El Derecho bancario y de los mercados financieros ya no es lo que era. La irrupción de la inteligencia artificial, la tokenización de activos, la presión regulatoria de marcos como DORA y MiCA, y una supervisión cada vez más continua y apoyada en datos han transformado radicalmente el perfil del jurista financiero.
Ya no basta con conocer la norma: hay que entender cómo funciona una entidad, cómo se estructura una operación y cómo condiciona la regulación las decisiones de negocio.
Enrique Ortega Burgos es uno de los académicos y profesionales del Derecho mercantil y corporativo más reconocidos de España.
Doctor en Derecho, es director del Máster en Corporate de ISDE, institución con la que también codirige el programa de Experto en M&A y el Máster en Derecho Bancario y de los Mercados Financieros, desarrollado junto a BME.
En esta entrevista, analiza las claves de la transformación del sector, los vectores —regulatorio, tecnológico y estratégico— que marcarán el trabajo jurídico en los próximos años, y el tipo de perfil híbrido que demandan hoy entidades financieras, despachos y supervisores.
Una conversación que permite entender por qué la especialización ya no es una ventaja competitiva, sino una condición de entrada.
¿Por qué el Derecho bancario y de los mercados financieros vive hoy un momento de especial transformación?
Porque el sector ha dejado de ser un ámbito regulado esencialmente por categorías contractuales clásicas y se ha convertido en un ecosistema normativo, tecnológico y prudencial mucho más exigente.
Hoy el abogado financiero no trabaja solo con préstamos, garantías, emisiones o folletos; trabaja también con resiliencia operativa, gobierno corporativo, ciberseguridad, externalización tecnológica, sostenibilidad, prevención del blanqueo y nuevos modelos de intermediación digital.
Esto es algo que trabajamos de forma muy directa en ISDE con nuestros alumnos, precisamente para adaptar su formación a esta nueva realidad del sector.
A ello se añade un dato decisivo: la supervisión es más intensa, más continua y más apoyada en datos. Esto obliga a entender la lógica económica de la operación, el riesgo que asume la entidad y el marco regulatorio que la condiciona.
En otras palabras, ya no basta con conocer la norma; hay que comprender cómo funciona realmente una entidad financiera, cómo se distribuyen las responsabilidades y cómo impacta la regulación en el negocio. Esa complejidad es precisamente la que explica la enorme transformación del área.
¿Qué cambios regulatorios y tecnológicos van a marcar el trabajo de los próximos años en banca y mercados?
En los próximos años van a coexistir tres grandes vectores. El primero es regulatorio: la aplicación de DORA y MiCA, el despliegue progresivo del AI Act, la evolución del marco de pagos y de acceso a datos financieros, la presión sobre outsourcing tecnológico y ciberseguridad, y la consolidación de la agenda de sostenibilidad, aunque con ajustes en calendarios y cargas de reporte.
El segundo es tecnológico: automatización de procesos, analítica avanzada de datos, inteligencia artificial aplicada a revisión documental y control, tokenización de activos e infraestructuras cada vez más digitalizadas.
«El mercado está demandando perfiles híbridos y maduros. Se valora, por supuesto, el rigor técnico, pero ya no basta con ser un buen intérprete de normas. Las entidades financieras, los despachos y también los supervisores buscan profesionales capaces de entender la operación, el producto, el riesgo y el contexto regulatorio al mismo tiempo».
El tercer vector es estratégico: las entidades ya no separan con nitidez negocio, cumplimiento y tecnología; todo está interconectado.
Eso hará que el trabajo jurídico sea más transversal. El abogado tendrá que participar en decisiones sobre diseño de producto, arquitectura contractual, gestión de terceros tecnológicos, trazabilidad del dato, prevención del riesgo reputacional y diálogo con el supervisor.
Quien quiera dedicarse a banca y mercados va a necesitar, por tanto, una visión híbrida: jurídica, financiera, tecnológica y operativa.
¿Existe el riesgo de que las entidades dediquen más recursos a cumplir normas que a innovar?
Existe ese riesgo si el cumplimiento se concibe como un freno burocrático y no como una arquitectura de confianza.
Pero el problema no es la regulación en sí, sino cómo se gestiona. En finanzas, la innovación solo escala de verdad cuando es jurídicamente defendible, operativamente robusta y supervisoriamente sostenible.
Una entidad que diseña bien sus controles, integra a tiempo a los equipos jurídicos y de Compliance y utiliza tecnología para automatizar obligaciones recurrentes no innova menos; normalmente innova mejor.
Lo que penaliza es la mala organización interna, la fragmentación entre negocio y control y la ausencia de criterio estratégico.
Por eso el jurista actual no debe limitarse a señalar prohibiciones. Debe ayudar a estructurar productos, procesos y decisiones de forma que la innovación sea compatible con la norma, con la gestión del riesgo y con la confianza del mercado. Ese es hoy uno de los mayores valores añadidos del asesoramiento jurídico financiero.
¿Qué tipo de perfil profesional demandan hoy las entidades financieras, los despachos y los supervisores?
El mercado está demandando perfiles híbridos y maduros. Se valora, por supuesto, el rigor técnico, pero ya no basta con ser un buen intérprete de normas. Las entidades financieras, los despachos y también los supervisores buscan profesionales capaces de entender la operación, el producto, el riesgo y el contexto regulatorio al mismo tiempo.
Eso exige manejar con solvencia Derecho bancario y del mercado de valores, pero también comprender contabilidad, finanzas, gobierno corporativo, cumplimiento normativo y dinámica de negocio.
demás, se valora mucho la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares, de dialogar con áreas de negocio, riesgos, tecnología o auditoría y de traducir problemas complejos en soluciones ejecutables.
El profesional más competitivo hoy no es el que sabe más artículos de memoria, sino el que es capaz de unir criterio jurídico, comprensión económica y visión práctica.
Este es precisamente el tipo de perfil que tratamos de formar en programas especializados como el de ISDE-BME.
¿Por qué ya no es suficiente una formación jurídica generalista para trabajar en este ámbito?
Porque la formación generalista da una base necesaria, pero no suficiente. El sector bancario y de los mercados financieros tiene un lenguaje propio, una lógica económica específica y un nivel de densidad regulatoria que exige especialización real.
Quien quiera trabajar en este ámbito debe entender cómo se estructura una financiación, cómo funciona una emisión, qué implicaciones tiene la supervisión prudencial, cómo se articula el cumplimiento normativo o qué riesgos aparecen cuando intervienen plataformas tecnológicas, proveedores críticos o instrumentos complejos.
Además, la práctica financiera se mueve con una velocidad y una sofisticación que la enseñanza jurídica clásica no siempre alcanza.
No basta con conocer categorías abstractas; hay que saber leer documentación de operación, identificar riesgos, priorizar contingencias y comprender cómo afectan las decisiones jurídicas a la viabilidad de la transacción.
Esa distancia entre base universitaria y práctica real es precisamente la que hoy hay que cerrar, y por eso programas como el de ISDE buscan precisamente reducir esa brecha entre formación y ejercicio profesional.
«La inteligencia artificial ya está teniendo un impacto real en la due diligence, en la revisión masiva de documentación, en la detección de patrones de riesgo y en la automatización de controles internos. Bien utilizada, permite ganar velocidad, reducir tareas repetitivas y mejorar la capacidad de identificar anomalías o inconsistencias».
¿Qué conocimientos diferenciales necesita hoy un jurista que quiera dedicarse a banca, mercado de valores o corporate finance?
Necesita, en primer lugar, una base sólida en Derecho bancario, mercado de valores y financiación corporativa.
Pero junto a ello debe incorporar conocimientos que antes se consideraban periféricos y hoy son centrales: contabilidad y finanzas para juristas, gobierno corporativo, Compliance, prevención del blanqueo, sostenibilidad financiera, contratación tecnológica, ciberresiliencia, outsourcing, tokenización y nuevas infraestructuras de mercado.
También es muy relevante entender cómo se documentan las operaciones, cómo se asignan riesgos en un contrato, cómo se negocian covenants, garantías o manifestaciones, y cómo se analiza el impacto regulatorio de una decisión de negocio.
En este sector, el jurista valioso no es solo el que domina el marco normativo, sino el que puede sentarse en una mesa con banqueros, financieros, supervisores o equipos tecnológicos y hablar un lenguaje común sin perder precisión jurídica.
¿Cómo puede una formación especializada acortar la distancia entre la universidad y la práctica real del sector?
Lo hace cuando deja de tratar el sector como una materia puramente académica y lo aborda como un entorno profesional real.
Eso implica trabajar con casos, documentación de operaciones, problemas de supervisión, escenarios de cumplimiento y análisis de mercado; es decir, con situaciones que un abogado encontrará de verdad en una entidad, un despacho o un supervisor. Y exige también algo decisivo: un claustro conectado con la práctica.
Cuando la formación la imparten profesionales que conocen de primera mano cómo se estructura una financiación, cómo se negocia una operación corporativa o cómo se responde a un requerimiento supervisor, el aprendizaje cambia por completo.
Precisamente por eso programas como el Máster en Derecho Bancario y de los Mercados Financieros de ISDE-BME aportan un valor diferencial: no separan el Derecho de la realidad del mercado, sino que integran la dimensión jurídica, financiera y operativa con una orientación claramente profesional.
La tokenización de activos se presenta como una revolución. ¿Está el marco jurídico europeo preparado para gestionarla o vamos por detrás de la realidad del mercado?
Europa ha avanzado mucho más de lo que a veces se reconoce, pero todavía no puede decirse que todo esté resuelto.
El marco europeo ha dado pasos importantes con la regulación de criptoactivos y con el régimen piloto para infraestructuras de mercado basadas en tecnología de registro distribuido. Eso ofrece ya una base relevante.
Ahora bien, cuando la tokenización afecta a valores negociables, representación de derechos, custodia, liquidación, garantías, insolvencia o gobierno societario, siguen apareciendo fricciones jurídicas y operativas que requieren análisis fino.
El reto, por tanto, no es solo normativo; es también de coordinación entre capas regulatorias y de adaptación de infraestructuras.
Mi impresión es que no vamos totalmente por detrás, pero sí en una fase en la que la técnica jurídica debe acompañar muy de cerca al mercado para evitar que la innovación avance con etiquetas atractivas, pero con una arquitectura legal débil. Ahí el papel del especialista va a ser determinante.
¿Qué papel está jugando la inteligencia artificial en los procesos de due diligence y en la gestión del riesgo regulatorio dentro de las entidades financieras?
La inteligencia artificial ya está teniendo un impacto real en la due diligence, en la revisión masiva de documentación, en la detección de patrones de riesgo y en la automatización de controles internos. Bien utilizada, permite ganar velocidad, reducir tareas repetitivas y mejorar la capacidad de identificar anomalías o inconsistencias.
Pero conviene evitar dos errores: pensar que la IA sustituye el juicio jurídico y pensar que puede implantarse sin una gobernanza rigurosa.
En entidades financieras, el verdadero valor no está solo en usar IA, sino en saber integrarla con criterios de trazabilidad, validación, confidencialidad, control del sesgo y responsabilidad.
Por eso el abogado sigue siendo central: define el marco de uso, evalúa riesgos regulatorios, revisa la fiabilidad del resultado y decide qué cuestiones exigen interpretación humana.
La IA no elimina al jurista; eleva el listón de su función y hace más valioso el perfil que combina técnica jurídica y comprensión tecnológica.
«El abogado ya no puede intervenir solo cuando surge un conflicto o cuando hay que contestar un expediente. Tiene que trabajar ex ante, ayudando a construir marcos de gobierno, políticas internas, mapas de riesgos, protocolos de incidentes y evidencias documentales que resistan el escrutinio supervisor».
El RegTech promete automatizar el cumplimiento normativo. ¿Sustituirá funciones que hoy desempeñan los juristas o simplemente las transformará?
No creo que el RegTech vaya a sustituir al jurista; va a transformar radicalmente qué se espera de él. Las tareas más mecánicas —monitorización, reporting recurrente, trazabilidad documental, alertas o ciertas verificaciones normativas— son cada vez más automatizables.
Pero precisamente por eso gana peso lo que no es automatizable con facilidad: interpretar zonas grises, decidir criterios de materialidad, diseñar controles, gestionar incidencias, documentar decisiones y sostenerlas frente al supervisor.
En otras palabras, el valor del abogado se desplaza desde la ejecución manual del cumplimiento hacia la arquitectura del cumplimiento.
El buen profesional tendrá que entender procesos, datos, tecnología y evidencia, además de Derecho. Y eso exige una formación mucho más sofisticada que la tradicional. El jurista del ámbito financiero no desaparece: se convierte en una pieza clave para conectar norma, negocio y sistemas de control.
Los supervisores —BCE, CNMV, Banco de España— también están cambiando su forma de operar. ¿Cómo afecta esa evolución al trabajo cotidiano de los abogados que asesoran a entidades financieras?
Está afectando mucho, porque la supervisión es hoy más continua, más temática, más preventiva y más apoyada en datos. Esto significa que el abogado ya no puede intervenir solo cuando surge un conflicto o cuando hay que contestar un expediente.
Tiene que trabajar ex ante, ayudando a construir marcos de gobierno, políticas internas, mapas de riesgos, protocolos de incidentes y evidencias documentales que resistan el escrutinio supervisor.
Además, el diálogo con autoridades como el BCE, la CNMV o el Banco de España es cada vez más técnico y más transversal: toca gobierno corporativo, externalización, ciberresiliencia, conducta, sostenibilidad o uso de nuevas tecnologías.
En la práctica, esto obliga a asesorar no solo sobre lo jurídicamente posible, sino sobre lo supervisoriamente defendible. Y ese matiz cambia mucho la profesión, porque exige especialistas capaces de anticipar cómo va a leer el supervisor una decisión interna o un modelo de negocio.
La sostenibilidad financiera ha pasado de ser una tendencia a convertirse en obligación regulatoria. ¿Están los departamentos jurídicos de las entidades suficientemente preparados para afrontar esa presión?
Hay una preparación desigual. Las grandes entidades han avanzado mucho, porque llevan años adaptando gobierno interno, información no financiera, políticas de riesgo y arquitectura de producto.
Pero todavía existen organizaciones en las que la sostenibilidad se ha tratado más como un asunto reputacional que como una cuestión jurídica y financiera de primer orden. Y ese enfoque ya no es suficiente.
Hoy la sostenibilidad afecta a disclosure, gobierno corporativo, deberes de información, diseño de productos, financiación, gestión del riesgo y control del greenwashing.
Incluso en un contexto de simplificación normativa o de ajuste de calendarios, la dirección de fondo no cambia: la presión sobre la transparencia, la trazabilidad y la consistencia del discurso ESG sigue ahí. Por eso los departamentos jurídicos necesitan perfiles capaces de trabajar con regulación, estrategia y negocio al mismo tiempo.
No basta con conocer la norma; hay que saber cómo aterrizarla en decisiones concretas.
¿Qué distingue a un buen abogado de operaciones corporativas de uno meramente competente? ¿Es una cuestión de conocimiento técnico o de algo más difícil de enseñar?
Hay una dimensión técnica imprescindible, pero no es lo único ni, en ocasiones, lo más difícil de enseñar. Lo que distingue de verdad a un buen abogado de operaciones corporativas es el criterio: criterio para identificar qué riesgo es relevante y cuál es accesorio; para proteger a su cliente sin bloquear innecesariamente la operación; para negociar con firmeza sin perder de vista el objetivo económico; y para mantener claridad cuando los tiempos son cortos y la presión es alta.
A eso se suman otras cualidades decisivas: comprensión del negocio, capacidad de anticipación, orden en la ejecución, atención al detalle y habilidad para coordinar múltiples interlocutores.
En M&A, financiación o mercado de capitales, un profesional excelente no es el que multiplica las observaciones, sino el que ayuda a cerrar bien, con seguridad jurídica y con inteligencia estratégica. Esa combinación de técnica y criterio práctico es la que realmente marca la diferencia.
Si tuviera que identificar el mayor error de enfoque en la formación jurídica tradicional para quienes quieren trabajar en banca o mercados financieros, ¿cuál sería?
Probablemente, enseñar el Derecho como si pudiera aprenderse al margen de la realidad económica, empresarial y tecnológica en la que después debe aplicarse.
Durante mucho tiempo, la formación jurídica ha priorizado la clasificación doctrinal y la memorización, pero ha dedicado menos atención a cómo se estructura una operación, cómo se mide un riesgo, cómo se negocia una solución o cómo condiciona la supervisión la toma de decisiones.
En sectores como banca y mercados financieros, ese desfase se paga muy caro. El alumno puede salir con una buena base teórica y, sin embargo, no estar preparado para entrar con solvencia en una entidad, un despacho especializado o un entorno de corporate finance.
Por eso creo tanto en una formación que conecte desde el principio Derecho, finanzas y práctica real. Ese es, precisamente, el sentido de un programa como el Máster en Derecho Bancario y de los Mercados Financieros de ISDE-BME: formar especialistas útiles desde el primer día, no solo juristas correctos en abstracto.
