Desde que existe la política, el poder ha sentido la tentación de medir el pensamiento de los ciudadanos. También sus emociones. Entre ellas, el odio, esa aversión oscura y persistente que acompaña a la condición humana y reaparece cíclicamente en los momentos de mayor tensión colectiva.
En ese contexto, el Gobierno, incapaz de aprobar unos Presupuestos pero decidido a combatir la soledad y la crispación, anuncia ahora una herramienta destinada a cuantificar la presencia y el alcance del llamado discurso de odio en las plataformas digitales.
Un termómetro moral que pretende cartografiar estados de ánimo colectivos y señalar públicamente a quienes contribuyan a amplificarlas.
Presentada como una iniciativa técnica al servicio de la convivencia, la propuesta introduce sin embargo una inquietud evidente: la pretensión del poder político de erigirse en árbitro de un fenómeno del que también forma parte.
El intento de controlar —o al menos de neutralizar— la crítica que cuestiona sus decisiones no es nuevo.
Lo novedoso es la voluntad de objetivar ese impulso, dotarlo de apariencia científica y financiarlo con recursos públicos.
Cuando un Gobierno se arroga la facultad de catalogar qué expresiones alimentan la polarización, la frontera entre la regulación legítima y la tutela del debate público se vuelve inevitablemente difusa.
Y esa ambigüedad resulta especialmente delicada en una democracia que debe combatir la desinformación, la intimidación o los delitos de odio sin estrechar el espacio de la discrepancia.
El odio no es una categoría jurídica
Conviene recordar que el odio no es, en sí mismo, una categoría jurídica. Es un sentimiento tan antiguo como la condición humana, con frecuencia presente en el origen de conductas delictivas, pero inmune a la intervención penal mientras no se traduzca en hechos.
El Derecho castiga acciones, no emociones. El pensamiento no delinque. Tampoco toda expresión hiriente o injusta, por reprobable que resulte, rebasa necesariamente los límites de la libertad de expresión.
La tipificación de los delitos de odio es, además, relativamente reciente. Los códigos penales históricos no contemplaron de forma sistemática estas conductas.
Solo en las últimas décadas se ha desarrollado una regulación minuciosa, impulsada también por la preocupación europea ante la expansión de mensajes de incitación a la violencia o la discriminación.
De ahí que su persecución exija siempre un análisis individualizado capaz de distinguir entre la opinión protegida y la incitación punible.
«La convivencia democrática no se protege mediante observatorios morales ni indicadores ideológicos. Se fortalece con la calidad de las instituciones, con el ejemplo de quienes gobiernan y con la renuncia consciente a utilizar la división como estrategia electoral».
Las redes sociales han multiplicado la visibilidad de estos discursos. Su arquitectura tecnológica, diseñada para maximizar la interacción y la permanencia del usuario, favorece la difusión de contenidos que apelan a las emociones más intensas.
La hostilidad y el desprecio encuentran así un terreno fértil para propagarse con una rapidez desconocida hasta hace pocos años. Pero esa misma lógica ha convertido a las plataformas digitales en el instrumento más sofisticado de observación y condicionamiento social jamás concebido.
El anonimato, todavía ampliamente tolerado en Internet, añade una dificultad adicional. La limitada responsabilidad de quienes gestionan esos espacios —a diferencia de lo que sucede en los medios tradicionales— complica la identificación de los autores y la respuesta jurídica frente a los excesos.
Afrontar este desafío es una tarea compleja, cuyos resultados hasta ahora han sido raquíticos.
Atribuir a las redes la totalidad de la creciente crispación política sería, sin embargo, una simplificación interesada.
Buena parte de esa polarización nace del propio clima institucional, del lenguaje empleado por los responsables públicos y de la conversión de determinadas políticas en instrumentos de confrontación partidista.
El deterioro del debate público no puede analizarse al margen de quienes lo protagonizan desde el poder.
La convivencia democrática no se protege mediante observatorios morales ni indicadores ideológicos. Se fortalece con la calidad de las instituciones, con el ejemplo de quienes gobiernan y con la renuncia consciente a utilizar la división como estrategia electoral.
Combatir el odio exige rebajar la polarización. Y esa tarea comienza por abandonar la tentación de organizar una policía del pensamiento.
Quizá el mayor riesgo de estos proyectos no sea su eficacia, sino la sospecha de que nacen menos del deseo de proteger la convivencia que del temor a sobrevivir sin la tensión que la alimenta.
Porque cuando el poder decide vigilar las emociones de los ciudadanos, el problema ya no es el odio que dice combatir, sino la libertad que empieza a sobrarle.
