Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado ante la Audiencia Provincial de Madrid que el juez Juan Carlos Peinado la investiga “por ser cónyuge del presidente del Gobierno” y ha pedido que se anule la decisión del instructor de encauzar la causa hacia un tribunal del jurado en caso de que finalmente se abra juicio oral.
En un recurso presentado ante la Audiencia Provincial, la defensa de Gómez solicita que se deje sin efecto el auto por el que Peinado rechazó el recurso previo contra la decisión de tramitar la causa por el procedimiento del jurado popular.
El escrito, firmado por el abogado y exministro Antonio Camacho, sostiene que no se entiende “cómo se puede vincular” la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno “con un cambio significativo en la actividad profesional de Gómez”.
La defensa recuerda que la esposa del jefe del Ejecutivo desarrollaba su actividad profesional en el ámbito de la consultoría y mantenía actividad docente “desde muchos años antes” de comenzar a codirigir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Según expone el recurso, ese supuesto “error” únicamente puede explicarse si lo que se pretende es relacionar el acceso de Sánchez a La Moncloa “con la obtención de ventajas” para Gómez “que no habrían sido posibles sin el mismo”.
“La única conclusión que puede extraerse es que se la está investigando por ser cónyuge” del presidente del Gobierno, sostiene el escrito de la defensa.
Camacho también critica la “falta de motivación” del magistrado Juan Carlos Peinado para justificar la intervención de un jurado popular.
En este sentido, advierte de que se trata de “un asunto muy mediático y abierto sin reservas a la opinión pública”, circunstancia que, según argumenta, “puede generar una ulterior lesión del derecho al juez imparcial como consecuencia del juicio paralelo” producido en medios de comunicación, comisiones de investigación y redes sociales.
“Todo ello exige un rigor en la fundamentación de la que carece por completo el auto que se impugna, razón por lo que procede acordar su nulidad”, señala el recurso.
La acusación que pesa sobre Begoña Gómez
La defensa de Gómez ya solicitó esta misma semana al juez Peinado que paralizara la causa hasta que la Audiencia Provincial resolviera los recursos pendientes.
El pasado mes de abril, el instructor propuso juzgar a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
En la misma resolución incluyó a Cristina Álvarez, asesora de Gómez en el Palacio de La Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés.
Por su parte, la acusación popular encabezada por Hazte Oír ha solicitado la apertura de juicio oral y reclama 24 años de prisión para Begoña Gómez, además de la prohibición de salida de España y la retirada del pasaporte al apreciar un “evidente riesgo de fuga”.
La asociación también pide 22 años de cárcel para Cristina Álvarez y seis años de prisión para el empresario Juan Carlos Barrabés.
Hazte Oír actúa en representación de varias acusaciones populares personadas en la causa, entre ellas Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España.