No todos los sindicatos juegan con las mismas cartas dentro de Renfe, y la Audiencia Nacional acaba de confirmar que eso, lejos de ser una anomalía, encaja con la Constitución.
La Sala de lo Social ha tumbado la demanda de tutela de derechos fundamentales que presentó el Sindicato Alternativa Ferroviaria (ALFERRO) contra el Grupo Renfe, después de que la empresa le negara las mismas herramientas de comunicación electrónica que sí disfrutan las organizaciones presentes en el Comité General de Empresa.
El tribunal lo ve claro: existe una diferencia de trato, sí, pero está justificada por la mayor representatividad, y eso no equivale a pisotear la libertad sindical.
La ponencia ha correspondido al magistrado Ramón Gallo Llanos, presidente del tribunal que ha enjuiciado la causa junto con Ana Sancho Aranzasti y Francisco Javier Piñonosa Ros, que ancla el fallo –número 94/2026 de 27 de mayo– en la doctrina del Tribunal Constitucional sobre hasta dónde llega el derecho a difundir información sindical con los medios que pone la empresa.
Procedimiento de Derechos Fundamentales
En el procedimiento de Derechos Fundamentales, ALFERRO se enfrentó a toda la galaxia societaria de Renfe: Renfe-Operadora, Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Ingeniería y Mantenimiento y Renfe Alquiler de Material Ferroviario, defendidas por el letrado Enrique Madrigal Fernández.
El Ministerio Fiscal pidió que la demanda se fuera al traste. La vista se celebró el 20 de mayo de 2026; la demanda se había registrado el 16 de marzo, y la conciliación previa terminó sin avenencia.
El relato probado empieza el 20 de marzo de 2025. Ese día ALFERRO escribe a la dirección de Renfe y pide, sin rodeos, acceder al correo electrónico corporativo en las mismas condiciones que los demás, para poder lanzar comunicaciones masivas a toda la plantilla.
No es un sindicato testimonial —21 representantes unitarios electos en las empresas del grupo y 17 secciones sindicales constituidas—, y su queja tiene un agravio comparativo en el corazón: CCOO, CGT, SEMAF, SF-I y UGT sí manejan esas herramientas.
Renfe no movió ficha. ALFERRO acudió entonces a la Inspección de Trabajo, que el 26 de septiembre de 2025 emitió un oficio para, en la práctica, encogerse de hombros: constató el marco normativo y se quedó ahí.
Ese marco tiene nombre y número: el artículo 583 del XV Convenio Colectivo del Grupo Renfe, dedicado a los derechos de acceso a la red.
El precepto traza una frontera nítida. Renfe abre el acceso a los comunicados que publican las organizaciones integradas en el Comité General de Empresa, dota de cuenta de correo interno a sus secretarios generales —y a las secciones sindicales en centros con más de 250 trabajadores— y franquea la intranet corporativa a esos representantes.
Sobre ese andamiaje funciona el sistema Exchange Online: los sindicatos del CGE remiten su comunicado a una persona habilitada, que se encarga de repartirlo.
Pero —detalle que el propio ALFERRO no discutió— quedó como hecho pacífico que la intranet publica las direcciones de correo de toda la plantilla con fines laborales, de modo que cualquiera puede consultarlas.
El otro dato incontrovertido: ALFERRO no se sienta en el Comité General de Empresa.
La Sala arranca dando la razón al sindicato en lo conceptual. Difundir información forma parte del núcleo duro de la libertad sindical —artículos 2 y 8 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical— y el flujo de información entre el sindicato y los trabajadores es, según la doctrina constitucional, un elemento esencial del derecho fundamental.
Dos sentencias del Tribunal Constitucional
El problema llega al confrontar ese principio con dos sentencias del Constitucional. La STC 281/2005 marca las condiciones para que el uso sindical de los medios electrónicos de la empresa quede bajo el artículo 28.1 de la Constitución: no entorpecer la actividad de la compañía, no arruinar la finalidad productiva de la herramienta y no cargar al empleador con costes añadidos.
La STC 263/1994 añade que reservar prerrogativas a ciertas organizaciones por su mayor respaldo es legítimo, siempre que la diferencia no sea arbitraria ni desproporcionada.
Con esas dos vigas, el edificio se sostiene. La Audiencia concluye que la negativa de Renfe no lesiona la libertad sindical de ALFERRO por dos razones.
Una: la empresa actúa amparada en el artículo 583 del Convenio, que reserva esos instrumentos a los sindicatos del Comité General.
Dos: esa reserva no deja al sindicato sin voz, porque nada le impide colgar comunicados en el portal digital y —reconocido por él mismo— a través de la intranet puede acceder a los correos de toda la plantilla. La Sala cierra la última puerta: el artículo 19 de la Ley de Trabajo a Distancia tampoco sirve, porque no consta que los destinatarios sean trabajadores a distancia.
Más allá del pleito, la sentencia se mueve por un carril conocido: una cosa es el derecho del sindicato a comunicarse con los trabajadores y otra exigir una herramienta corporativa concreta en idénticas condiciones que las organizaciones más representativas.
El fallo reafirma que la mayor representatividad puede sostener un trato diferenciado sin que sea discriminación antisindical, a condición de que al sindicato apartado le queden vías alternativas. Es una confirmación de criterio, no un giro de timón.
ALFERRO no pedía solo un buzón: reclamaba que se declarara nula de raíz la conducta de Renfe por antisindical y una indemnización de 30.001 euros, al amparo del artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. La desestimación íntegra barre todas esas pretensiones y absuelve a las empresas del grupo.
La última palabra no está escrita. La sentencia no es firme: cabe recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
Resolución de interés por su impacto práctico
De acuerdo con Alfredo Aspra, abogado laboralista y director de la firma Labormatters Abogados, «esta es una resolución de gran interés por su impacto práctico. Las cuestiones clave a dilucidar pasan por determinar si la negativa empresarial a facilitar a un concreto sindicato los mismos medios de comunicación electrónica de los que disfrutan los sindicatos con representación en el Comité General de Empresa vulneraba el derecho fundamental de libertad sindical».
«El Tribunal desestima la demanda y concluye que la diferencia de trato está objetivamente justificada por el distinto nivel de representatividad sindical y por la regulación convencional vigente, sin impedir al sindicato actor desarrollar su actividad representativa por otros cauces disponibles. Unido a lo anterior, otro aspecto de gran interés fue el centrado en despejar si el sindicato tenía derecho a utilizar el correo electrónico corporativo y el sistema de distribución masiva de comunicaciones internas en igualdad de condiciones con los sindicatos presentes en el Comité General de Empresa», explica.
«Nuevamente el Tribunal recuerda que la STC 281/2005 reconoce que la libertad sindical puede amparar el uso de los medios electrónicos empresariales ya existentes, siempre que ello no perturbe la actividad productiva, no altere la finalidad del sistema ni genere costes adicionales para la empresa. Ahora bien, dicho derecho no es absoluto y dado que el convenio limita legítimamente determinados instrumentos de comunicación a los sindicatos integrados en el Comité General de Empresa, ello no puede implicar una restricción desproporcionada del derecho fundamental reconocido en el artículo 28.1 de la Constitución», concluye.
