparencia de su situación económica como argumento contra el riesgo de fuga.
Todo el mundo sabía cuáles eran sus ingresos y en qué los gastaba, afirmó: «Se conoce todo». Y añadió que, pese a tener «muchísimas oportunidades» de escapar, jamás solicitó un solo permiso para salir de España, ni siquiera para disfrutar de vacaciones con sus hijos, a quienes, según sus palabras, se las había negado por no querer dar ningún paso en falso.
Fuera del Congreso —donde acudía todas las semanas en su condición de diputado, lo que esgrimió como prueba de arraigo—, describió su vida cotidiana como un «arresto domiciliario» autoimpuesto.
«No salgo porque tengo presencia mediática día y noche como una actuación parapolicial», lamentó, en una queja que apuntaba tanto a la presión informativa como a lo que él interpretaba como un hostigamiento sistemático.
Ábalos también rechazó con contundencia las acusaciones de que disponía de propiedades en el extranjero que podrían facilitarle una huida.
«No tengo segunda residencia», zanjó. Y recordó que, incluso después de que se hiciera pública la posibilidad de que ingresara en prisión, seguía presentándose ante el juez: «Después de esta semana en que se me ha dicho que podía ir a prisión, estoy aquí».
Su entonces abogado, el exfiscal de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, fue más lejos en su argumentación y acusó directamente a las acusaciones de perseguir un objetivo espurio con la prisión preventiva: forzar una «declaración colaborativa» que debilitara la defensa antes de llegar a juicio.
En su opinión, la estrategia consistía en lograr que tanto Ábalos como su exasesor Koldo García llegaran al proceso «cautivos y desarmados», obligados a aceptar cualquier acuerdo que se les ofreciera desde una posición de máxima vulnerabilidad.
«Esa forma de hacer es inaceptable en esta sala. Es una práctica deleznable», sentenció.
Koldo García, investigado junto a Ábalos por su papel en el mismo caso, también dirigió unas palabras al magistrado antes de que este tomara su decisión.
Su intervención fue más escueta, pero no menos directa: «Lo único que puedo decir es que no me voy a ir a ninguna parte», afirmó, pidiendo al juez que comprendiera que «todos» tienen «derecho a aprender día a día y poco a poco».
Ninguno de los dos alegatos convenció al magistrado Puente. En las resoluciones dictadas ese mismo día, el instructor identificó tres elementos que, a su juicio, justificaban el ingreso en prisión de ambos investigados: la solidez de los indicios que apuntan a la comisión de delitos graves, la elevada extensión de las penas solicitadas por las acusaciones —que en el caso de Ábalos alcanzan los 30 años— y la proximidad del juicio oral, una combinación que, según el juez, hacía real y fundado el riesgo de que alguno de los dos decidiera no comparecer cuando llegara el momento.
