La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del denominado caso Plus Ultra, la apertura de actuaciones de comprobación e investigación inspectora sobre las obligaciones tributarias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, Sonsoles Espinosa, y sus hijas, Alba y Laura Rodríguez, correspondientes al periodo comprendido entre 2021 y 2025.
Además, el juez José Luis Calama acuerda tener por personada al organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, y estará representada por la Abogacía del Estado.
Hacienda acordó personarse en la pieza separada de la causa relativa a las joyas localizadas en el despacho del expresidente, cuya tasación preliminar sitúa su valor en 1,3 millones de euros, este pasado jueves. Esta decisión llegó después de que el magistrado de la AN le ofreciera intervenir en el procedimiento.
Según una providencia dictada este viernes, las actuaciones inspectoras también afectan al empresario Julio Martínez Martínez, propietario de Análisis Relevante y socio y amigo del expresidente.
Hacienda revisará las obligaciones fiscales de la familia de Rodríguez Zapatero
De acuerdo con la resolución judicial, la investigación tributaria se extiende igualmente a varias personas jurídicas y tendrá por objeto la comprobación de distintos tributos, entre ellos el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
El magistrado ha acordado incorporar estas actuaciones al procedimiento judicial y dar traslado de la documentación al Ministerio Fiscal para que emita el correspondiente informe.
La AEAT se persona como perjudicada en la pieza relativa a las joyas
En otra providencia, Calama acuerda tener por personada a la Agencia Tributaria, representada por la Abogacía del Estado, como perjudicada en la pieza separada de la causa relativa a las joyas localizadas en el despacho del expresidente, cuya tasación preliminar sitúa su valor en 1,3 millones de euros.
El magistrado sostiene que la naturaleza de los hechos investigados podría ser constitutiva de un presunto delito contra la Hacienda Pública y de un presunto delito de contrabando, ilícitos que centran la investigación abierta en esta pieza separada.
Asimismo, considera que los hechos investigados podrían haber ocasionado un perjuicio patrimonial directamente vinculado a ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la Agencia Tributaria. Por este motivo, entiende que la AEAT ostenta la condición de potencial perjudicada, lo que la legitima para ejercer las acciones penales y civiles que, en su caso, resulten procedentes.
