El juicio del caso Koldo arrancó este martes en el Tribunal Supremo con una paradoja procesal que marca el tono de todo lo que vendrá: los dos primeros testimonios los prestaron por escrito, desde fuera de la sala, dos personas que hoy ocupan cargos en el Gobierno.
Francina Armengol, presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, declararon como testigos —no como acusados— para negar cualquier implicación en la contratación de mascarillas con Soluciones de Gestión, la empresa del empresario Víctor de Aldama que está en el centro de la trama.
Sus escritos fueron leídos por la letrada de la Administración de Justicia en el Salón de Plenos del Alto Tribunal, mientras en el banquillo aguardaban los verdaderos protagonistas de la acusación: el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el propio Aldama, que ya ha reconocido los hechos.
Para Ábalos y García, el fiscal pide hasta 30 años de prisión. Para Aldama, 7.
Armengol fue tajante. Como presidenta del Gobierno balear durante la pandemia, afirmó no haber estado al tanto de la tramitación de ningún expediente administrativo y no haber dado instrucciones sobre contrataciones «ni en el ámbito sanitario ni en ningún otro».
Reconoció, eso sí, que seis años después no recuerda todas las comunicaciones de aquella época, y admitió que, a través de filtraciones del sumario en medios de comunicación, supo que Koldo García le había enviado algún mensaje por WhatsApp.
«De hecho, con posterioridad, pude saber, como consecuencia de publicaciones del sumario en medios de comunicación, que al parecer me envió algún mensaje a través de la aplicación WhatsApp», recogía su declaración.
Aun así, insistió en que «nunca» habló con García ni con Ábalos sobre ninguna contratación de material sanitario. Las únicas comunicaciones que mantuvo con el entonces ministro de Transportes, dijo, versaron sobre el cierre de puertos y aeropuertos. Baleares pagó 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión por material sanitario.
Torres, por su parte, adoptó una estrategia diferente. No negó haber tenido contacto con el expediente, sino que lo enmarcó como una intervención de supervisión legítima.
Explicó que Koldo García se puso en contacto con él para trasladarle su «preocupación por la falta de respuesta e incumplimiento de condiciones contractuales» con la empresa de Aldama, y que él hizo un seguimiento posterior «para tener la tranquilidad de que se le daba la correcta respuesta administrativa».
Canarias abonó 12,3 millones de euros a la misma empresa: 11,8 millones por más de cinco millones de mascarillas y 447.061 euros en gastos de transporte.
«En todo este proceso no di ninguna orden ni formalicé ninguna resolución a favor de la mercantil», subrayó el ministro, que cerró su declaración apelando a los organismos fiscalizadores: todas las instancias que auditaron esos expedientes, sostuvo, concluyeron que «fueron realizados con rigor técnico y administrativo».
El arranque del juicio deja así fijadas las líneas defensivas de los testigos con mayor exposición política. Lo que el tribunal deberá dilucidar en los próximos días es si esas líneas resisten el cruce con el resto de la prueba.
