Por primera vez desde que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó su Instrucción 2/2026 sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en la actividad jurisdiccional, la institución se sienta en la misma mesa que la Abogacía Española para debatir qué significa, en la práctica, que un juez o un abogado use estas tecnologías.
Lo hace este miércoles, 15 de abril, en una jornada que arranca a las 5 de la tarde y que pone frente a frente a quienes escriben las normas, a quienes las aplican y a quienes deberán defenderlas ante un tribunal.
El encuentro, organizado conjuntamente por el Consejo General de la Abogacía Española y el CGPJ, y moderado por el periodista Eugenio Mallol, no es un evento de escaparate.
El programa es denso, los ponentes son operadores jurídicos en activo y los dos instrumentos normativos que vertebran el debate —la Instrucción del órgano de gobierno de los jueces y el Libro Blanco de la IA en la abogacía— llevan meses generando discusión en despachos y salas de vistas.
Dos textos, una misma incertidumbre
La Instrucción 2/2026 del CGPJ fue recibida con una mezcla de alivio y escepticismo. Alivio, porque fijaba por escrito que los jueces podían apoyarse en sistemas de IA para tareas documentales o de análisis jurisprudencial, siempre bajo supervisión humana y con obligación de transparencia. Escepticismo, porque el margen de interpretación que deja abierto es considerable.
¿Qué significa exactamente «supervisión humana» cuando el volumen de asuntos pendientes hace casi imposible revisar cada output del sistema? ¿Quién responde si una resolución contiene un error atribuible a una alucinación del modelo?
Preguntas sin respuesta legal definitiva todavía. Eso es lo que hace relevante la mesa de las 17:15 horas, donde Joaquín Silguero, director del Centro de Documentación Judicial —el CENDOJ, que gestiona la mayor base de datos de jurisprudencia del país—, compartirá panel con Joaquín Delgado, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Junto a ellos, Miguel Hermosa, presidente de la Subcomisión de Justicia Digital de la Abogacía Española, y Ofelia Tejerina, abogada especializada en derecho digital.
Cuatro perfiles distintos, cuatro ángulos sobre el mismo problema.
El algoritmo en la sala: garantías procesales en juego
A las 18:00 llega el tramo más incómodo del programa. Garantías procesales frente al algoritmo. El título no deja mucho margen a la ambigüedad.
Carlota Cuatrecasas, magistrada de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Barcelona, lleva meses trabajando con herramientas de asistencia automatizada en la gestión de su agenda judicial.
Paloma Santiago, directora de Supervisión y Control de Protección de Datos del Poder Judicial, conoce de primera mano los límites que impone el RGPD cuando los datos que procesa un sistema son, también, datos de partes en un proceso.
Alfredo Sánchez-Rubio, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza y coordinador del programa Upro en Competencias Digitales, y Maitane Valdecantos, especializada en propiedad intelectual y derecho digital, completan una mesa donde el debate técnico y el deontológico se mezclan de manera inevitable.
La pregunta de fondo es una que los procesalistas llevan tiempo formulando en voz baja: si un algoritmo influye en una decisión judicial —aunque sea para filtrar jurisprudencia, aunque sea para priorizar asuntos—, ¿tiene derecho la parte a conocerlo? ¿A impugnarlo?
El derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución no menciona los modelos de lenguaje, obviamente. Pero la doctrina constitucional sobre la motivación de las resoluciones judiciales podría tener algo que decir.
La voz literaria en el arranque
La inauguración institucional, a las 17:00, estará a cargo de Salvador González Martín, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, y de María Esther Erice Martínez, vocal del CGPJ y de su Comisión de Asuntos Institucionales.
Pero el elemento menos previsible del programa lo aporta Lorenzo Silva. El abogado y escritor —Premio Planeta 2019— tomará la palabra en el arranque de la jornada con una intervención que, según el programa, se sitúa en el espacio entre la reflexión y la charla.
Silva ha abordado en varias ocasiones la relación entre el derecho y la narrativa. Que lo haga hoy, en una jornada sobre inteligencia artificial, no parece casual.
La justicia española lleva años incorporando tecnología a trompicones, entre licitaciones fallidas, sistemas incompatibles entre comunidades autónomas y una brecha digital que separa a los juzgados bien dotados de los que siguen trabajando con expedientes en papel.
La Instrucción 2/2026 y el Libro Blanco de la Abogacía son, quizá, los primeros documentos que intentan poner orden conceptual antes de que la tecnología se adelante, de nuevo, a la norma. Si lo consiguen, lo dirá el tiempo. Esta tarde, al menos, los actores del sistema se sientan a debatirlo.
