El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, ha salido optimista de su reunión con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, tras abordar por primera vez con la titular del ramo la situación de la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para los abogados.
Una cuestión que, aunque ahora se dirime en sede parlamentaria, ha encontrado en la ministra una actitud receptiva.
El encuentro, celebrado este miércoles en la sede del Ministerio, tuvo como segundo gran eje la colaboración institucional en materia de extranjería. González estuvo acompañado por Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Melilla.
“Es la primera vez que la ministra lo trata con la Abogacía”, destacó González tras el encuentro. El presidente del CGAE trasladó a la ministra la necesidad de que la ley fuera “lo más ambiciosa posible” y abordara el problema desde una perspectiva constitucional: el derecho constitucional a una pensión digna para todos los profesionales que han cotizado al sistema.
La pasarela afecta a miles de abogados y abogadas mutualistas, a los que se suman cada año más de 1.000 nuevos profesionales que alcanzan la edad de jubilación.
Con la tramitación de la pasarela en el Congreso, la ventana para alcanzar los consensos necesarios está abierta.
González se mostró confiado en que se logre “de forma inmediata” el acuerdo suficiente para aprobar la ley, y la ministra coincidió en la urgencia de resolver el problema.
28.000 abogados como garantía del proceso de regularización
La reunión también ha servido para avanzar en otro frente urgente: el proceso de regularización de inmigrantes que impulsa el Gobierno.
El CGAE ofreció a la ministra la red de los 28.000 abogados especializados en extranjería distribuidos por todo el territorio nacional como infraestructura de tramitación, capaz de garantizar que el procedimiento —concebido como un proceso ágil, simple y masivo— se desarrolle con rapidez, corrección y eficiencia.
González subrayó que la Abogacía española cuenta con una amplia estructura de apoyo especializado: comisiones y subcomisiones específicas, formación continua y una colaboración constante con las administraciones públicas para mejorar la tramitación de expedientes.
A ello se suma la red de servicios de asistencia jurídica gratuita que los Colegios de la Abogacía ofrecen en esta materia, que garantiza los derechos de los ciudadanos más vulnerables.
Esta colaboración se presentó también como un antídoto frente a plataformas con intereses espúreos y posibles fraudes que, precisamente por la urgencia y el volumen del proceso, podrían proliferar si no existe una red profesional sólida que lo acompañe.
“Hoy se ha dado un paso relevante, pero es necesario continuar avanzando. Los abogados y abogadas somos los profesionales preparados y formados jurídicamente para garantizar que los derechos de las personas migrantes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, sean tutelados y protegidos, porque su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos inadecuados”, afirmó González.
La ministra, según el presidente del CGAE, quiso precisar que la participación de la abogacía no es legalmente obligatoria en el proceso. González fue rotundo: es conveniente. Las partes han acordado convocar con urgencia una segunda reunión de trabajo monográfica sobre el procedimiento de regularización.
