Las fronteras no se quiebran únicamente por la fuerza; también se deshacen cuando el Estado deja de afirmarlas con la contundencia jurídica y política que exige su propia existencia.
Conviene recordar, frente a relatos interesados, que Ceuta es española desde el siglo XV —incorporada a la Corona de Castilla tras la unión dinástica con Portugal en 1580— y que Melilla lo es desde 1497.
En ambas ciudades existe una presencia española efectiva, continuada e ininterrumpida, muy anterior a la configuración del actual Estado marroquí en 1956.
No se trata, por tanto, de enclaves sobrevenidos ni de residuos coloniales, sino de territorios integrados históricamente en la estructura del Estado español con anterioridad a la propia realidad estatal del país que hoy los reivindica.
Ceuta y Melilla no están hoy ante una amenaza convencional. Están expuestas a un proceso más insidioso: la degradación progresiva de la posición del Estado a través de la ambigüedad, la omisión y la falta de estrategia.
Conviene fijar el punto de partida sin concesiones retóricas: Ceuta y Melilla son territorio español en sentido pleno, integradas en el marco constitucional que proclama la indisoluble unidad de la Nación y garantiza la integridad territorial como presupuesto del propio Estado.
No existe aquí controversia jurídica legítima ni espacio para reinterpretaciones oportunistas. Desde la perspectiva del Derecho internacional, el principio de integridad territorial refuerza —no cuestiona— esa posición. Todo lo demás es construcción política interesada.
Precisamente por eso, el problema no reside en la solidez del título jurídico, sino en la debilidad de su defensa efectiva.
Y ahí es donde la política española empieza a mostrar fisuras preocupantes. La acción exterior ha oscilado entre la prudencia mal entendida y la cesión implícita, evitando de forma sistemática una afirmación clara, sostenida y pública de la españolidad incuestionable de ambas ciudades.
Pero lo cierto es que esa evitación no es neutral: en términos de práctica internacional, equivale a erosionar la propia posición.
No se trata de un error puntual, sino de una pauta sostenida de conducta institucional. ¿Y con qué finalidad? Cabe razonablemente inferir que para evitar tensiones, no herir sensibilidades ni provocar al Reino alauita.
Ambigüedad estratégica y presión indirecta
La instrumentalización de la presión migratoria en la frontera sur —episodios recientes lo han demostrado con claridad— no puede analizarse como un fenómeno aislado ni meramente humanitario. Se trata de un mecanismo de presión política que busca alterar equilibrios sin necesidad de confrontación directa. Frente a ello, la respuesta del Estado ha sido, en demasiadas ocasiones, reactiva, fragmentaria y carente de una arquitectura estratégica reconocible.
No hay política de Estado; hay gestión de crisis.
A esta insuficiencia se suma un elemento especialmente grave: la progresiva normalización de un lenguaje institucional ambiguo.
La renuncia a afirmar con rotundidad lo que el ordenamiento jurídico establece sin fisuras introduce una duda que nunca debería existir.
En materia de soberanía, la ambigüedad no es diplomacia; es debilitamiento. Y el debilitamiento, cuando es percibido externamente, actúa como incentivo.
La erosión silenciosa de la soberanía
La experiencia comparada es concluyente: los contenciosos territoriales no nacen de la nada, sino de la acumulación de zonas grises.
Cuando un Estado reduce su presencia efectiva —económica, institucional, estratégica— en un territorio, cuando evita sostener su posición en foros internacionales o cuando trivializa su propia arquitectura constitucional, lo que está haciendo no es gestionar un problema, sino incubarlo.
Ceuta y Melilla no están hoy en riesgo por un inminente cambio de soberanía. Están en riesgo por algo más profundo: la posibilidad de que el propio Estado interiorice que su defensa no es prioritaria.
Y cuando esa lógica se instala, el desplazamiento deja de ser hipotético.
Porque en Derecho público, la omisión no es una categoría inocua: es una forma de actuación. Y cuando esa omisión afecta a la integridad territorial, se convierte, en términos materiales, en una renuncia.
Un Estado que no afirma su soberanía de manera constante, explícita y verificable no la conserva: la administra hasta perderla.
Porque en materia de soberanía, lo que no se afirma se erosiona; y lo que se erosiona, termina por perderse.
