«El derecho internacional es un sistema primitivo en el que la aplicación de la ley queda a las vicisitudes de la distribución del poder entre el violador y la víctima de la violación» — Hans J. Morgenthau, ·Politics Among Nations·, 1948.

El primero de septiembre de 1939, la Wehrmacht cruzó la frontera polaca y comenzó la Segunda Guerra Mundial. El mundo tardó 6 años, 70 millones de muertos y 2 bombas atómicas en aprender la lección.

La lección era sencilla, aunque costosa: la ausencia de un mecanismo coercitivo efectivo en el sistema internacional conduce inevitablemente al conflicto.

De esa constatación brutal nació, en 1945, toda una arquitectura de instituciones —la ONU, el FMI, el Banco Mundial, los Acuerdos de Bretton Woods— diseñada para que la historia no se repitiera. 80 años después, esa arquitectura cruje. Y no cruje por accidente.

Conviene ser precisos. El orden internacional basado en reglas que heredamos de la posguerra nunca fue un sistema jurídico en sentido técnico.

No disponía —no dispone— de un poder legislativo universal, ni de un ejecutivo capaz de imponer el cumplimiento forzoso de sus normas, ni de un poder judicial con jurisdicción obligatoria sobre todos los estados.

Lo que existía era algo mucho más frágil: una combinación de interés convergente entre las grandes potencias, instituciones multilaterales que canalizaban esa convergencia, y —en el fondo de todo— la voluntad de uno o varios actores suficientemente poderosos para hacer respetar las reglas con las que ellos mismos habían diseñado el tablero.

Esto es, exactamente, lo que Morgenthau describió hace casi ochenta años y lo que los teóricos de la estabilidad hegemónica codificaron décadas más tarde: sin un poder que garantice el cumplimiento, el derecho internacional es, en el mejor de los casos, una aspiración moral.

Hemos vivido, desde 1945, tres fases sucesivas de esa ecuación. Y la tercera —la que estamos inaugurando ahora— es, con diferencia, la más peligrosa.

La bipolaridad: orden por terror compartido

La primera fase fue la Guerra Fría. Dos hegemones, dos bloques, dos arsenales nucleares apuntándose mutuamente desde 1949 hasta 1991.

Un sistema de equilibrio del terror —la Mutually Assured Destruction, la MAD, con sus siglas en inglés tan acertadas como pretendidas— que hacía de la estabilidad no una virtud sino una necesidad de supervivencia. El orden que emergió de esa confrontación era, paradójicamente, un orden.

No porque ambas superpotencias fueran modelos de respeto al derecho internacional —no lo eran— sino porque la competencia estructurada entre ellas generaba un entramado de normas implícitas y explícitas que los dos bloques tenían interés en mantener.

Esas normas tenían excepciones conocidas. Corea (1950-1953) fue una guerra caliente que mató a más de 3 millones de personas en un enfrentamiento que ambas superpotencias libraron por delegación.

Vietnam costó más de 2 millones de vidas y terminó en derrota norteamericana.

Cuba estuvo a punto de dar al traste con todo el sistema en octubre de 1962.

Pero —y esto es lo esencial— incluso en los momentos de mayor tensión, existían canales de comunicación directa, líneas rojas implícitamente reconocidas, y una voluntad compartida de no cruzar el umbral que significaría el fin de ambas civilizaciones.

Kenneth Waltz, el gran teórico de las relaciones internacionales del siglo XX, argumentó en 1979 que la bipolaridad era, paradójicamente, el sistema más estable: dos actores con capacidad nuclear completa tienen un interés absoluto en el mantenimiento de reglas mínimas.

Es un sistema de autopolicía por miedo.

Era un orden imperfecto, moralmente indefendible en muchos de sus episodios, y construido sobre la amenaza permanente de extinción masiva.

Pero era, efectivamente, un orden.

La Pax Americana: el hegemón como garante único

La segunda fase comenzó el 25 de diciembre de 1991, cuando Gorbachov firmó la disolución de la Unión Soviética, y el mundo amaneció con una sola superpotencia.

La Pax Americana —el término acuñado por analogía con la Pax Romana— no fue solo una descripción geopolítica. Fue también un modelo de gobernanza global.

Por primera vez en la historia moderna, un único actor concentraba tanta superioridad militar, económica y tecnológica que podía, cuando quería, actuar como policía planetario.

Y lo hizo. La operación Tormenta del Desierto en 1991 fue el paradigma: una coalición de 35 países, legitimada por el Consejo de Seguridad y liderada por Washington, expulsó a Irak de Kuwait en seis semanas. Era el orden internacional basado en reglas funcionando exactamente como sus arquitectos habían soñado.

Robert Keohane, desde la orilla del institucionalismo liberal, argumentó durante los años ochenta que las instituciones internacionales podían adquirir vida propia y sobrevivir al declive del hegemón que las creó.

Tenía razón, en parte. Las instituciones sobrevivieron. Pero lo que Keohane no calibró suficientemente fue que las instituciones son marcos, no fuerzas.

Sin la voluntad política —y la capacidad coercitiva— de un actor que las respalde, se convierten en foros de debate sofisticados y en depósitos de resoluciones incumplidas.

La ONU sin Estados Unidos detrás no detiene ninguna guerra. Lo sabemos desde hace tiempo. La pregunta relevante era cuánto tiempo podría durar la hegemonía americana. La respuesta, como sabemos ahora, fue aproximadamente tres décadas.

El unipolarismo tuvo sus propias patologías. La invasión de Iraq en 2003, sin mandato del Consejo de Seguridad, fue el momento en que el hegemón decidió que las reglas se aplicaban a los demás, no a él.

Fue también el momento en que comenzó a erosionarse la legitimidad del sistema que Washington mismo había construido. Un sistema cuyo guardián incumple las normas cuando le resulta inconveniente no es un sistema jurídico: es una relación de poder con vocabulario jurídico.

La multipolaridad emergente: cuando desaparece el árbitro

La tercera fase —la que hoy habitamos— no tiene un inicio tan nítido como el 9 de noviembre de 1989 o el 11 de septiembre de 2001. Es una acumulación gradual de datos que convergen hacia una conclusión incómoda: el hegemón está en declive relativo, no existen candidatos a sustituirlo en estos momentos en su función de garante del orden, y las instituciones multilaterales diseñadas para la era anterior no disponen de los mecanismos para funcionar en este nuevo entorno.

Los datos son contundentes. El Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala (UCDP) registró en 2023 un récord histórico de 59 conflictos armados estatales desde que comenzó su recopilación de datos en 1946, una tendencia que el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO) confirma que continuó en 2024, cuando se registraron cuatro conflictos interestatales directos —la cifra más alta desde 1987.

El gasto militar mundial alcanzó en 2024 los 2,718 billones de dólares, según el SIPRI: el mayor incremento interanual desde el fin de la Guerra Fría, un 9,4% sobre el ejercicio anterior, con más de 100 países aumentando simultáneamente sus presupuestos de defensa.

Es decir: el mundo no se está volviendo más pacífico. Se está armando al ritmo más rápido desde que Gorbachov firmó la disolución de la URSS.

El Secretario General de la ONU lo expresó con una precisión dolorosa al presentar el informe de armamentos de septiembre de 2025: el gasto militar global de 2024 equivale a 334 dólares por cada habitante del planeta, es trece veces mayor que la ayuda oficial al desarrollo de los países ricos a los pobres, y supera 750 veces el presupuesto ordinario de la propia ONU. Si eso no es una descripción del fracaso del institucionalismo multilateral, es difícil saber qué lo sería.

El problema jurídico de fondo: la coerción sin hegemón

Conviene detenerse aquí en el argumento jurídico de fondo, porque es el que suele omitirse en los análisis geopolíticos de corte periodístico.

El derecho, cualquier sistema jurídico, funciona sobre tres pilares: la norma, la institución que la aplica, y el mecanismo coercitivo que garantiza su cumplimiento.

Los tres son indispensables. Un sistema con normas pero sin institución aplicadora es letra muerta. Un sistema con institución pero sin coerción es voluntarismo.

Y un sistema con coerción sin norma es tiranía.

El derecho internacional tiene normas (la Carta de la ONU, los Convenios de Ginebra, el Estatuto de Roma, centenares de tratados) y tiene instituciones (el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional).

«La coerción, cuando no existe un actor con voluntad y capacidad de ejercerla, es simplemente retórica».

Lo que ha tenido siempre de manera insuficiente es el tercer elemento: la coerción. Y ese déficit ha sido suplido históricamente por la hegemonía.

En la era bipolar, la coerción derivaba del equilibrio del terror entre dos actores con capacidad nuclear. En la era unipolar, derivaba de la superioridad militar e institucional de Washington. Lo que la multipolaridad pone sobre la mesa es la desaparición de ese mecanismo sustitutivo sin que haya otro que lo reemplace.

La ilusión institucionalista —que las normas e instituciones puedan sostenerse por su propia lógica interna, sin el respaldo de poder material— ha sido sometida a una prueba empírica brutal en los últimos años.

La invasión rusa de Ucrania no fue detenida por la Carta de la ONU, cuyo artículo 2.4 prohíbe expresamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro estado. No fue detenida porque Rusia tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad —el órgano diseñado precisamente para garantizar ese cumplimiento— y nadie dispone de mecanismos para ejecutar coercitivamente la norma frente a una potencia nuclear.

La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Putin en 2023. Sigue vigente. Y Putin sigue gobernando Rusia.

Israel ha ignorado con notable consistencia las resoluciones del Consejo de Seguridad y las resoluciones de la CIJ sobre la situación en Gaza.

China prosigue su política en el Mar de China Meridional al margen del laudo arbitral de 2016. Irán desarrolló su programa nuclear durante años a pesar de todos los marcos de no proliferación.

La coerción, cuando no existe un actor con voluntad y capacidad de ejercerla, es simplemente retórica.

El precio que vamos a pagar

La consecuencia no es solo geopolítica. Es también económica y social, y sus efectos serán distribuidos de manera profundamente desigual.

Los conflictos prolongados —y la multipolaridad tiende a producir conflictos prolongados, sin la resolución rápida que facilita la presión de un hegemón dominante— tienen efectos bien conocidos sobre el crecimiento económico.

Destruyen capital físico, humano e institucional. Generan cadenas de suministro rotas, presiones inflacionarias, desvíos masivos de gasto público hacia defensa a costa de inversión social, sanitaria y educativa.

El propio SIPRI advierte que el aumento sostenido del gasto militar puede tener un impacto negativo en el desarrollo sostenible al restar recursos a salud, educación, medio ambiente e infraestructuras sociales. No es retórica pacifista: es contabilidad.

Las desigualdades se aceleran en contextos de conflicto e inestabilidad. Lo sabemos desde los estudios clásicos del PNUD sobre los efectos distributivos de la inseguridad. Los ricos tienen mayor movilidad, diversificación de activos y acceso a mercados alternativos.

Los pobres absorben de manera desproporcionada los costes de la inflación, los desplazamientos forzados y la destrucción de servicios públicos.

El Secretario General de la ONU advirtió recientemente que, de continuar las tendencias actuales, dos tercios de los pobres del mundo vivirán en países frágiles o afectados por conflictos para 2030.

La multipolaridad conflictiva no es una abstracción de teoría política. Es una sentencia sobre el bienestar de miles de millones de personas.

Europa no está blindada frente a estos efectos. Al contrario: nuestro modelo de desarrollo ha dependido durante décadas de una combinación de seguridad externamente garantizada (la OTAN bajo paraguas americano) y un comercio internacional relativamente libre que el orden liderado por Washington mantenía abierto.

La fragmentación geoeconómica en curso —los aranceles, las sanciones, el desacoplamiento tecnológico entre bloques— es la expresión comercial del mismo fenómeno que en el ámbito militar se llama carrera de armamentos. Y ambas dinámicas se retroalimentan.

¿Hay salida?

La respuesta honesta es: no a corto plazo, y sólo condicionalmente a medio plazo. No existe una solución institucional disponible que no requiera, previamente, un grado de acuerdo político entre las grandes potencias que hoy no existe.

Reformar el Consejo de Seguridad —por ejemplo, incorporando a India, Brasil, Alemania o Japón como miembros permanentes— requeriría el consentimiento de los actuales miembros permanentes, incluidos Rusia y China, que tienen escaso incentivo para diluir su poder de veto.

Crear una nueva arquitectura de seguridad global requeriría la convergencia de intereses entre actores que están compitiendo activamente en múltiples dimensiones.

La única apuesta realista a medio plazo es la construcción de autonomía estratégica europea como actor colectivo con capacidad coercitiva propia.

No porque Europa pueda sustituir la función de hegemón global —no puede ni debería pretenderlo— sino porque en un mundo sin árbitro, los actores que carecen de capacidad coercitiva propia dependen de la benevolencia de los que sí la tienen.

Y la benevolencia, como cualquier abogado sabe, no es una fuente de derecho. Lo recordó Trump con su «We will remember» dirigido a sus aliados, y lo recuerda cada vez que amenaza con aranceles a los socios de la OTAN.

Morgenthau tenía razón en 1948, aunque a nadie le gustara escucharlo entonces. En el sistema internacional, la aplicación de la ley queda a las vicisitudes de la distribución del poder.

Hemos pasado ochenta años construyendo instituciones que suavizaran esa realidad, aprovechando primero el equilibrio bipolar y luego la hegemonía unipolar como sustitutos imperfectos de la coerción pública.

El momento en que ese andamiaje se debilita sin que exista un reemplazo es, con toda probabilidad, el comienzo de un periodo oscuro. No irreversible. Pero oscuro.

Las próximas décadas no serán el fin del mundo. Pero sí, muy probablemente, el fin de la ilusión de que el derecho puede funcionar sin el poder que lo respalde.