«Lo de menos es el féretro. Lo grave es no saber si las cenizas son de tu padre». Con esa frase, Amadeo N. resumió hoy ante la Audiencia de Valladolid el dolor que arrastra desde que supo que su familia podría haber sido víctima del llamado ‘caso ataúdes’: la supuesta trama del grupo funerario El Salvador que habría sustituido los féretros de los fallecidos por otros de inferior calidad justo antes de su incineración.
Los beneficios ilícitos que se habrían obtenido por tales cambios, entre 1995 y 2015 se acercarían a los 4 millones de euros.
Amadeo perdió a su padre en 2001 y a su madre apenas dos meses después, en 2002. Ambos fueron velados en el antiguo tanatorio de El Salvador, en el Camino Viejo del Cementerio, e incinerados en Santovenia de Pisuerga.
No presenció las incineraciones, pero no es eso lo que le quita el sueño. «Lo de menos es el féretro, lo grave es no saber si las cenizas son de tu padre», insistió en declaraciones recogidas por Europa Press.
Como él, una docena de perjudicados desfilaron hoy por el estrado para reproducir historias casi idénticas: el momento en que se enteraron —por los medios, en enero de 2019— de que sus familiares podían estar entre las víctimas de la trama, y la misma mezcla de rabia e impotencia que siguió a ese descubrimiento.
La vista oral se celebra contra el grupo funerario y parte de sus trabajadores, acusados de concertarse para dar el cambiazo de caja a los muertos en el momento de la cremación.
Fernando S.A., empresario inmobiliario y propietario de una administración de lotería en Valladolid, perdió a su padre Fidel el 8 de marzo de 2002.
Contrató los servicios del grupo de empresas de la familia Morchón y ahora los acusa de haberles engañado y de jugar con sus sentimientos.
«El comportamiento de esta gente ha sido carroñero. Los muertos no se merecían esto», afirmó al concluir su declaración.
José Antonio F.L. explicó que su padre Antonio falleció el 1 de enero de 2004 en Villajoyosa, Benidorm, y fue trasladado a Valladolid para recibir cristiana sepultura bajo los servicios de los encausados.
Se definió como mestizo —hijo de payo y gitana— y subrayó el peso cultural de lo que la presunta trama supuso para su familia: «En la cultura gitana a los muertos se les adora, venera y respeta».
Su madre, con más de 80 años, permanece al margen del proceso por decisión de sus hijos, que prefirieron ahorrarle más sufrimiento. Contó además que cuando su hermana llegó desde Tenerife, cinco minutos antes de la incineración, los empleados se negaron a abrir el féretro para que pudiera ver a su padre por última vez.
«Mi hermana daba alaridos, yo me puse un poco borde, pero nos dijeron que la caja estaba herméticamente cerrada y era imposible abrirla», recordó con indignación. Tampoco les permitieron velar unos minutos el cuerpo en una sala antes de la incineración.
José María C. explicó que la última vez que vio el féretro con los restos de su padre, fallecido el 31 de diciembre de 2002, fue cuando salió del tanatorio rumbo al cementerio.
«Mi padre falleció tras cuatro años de agonía. Ni fue agradable entonces ni tampoco cuando nos enteramos de que éramos parte perjudicada», lamentó.
A sus palabras se sumaron las de Carlos A.P. e Inmaculada C.A., cuyos padres fallecieron casualmente el mismo día, el 3 de enero de 2003, y las de Fermín Lucas F. y Rosa María S., que perdieron a sus progenitores el 7 de enero de 2004 y en 2009, respectivamente.
Rosa María S. supo lo ocurrido por la televisión. «No daba crédito», declaró. Contactó con los investigadores y descubrió que tanto su padre como una tía figuraban entre los afectados.
«Me pregunté: ¿pero a quién estamos velando?» Restó importancia a la indemnización que pudiera corresponderle en caso de condena —anunció que iría íntegra a una hermana con síndrome de Down— y lo zanjó con una frase: «No es tanto que te den ahora dinero, sino que hayan jugado con los sentimientos de la gente.»
