La empresaria Carmen Pano ha vuelto a situarse en el epicentro de una de las piezas más incómodas que investiga la Audiencia Nacional.
Este lunes, ante el magistrado instructor Santiago Pedraz, no solo sostuvo su ya conocida afirmación —haber trasladado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz—, sino que añadió un elemento de gravedad adicional: asegura que tanto ella como su chófer recibieron una oferta económica para desmentirlo en sede judicial.
Fuentes jurídicas consultadas confirman que esa supuesta propuesta ascendía a unos 250.000 euros y tenía un objetivo preciso: alterar su versión en distintas causas abiertas.
La declaración se produjo en el marco del denominado ‘caso Leire Díez’, en el que el magistrado indaga posibles maniobras destinadas a interferir en procedimientos que afectan a responsables políticos y al propio partido socialista.
No es la primera vez que Pano introduce este relato en el procedimiento. Ya lo había expuesto ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuyo informe fue incorporado al sumario.
Según ese testimonio, la oferta pretendía, en términos explícitos, “salvar el culo” al exministro José Luis Ábalos y a quien fuera su asesor, Koldo García, ambos condenados por el Tribunal Supremo en el conocido ‘caso mascarillas’.
Ahora, ante el juez, la empresaria ha ido un paso más allá al poner nombre a la interlocutora: la abogada Leticia de la Hoz, vinculada a la defensa de Koldo García.
Siempre según su versión, fue ella quien, junto a un socio de su despacho, planteó la posibilidad de un acuerdo económico a cambio de una rectificación en sus declaraciones.
El detalle de las cantidades aporta una dimensión casi doméstica al supuesto ofrecimiento.
Pano desglosó la cifra: 25.000 euros destinados a la boda de su hija, entre 2.500 y 2.800 euros mensuales para cubrir el alquiler de su vivienda y, en el caso de su chófer —Álvaro Gallego—, 15.000 euros para la compra de un vehículo. La suma total, según explicó, configuraba esa bolsa cercana a los 250.000 euros.
Gallego, que también compareció como testigo, corroboró en esencia el relato, aunque introdujo un matiz relevante: llegaron a valorar la posibilidad de aceptar la oferta. Finalmente, siempre según su declaración, optaron por rechazarla.
Ambos han ratificado así lo ya manifestado ante la UCO. En aquel primer contacto, Pano relató una reunión en la que De la Hoz y su socio les trasladaron que “había gente interesada en hablar” con ellos acerca de las supuestas entregas de dinero en Ferraz.
La empresaria afirmó haber preguntado directamente si se trataba de personas vinculadas al partido, a lo que, según su testimonio, se le respondió afirmativamente: “gente del PSOE”.
La causa no se limita a este episodio. En la misma jornada han declarado otros testigos que amplían el perímetro de la investigación. Entre ellos, la mujer que mantuvo un conflicto con el fiscal Anticorrupción José Grinda —quien denunció un intento de soborno por parte de Leire Díez— y su actual pareja.
De acuerdo con las mismas fuentes, esta testigo reconoció que tres abogados acudieron a su domicilio y confirmó haber asistido a una reunión en la sede de Ferraz.
En ese encuentro, situó la presencia de la propia Díez, del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y del diputado Juanfran Serrano, aunque aseguró no recordar el contenido de la conversación.
Este último nombre no es ajeno al sumario. La UCO sostiene que, en marzo de 2025, Díez contactó con Serrano —entonces considerado mano derecha de Cerdán— con la intención de facilitar a esta mujer un puesto de trabajo en el partido.
Ese movimiento desembocó, según la investigación, en su citación en la sede socialista.
Con estos testimonios, el procedimiento que instruye Pedraz sigue ensanchándose, no tanto por la aparición de hechos nuevos como por la reiteración, cada vez más detallada, de versiones que apuntan a posibles intentos de condicionar declaraciones clave en causas judiciales sensibles.
