El tablero de Plus Ultra acaba de moverse. Y lo ha hecho la pieza que menos esperaba el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Julio Martínez, hasta ahora investigado leal al expresidente, explora abrir una vía de colaboración con Anticorrupción. No es un detalle procesal menor: es el tipo de giro que puede convertir una causa de indicios dispersos en una acusación con columna vertebral.
Cambio de abogada —fuera su anterior defensa, dentro la exfiscal María Dolores Márquez de Prado— y ese solo movimiento ya dice mucho. Márquez de Prado no es una letrada de trámites. Es una negociadora. Alguien que sabe tasar, sentencia a sentencia, cuánto vale la información que puede aportar un cliente.
Porque de eso se trata, en el fondo: de rentabilizar procesalmente lo que Martínez sabe.
De investigado a testigo con mercancía que ofrecer
El cambio de posición procesal tiene nombre técnico y consecuencias muy concretas. Martínez deja de ser, únicamente, el hombre que la UDEF y el juez Calama sitúan en el centro operativo de Plus Ultra y de Análisis Relevante —captador de clientes, gestor de encargos, bisagra entre la trama empresarial y las gestiones de influencia ante autoridades nacionales y extranjeras— para convertirse en algo mucho más incómodo para sus antiguos socios: un posible testigo-colaborador.
Confesión, colaboración eficaz, atenuantes. La aritmética penal que todo imputado con información valiosa acaba haciendo tarde o temprano.
Y lo que Martínez puede contar no es poca cosa.
El auto de Calama ya describe una estructura «organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero», construida para el ejercicio ilícito de influencias y la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas para terceros.
Reparto de funciones. Permanencia en el tiempo. Coordinación. Finalidad económica. Los cuatro ingredientes que, en dogmática penal, distinguen una organización criminal de un simple tráfico de influencias puntual.
Lo que hoy son indicios fragmentados —30 sociedades instrumentales, ocultación deliberada de información a la SEPI, maniobras para simular el cumplimiento de conductos reglamentarios, contactos usados para «cortar» procedimientos judiciales— Martínez puede coserlo en un relato único.
Y un relato único, cuando lo entrega quien estaba dentro, pesa mucho más que un expediente lleno de piezas sueltas.
El «indicio anómalo» que Zapatero no puede borrar
La defensa de Zapatero se ha construido, hasta ahora, sobre un argumento sencillo: gestiones político-humanitarias, sin ánimo de lucro, ligadas a la liberación de presos políticos y a informes de análisis geopolítico para Análisis Relevante, la consultora de su amigo Martínez.
Confianza personal, insiste el expresidente. Nada más.
Pero hay una grieta en ese relato que el propio Zapatero abrió con su declaración. Reconoció que impuso a Martínez la contratación de sus hijas para tareas de maquetación y seguimiento digital.
El magistrado ya lo calificó de «indicio anómalo». Y si Martínez confirma ante la Fiscalía que Análisis Relevante «no responde a una lógica empresarial autónoma» sino a un circuito de recepción y redistribución de recursos vinculado a gestiones de influencia sobre ayudas públicas, ese indicio anómalo deja de ser una anécdota incómoda para convertirse en la prueba de una retribución encubierta.
Ahí está el salto cualitativo. Zapatero pasaría de gestor político con una agenda internacional discutible a supuesto jefe de una red de tráfico de influencias operando en la órbita del Gobierno de Pedro Sánchez. Y esa acusación, viniendo de dentro de su propio círculo de confianza, no se combate igual que una sospecha mediática.
Moncloa ya habla de «estrategia Aldama»
En el PSOE lo llaman «Julito». Y hace tiempo que lo miran con inquietud.
El temor en Moncloa es explícito: que Martínez repita el guion de Víctor de Aldama, colabore a fondo con la Fiscalía y su testimonio termine salpicando tramas más allá de Plus Ultra.
Si su versión confirma la existencia de una oficina sistemática de tráfico de influencias operando en la órbita gubernamental, el debate deja de ser sobre responsabilidades individuales.
Se convierte en un debate sobre la captura partidista de instituciones y sobre hasta qué punto el Estado es permeable a redes paralelas de decisión.
Y las instituciones que quedan tocadas no son pocas: la SEPI, los órganos de supervisión de ayudas públicas, el propio Gobierno como escenario de negociación de favores para clientes privados.
Un procesamiento sólido contra un expresidente por organización criminal erosiona la confianza en toda esa arquitectura de controles, en un momento de polarización máxima, con la tentación siempre a mano de despachar la causa como persecución judicial selectiva.
Lo que se juega, más allá de la causa penal
Con un expresidente imputado y un colaborador dispuesto a hablar, el sistema de partidos español afronta algo más que un escándalo judicial: una tensión sobre la legitimidad de la socialdemocracia, que puede quedar retratada como beneficiaria de redes clientelares durante la etapa de Sánchez.
Lo que decida contar Martínez definirá, en buena medida, cómo se lee ese episodio dentro de veinte años: como la prueba de que la justicia fue capaz de desmontar una red clientelar hasta la cúspide, o como munición para el relato del lawfare si el PSOE opta por la confrontación institucional.
Hay, además, una pregunta de fondo que trasciende el resultado penal: hasta dónde pueden los expresidentes y su entorno montar estructuras con apariencia de consultoría geopolítica que, en la práctica, funcionan como canales de acceso privilegiado a las decisiones administrativas.
Si Martínez confirma esa economía política paralela, España tendrá que abrir, tarde o temprano, el debate pendiente sobre incompatibilidades, transparencia y regulación del lobby.
De momento, solo hay un movimiento sobre el tablero. Pero es de los que cambian la partida.
