El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González, recibió ayer a representantes de ocho asociaciones y colectivos —ALTODO, ANAMA, Defenda, Movimiento J2, Mutualistas obligatorios y complementarios, Mutualistas por el futuro, Mutualistas sin pensiones y el sindicato VENIA— para reclamar una solución urgente a este problema.
El motivo: la tramitación urgente de la Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en lo relativo a las mutualidades alternativas.
En román paladino: una norma que permita a miles de abogados y abogadas jubilarse con una pensión digna, algo que hoy, sencillamente, no pueden garantizarse.
La reunión se produjo en un momento en el que el PSOE ha presentado una tercera enmienda transaccional a su propia Proposición de Ley que introduce por primera vez una fórmula concreta para resolver uno de los nudos gordianos más difíciles de la negociación: cómo integrar en el sistema público de pensiones a los profesionales que cotizaron durante décadas en una mutualidad privada.
Una enmienda que ya está en manos del resto de los grupos parlamentarios y que tendrá que dirimirse en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados donde se constituyó una ponencia para tramitar la proposición de ley sobre mutualidades alternativas.
Fuentes sociales calificaron, en conversación con Confilegal, la propuesta como «muy buena».
Ahora falta que dicha Comisión fije una fecha concreta para debatir este último acontecimiento.
Ventana de oportunidad hasta finales de junio
Para la Abogacía Española y para las ocho asociaciones que acudieron a la reunión, en Madrid, esto es muy importante. Todos son conscientes de la ventana de oportunidad abierta hasta finales de junio, que es cuando termina este periodo de sesiones.
Porque el regreso, en septiembre, estará irremediablemente teñido de sentido electoral; el 23 de junio de 2027, como muy tarde, tienen que celebrarse las próximas elecciones generales. Las posibilidades de llegar a acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas en ese marco se hacen más difíciles.
Los asistentes acordaron trabajar conjuntamente en tres frentes: exigir al legislador una respuesta urgente, garantizar por ley la suficiencia económica de la jubilación de los mutualistas —derecho amparado por la Constitución Española— y hacer un último esfuerzo para mejorar la propuesta antes de su aprobación, sin dejar fuera de cobertura a ningún afectado.
Tres años de movilizaciones, de traslado del problema a las instituciones europeas y de presión política han conseguido lo que en un principio parecía imposible: la posibilidad de que las fuerzas parlamentarias puedan llegar a un acuerdo que acabe con el problema. Pero para ello es fundamental que dichas fuerzas establezcan, cuanto antes, un calendario de reuniones ya.
