En la antesala del juicio de la pieza separada del ‘caso Koldo‘, que investiga las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, el empresario Víctor de Aldama ha acreditado ante el Tribunal Supremo que su socio pagaba el piso a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes y también acusado, José Luis Ábalos.
En un escrito dirigido a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, Aldama aporta una relación de correos electrónicos intercambiados entre la inmobiliaria del apartamento ubicado en Torre España y su socio Alberto Escolano.
Entre ellos figuran la confirmación de reserva del apartamento desde el 3 de abril de 2020 al 3 de abril de 2022 y otros en los que se recoge un justificante de pago de 2.901,65 euros que Escolano le reemitió a la inmobiliaria en mayo y diciembre de 2020 y un último recibo, en septiembre de 2021, de 5.803,30 euros.
De esta manera, el empresario entrega al Supremo unas comunicaciones por las que «se acreditan parte de los pagos de las mensualidades de alquiler efectuados por el mismo [Escolano]».
Cabe recordar que, durante la instrucción, Jéssica Rodríguez declaró como testigo que asumía que el apartamento donde estuvo viviendo tres años lo pagaba el exministro.
Amenaza de desahucio opr impago
Según el escrito, el 3 de diciembre de 2020, una trabajadora de la inmobiliaria comunicó a Escolano que si no recibía el pago del piso próximamente, deberá «escalar el problema a la propiedad de la empresa».
Pocos días después, le manda otro correo insistiendo en que realice el pago porque, de no hacerlo, tendría que proceder a la «salida inmediata de la propiedad».
El último correo aportado, del 21 de diciembre de 2021, en el que advirtió a Escolano de que habían enviado «infinidad de mensajes, un burofax» y que no habían obtenido «ningún tipo de respuesta».
«El siguiente paso es proceder a una demanda de desahucio puesto que no hay ningún tipo de colaboración por tu parte en lo que concierne a los pagos adeudados hasta la fecha», advirtió la inmobiliaria.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó en 2024 de que había encontrado «evidencias» de que un presunto «testaferro» pagó 82.298 euros para alquilar un piso en Plaza España, Madrid, en el que residía Jéssica.
Los investigadores precisaron que, según la inmobiliaria, se pagó el alquiler de marzo de 2019 a septiembre de 2021, pero la expareja del exministro continuó viviendo en ese inmueble hasta finales de marzo de 2022.
