«¿No sería más sencillo que el Gobierno disolviera al pueblo y eligiera otro?» — Bertolt Brecht, «La solución» (1953).
En el verano de 2025, el presidente de los Estados Unidos anunció —en una red social, como casi todo— su intención de rehacer el censo para dejar fuera del reparto a quienes viven en el país sin autorización, invocando de forma expresa los resultados de las presidenciales de 2024.
No un censo ya en marcha con efectos automáticos: un intento, disputado, de alterar quién cuenta. Al mismo tiempo, media docena de Estados libraba una guerra de mapas: Texas rediseñaba sus distritos a mitad de década, con legisladores en fuga para negar el quórum y otros Estados amenazando con responder con la misma moneda.
Ninguna de esas maniobras tocaba una sola papeleta. Y, sin embargo, todas se libraban por el resultado electoral.
Ese es el rasgo que conviene retener. La papeleta seguía intacta; el escrutinio sería honrado; los colegios abrirían a la hora prevista y se cerrarían con las actas en regla.
Lo que estaba en disputa no era el acto de votar, sino algo situado aguas arriba de la urna: quién forma parte del cuerpo que vota, cómo se le distribuye sobre el mapa y quién llegará a votar mañana.
Se puede falsear una democracia sin falsificar un solo voto. Basta con intervenir antes, sobre el material del que se hace el voto, que es el pueblo.
El reparto de papeles que hace posible la democracia
La democracia representativa descansa sobre un reparto de papeles tan elemental que rara vez lo enunciamos.
El pueblo es el dato; el gobierno, la variable. El primero está dado —es anterior a cada elección, la precede y la sobrevive—, y su función es elegir; el segundo es contingente, se somete al juicio del primero y puede ser removido por él.
La legitimidad de todo el sistema depende de que ese orden no se invierta: es el pueblo el que elige al gobierno, y no el gobierno el que se elige un pueblo.
La patología que recorre nuestro tiempo consiste, precisamente, en invertir ese orden. No mediante el fraude clásico —la urna rellena, el muerto que vota, el recuento amañado—, que es grosero, detectable y, en las democracias consolidadas, marginal.
La inversión moderna es más fina y más difícil de perseguir porque no viola ninguna regla escrita: trata al propio demos —su geometría, su tamaño, su composición— como una magnitud que el poder puede rediseñar a su conveniencia. Y lo hace dejando la maquinaria formal impecable, para que la manipulación resulte, llegado el caso, negable.
Hay tres maneras de ejecutar esa inversión, tres técnicas de la misma familia. Redibujar el mapa alrededor de un electorado fijo. Redefinir quién cuenta dentro de ese mapa. Y rediseñar quién compondrá el electorado del futuro.
Las tres comparten una gramática común: no se trata de persuadir al votante, sino de modelar el cuerpo que vota.
Redibujar el mapa: la versión que ya conocemos
La primera técnica tiene nombre desde 1812, y ya me ocupé de ella en estas páginas: el gerrymandering, el arte de trazar circunscripciones a la medida del resultado, permite que el político seleccione de antemano a sus votantes hasta que el mapa devuelva la mayoría deseada con relativa independencia de lo que opine el país.
Sostuve entonces que era el político quien elegía a su votante. Aquella, lo veo ahora, era la versión menor del problema: redibujar un distrito se juega dentro de un pueblo dado.
La versión mayor aspira a intervenir sobre el pueblo mismo —sobre quién entra en el recuento y quién tendrá derecho a entrar en la urna—, y para eso hay dos palancas más poderosas que el compás sobre el mapa: el censo y la nacionalidad.
Redefinir quién cuenta: el censo como campo de batalla
El censo estadounidense cuenta a todas las personas residentes —ciudadanos y no ciudadanos, con papeles o sin ellos— desde su primera edición, en 1790.
No es un descuido ni una laguna: la Decimocuarta Enmienda ordena repartir los escaños contando el número total de personas de cada Estado, y los constituyentes rechazaron de forma expresa una fórmula que limitara el cómputo a los ciudadanos o a los electores.
De ese recuento total dependen dos cosas nada menores: el reparto de los 435 escaños de la Cámara de Representantes entre los 50 Estados y, con él, el número de votos electorales que cada uno aporta a la elección presidencial.
Quien altera el recuento, altera el reparto del poder.
De ahí que el censo se haya vuelto campo de batalla. En su primer mandato, el presidente intentó introducir una pregunta sobre la ciudadanía —el Tribunal Supremo se lo impidió en 2019— y excluir a los indocumentados del reparto por vía de memorándum, que los tribunales frenaron.
En 2025 revocó la orden de su predecesor que restablecía el cómputo de todas las personas y anunció un recuento que dejara fuera a quienes están en el país sin autorización, invocando de forma explícita los resultados de la última elección.
La lógica es transparente: reducir el cuerpo contado donde reside el votante adverso, para trasladar escaños y votos electorales hacia los Estados afines.
No se toca la urna; se toca quién existe a efectos de reparto. La misma inversión, por sustracción: si no puedo cambiar cómo votan, cambio a cuántos se cuenta.
Rediseñar quién votará: la naturalización como estrategia
Donde el censo resta, la naturalización suma. Y aquí debo ser tan preciso como el asunto exige, porque el terreno está minado por la demagogia de los dos lados. Digámoslo sin rodeos antes de seguir: estoy lejos, muy lejos, de las políticas antiinmigración, y lo estoy también por razones estrictamente económicas.
Por pura demografía —envejecimiento y natalidad bajo mínimos—, nuestra economía, como la de casi toda Europa, ya no sabe funcionar sin aportación migratoria: quien reclama cerrar la puerta reclama, sin decirlo, un país con menos manos y más deudas.
Regularizar a quien ya vive y trabaja entre nosotros —a quien sostiene, muchas veces en la sombra, sectores enteros como el campo o los cuidados— no es una amenaza, sino una mejora del Estado de Derecho: saca a cientos de miles de personas del limbo jurídico y las somete, por fin, a la ley común.
Con ser una mejora, no es inocua: una regularización masiva arrastra además problemas de otra índole —de integración, de mercado de trabajo, de equidad con quien aguardó su turno por la vía ordinaria, de capacidad administrativa— que escapan al objeto de estas líneas y que no me toca dirimir aquí; basta con dejar constancia de que existen.
El marco de la «invasión» es a la vez falso y corrosivo, porque envenena el único debate que merece la pena tener, que es el de una migración ordenada y racional, respetuosa a la vez con los derechos humanos y con la norma.
Y esa racionalización —ordenar el flujo con criterio, en lugar de padecerlo a golpes de urgencia— es, precisamente, lo que la Unión Europea peor ha hecho durante años. Mi objeción, por tanto, no es a la migración. Lo es a su instrumentalización y a su enfoque regulatorio.
Porque una cosa es regularizar por razones de justicia, de integración o de mercado de trabajo, y otra distinta calibrar el diseño, el calendario, los criterios y el ritmo de la naturalización por aritmética electoral.
La primera es política legítima; la segunda es la tercera técnica de nuestra inversión. Conviene, además, desactivar de entrada el atajo demagógico, porque es falso: en España, regularizar no es dar el voto.
El artículo 13.2 de la Constitución reserva el sufragio a los españoles, con la sola excepción del voto municipal para los nacionales de países que reconozcan la reciprocidad.
Un extranjero regularizado no vota en las elecciones generales ni en las autonómicas. Para votar en todas necesita la nacionalidad, y la nacionalidad exige, por regla general, diez años de residencia legal.
Quien afirme que la regularización en trámite —que el Gobierno cifra, citando a los movimientos sociales, en torno a medio millón de personas— va a inundar las urnas de las próximas generales, previstas para 2027, no dice toda la verdad o no ha leído el Código Civil.
Los beneficiarios de este proceso no votarán en esa cita. La demagogia del reemplazo inmediato se estrella contra el calendario. No es, además, un expediente nuevo: ha habido regularizaciones extraordinarias con gobiernos socialistas y del Partido Popular por igual.
La herramienta no tiene color; lo tiene el uso que se hace de ella.
Pero desactivar el atajo no clausura el problema: lo desplaza al plano donde de verdad se juega, que es el largo.
El plazo general de diez años para la nacionalidad (artículo 22 del Código Civil) se reduce a dos para los nacionales iberoamericanos —además de andorranos, filipinos, ecuatoguineanos, portugueses y sefardíes—, que son justamente una gran parte de la migración regularizable en España.
Por esa vía, andando el tiempo, el regularizado de hoy puede ser el elector pleno de pasado mañana. Que lo sea de derechas o de izquierdas, ya es harina de otro costal, y me ocuparé de ello en una próxima pieza.
Pero hay un punto que conviene tratar con cuidado, porque es el único en que la regularización roza la urna a un plazo no tan largo: las municipales.
El artículo 13.2 abre el sufragio local a los residentes de países con convenio de reciprocidad —Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay o Perú, entre otros— que acrediten cinco años de residencia legal e inscripción en un censo que se rehace en cada convocatoria.
Una regularización masiva ensancha esa bolsa de electores potenciales, y en municipios con comunidades latinoamericanas numerosas el efecto puede ser sensible.
Pero conviene pesar la palabra: la Oficina del Censo Electoral comunicó su derecho a inscribirse a unos 455.000 nacionales de esos países para 2023, y la inscripción efectiva fue siempre una fracción pequeña —el trámite es rogado, caduca en cada elección y la participación es baja—.
El impacto es real pero acotado: local, diferido un lustro y filtrado por un registro que la mayoría no completa. Ni la nada que proclama quien quiere clausurar el debate, ni la marea que agita quien quiere envenenarlo.
Y si la regularización es el caso lento, hay una vía que sí concede el voto de manera directa, y es la que estos días cierra su ciclo: la nacionalización de los nietos.
La disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática —la «Ley de Nietos»—, abrió a los descendientes de españoles del exilio y de la emigración una ventana para optar no a la residencia, sino a la nacionalidad de origen: la que vota en todo, elecciones generales incluidas.
Esa ventana se cerró el 22 de octubre de 2025, tras una prórroga, y sus cifras son de otra magnitud.
A 31 de julio de ese año, el Ministerio de Asuntos Exteriores había registrado 876.321 solicitudes en el mundo, con más de 414.000 nacionalidades ya concedidas y un número semejante de expedientes en trámite; más del 40 % correspondía a Argentina, y el grueso restante a Cuba, México, Brasil y otros países latinoamericanos.
Se calcula que la población española residente en el exterior podría pasar de algo más de tres millones a cerca de cinco; el censo electoral que de ella se nutre —hoy en torno a dos millones y medio— es menor, pero crecería en la misma dirección.
Aquí el argumento del calendario ya no ampara del todo la objeción: quien obtiene la nacionalidad de origen no accede a la residencia, sino al sufragio pleno, y puede quedar habilitado para votar en una convocatoria futura, cumplidos los trámites consulares y censales.
Es, en principio, la palanca más poderosa de las tres: inscribe en potencia a una masa de entre uno y dos millones de votantes plenos, concentrada en un puñado de países.
Pero entre el derecho y su ejercicio media una red consular colapsada que demora años cada expediente, y potencia no es resultado. Si alguna de estas técnicas se aproxima a la imagen de Brecht es esta; y aun así conviene enunciarla como tendencia, no como hecho consumado.
Nada de esto convierte la regularización en ilegítima, ni la reparación a los descendientes del exilio en un ardid, como nada convierte en ilegítimo el trazado de distritos o la existencia misma de un censo. Distritos, censos y política de nacionalidad son instrumentos necesarios y, con frecuencia, justos.
El problema aparece cuando el soberano deja de tratarlos como instrumentos de gobierno o de justicia y empieza a tratarlos como palancas de resultado.
El alegato contrario, en su versión más fuerte
Debo ahora argumentar contra mí mismo, que es la única forma honesta de sostener una tesis incómoda. Y el alegato contrario es fuerte, más fuerte de lo que a un columnista le convendría reconocer.
Primero: atribuir intención electoral a una medida humanitaria y laboral es, en sí mismo, la mala fe que algunos dicen detestar; la iniciativa de regularización no nació en el consejo de administración de un partido, sino de una iniciativa legislativa popular con más de setecientas mil firmas, liderada por la autoorganización de los propios migrantes.
Y segundo, el flanco más sólido del adversario: la Ley de Nietos es, en su núcleo, reparación histórica —devuelve lo que la guerra, la dictadura y el exilio arrancaron a familias enteras—, y el voto de los residentes ausentes ni participa de forma masiva —algo más del diez por ciento del censo exterior en 2023— ni forma un bloque previsible: en 2019 llegó a arrebatar un escaño al PNV en favor del centro-derecha. Leer en la memoria del exilio un cálculo de escaños es, una vez más, prueba de mala fe para los defensores de la causa.
Son alegatos serios y hay que concederles todo su peso. No lo despacho. Lo asumo; y precisamente por asumirlo, la tesis debe reformularse con más finura, no repetirse más alto.
Dónde está, entonces, la línea
La línea no está en si el demos cambia. El demos cambia siempre, y muchas veces debe cambiar. Está en quién decide ese cambio y con arreglo a qué criterio.
Una ampliación del cuerpo electoral es legítima cuando obedece a un principio —la igualdad, la dignidad, la pertenencia efectiva a la comunidad— y se tramita por un procedimiento reglado, estable y sometido a control; y se vuelve manipulación cuando obedece al rendimiento electoral esperado y ajusta a ese rendimiento su diseño, su calendario o su alcance. La prueba no es el qué. Es el porqué y el quién.
Conviene, por eso, no meter en el mismo saco tres cosas distintas.
Una es la manipulación institucional demostrable, la que deja rastro documental: cuando un presidente ordena rehacer el censo e invoca, para justificarlo, los resultados de la última elección, el indicio de intención está sobre la mesa.
Otra son las políticas legítimas con efectos electorales indirectos —la regularización, la reparación del exilio—, cuyo impacto puede ser real pero cuya finalidad partidista nadie ha acreditado.
Y otra, en fin, la mera sospecha, que no equivale a prueba. Sostener que hay cálculo de escaños, y no solo efecto colateral, exige un indicio directo —un calendario deliberado, un documento, un diseño administrativo—, no la sola magnitud del fenómeno.
Confundir los tres planos degrada la crítica en insinuación; separarlos es lo que la vuelve difícil de rebatir.
Y hay un indicio que pesa más que ningún otro: el calendario. Una regularización, un recuento o un rediseño de distritos pueden ser defendibles en abstracto; pero cuando el gobernante los mueve al acercarse una elección, el centro de gravedad se desplaza por sí solo hacia la instrumentalización.
No es una intuición: es la razón por la que el Consejo de Europa, a través de su Comisión de Venecia, recomienda no alterar los elementos fundamentales de la ley electoral —entre ellos las reglas sobre quién puede votar e inscribirse y el trazado de las circunscripciones— en el año anterior a unos comicios.
Y su motivo lo dice todo: cerca de una elección hay que evitar no ya la manipulación, sino su mera apariencia, porque hasta un cambio bienintencionado parecerá dictado por el interés de partido.
En una democracia, esa apariencia no es un reproche estético; es una avería de la confianza.
La Ley de Nietos es el banco de pruebas de ese criterio: si su medida es la justicia debida a los descendientes del exilio, es legítima aunque agrande el cuerpo electoral en dos millones de personas, y lo sería igual aunque no sumara un solo voto.
Solo se vuelve sospechosa si su calendario o sus prórrogas se calibran pensando en el rendimiento y no en la reparación.
De ahí que el signo delator sea siempre el mismo, y sea el hilo que cose las tres técnicas: la maquinaria formal permanece intacta. Se sigue votando. Se sigue contando. Las actas siguen en regla.
Toda la coreografía de la legitimidad se conserva, precisamente para que nadie pueda señalar el momento exacto en que la elección dejó de estar abierta.
Brecht escribió su epigrama en 1953, cuando el régimen de la Alemania del Este reprochó a los obreros sublevados haber perdido la confianza del Gobierno.
Su ironía —si el pueblo decepciona al poder, que el poder disuelva al pueblo y elija otro— fue concebida contra una dictadura, y desde entonces la ha secuestrado quien agita el fantasma del reemplazo étnico.
Conviene devolverla a su sentido primero: no habla de razas ni de fronteras, sino de un poder que, incapaz de merecer al pueblo que tiene, prefiere procurarse otro.
Esa es la tentación, y ya no viste el uniforme gris de la RDA. Viste el traje impecable del que no toca nada. No rellena urnas ni falsifica actas: redibuja mapas, recuenta cabezas, dosifica pasaportes.
Deja la papeleta limpia y trabaja sobre la mano que la sostiene y sobre el suelo que esa mano pisa. Cuando la operación culmina, el demos ha dejado de ser la fuente del poder para convertirse en su producto. Se sigue votando, sí. Pero el resultado se decidió antes, aguas arriba, donde ya nadie mira.
La urna, entretanto, sigue intacta. Es lo único que sigue intacto.
