«El expediente del Sáhara es el prisma con el que Marruecos mira al mundo; el criterio claro y sencillo con el que mide la sinceridad de las amistades y la eficacia de las asociaciones» — Mohamed VI, discurso del 20 de agosto de 2022.
En las últimas horas de julio de este año, decenas de miles de personas —en su mayoría jóvenes marroquíes— cruzaron a nado o por la escollera del Tarajal la frontera de Ceuta, una ciudad de 84.000 habitantes.
Fue la irrupción fronteriza más súbita que haya padecido una ciudad europea, y nadie sabe todavía medirla: Interior contabilizó 72.000 entradas, las autoridades ceutíes llegaron a hablar de 80.000 y las primeras estimaciones se quedaban en 60.000.
Tampoco hay cifra cerrada de muertos: 75 cadáveres recuperados en aguas españolas según el balance oficial, más los contados por Marruecos en las suyas, con denuncias por desaparecidos aún abiertas y recuentos de organizaciones que elevan el total bastante más arriba.
La inmensa mayoría regresó voluntariamente a Marruecos en cuestión de días; varios miles permanecían en la ciudad semanas después, sin que Estado ni ciudad autónoma coincidan siquiera en cuántos.
Que un mes más tarde un país europeo no pueda decir cuántos entraron, cuántos murieron ni cuántos siguen allí es, en sí mismo, un dato.
Preguntado por el papel de Marruecos, el presidente del Gobierno respondió que la interlocución con Rabat había sido «constante, fluida y muy razonable». Mientras tanto, la prensa oficiosa del reino alauí explicaba la avalancha por el estatuto de Ceuta y Melilla como «territorios ocupados».
Cinco años median entre esta escena y su ensayo general: mayo de 2021, cuando cerca de 10.000 personas entraron en Ceuta ante la pasividad ostensible de la policía marroquí, en represalia por la acogida hospitalaria en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
Cinco años en los que España ha entregado a Marruecos casi todo lo que Marruecos quería y ha recibido a cambio, como se verá, casi exactamente nada.
La pregunta que este país lleva un lustro sin formularse en serio no es retórica: ¿por qué?
Una rendición sin batalla: la carta del 14 de marzo
El 14 de marzo de 2022, Pedro Sánchez firmó una carta dirigida a Mohamed VI en la que España pasaba a considerar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, presentada en 2007, como «la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo».
Casi medio siglo de posición española —neutralidad activa, apoyo a las resoluciones de Naciones Unidas, referéndum de autodeterminación— liquidado en una línea.
No hubo debate en el Congreso, ni comparecencia previa, ni aviso a los socios de coalición. Los españoles conocieron el giro el 18 de marzo por un comunicado del gabinete real marroquí: Rabat leyó la carta antes que las Cortes Generales.
«En el oficio diplomático, regalar lo que el otro más desea sin obtener nada a cambio tiene un nombre: error».
Conviene subrayar lo que aquella carta era y lo que no era. No era un tratado, ni un acuerdo con contrapartidas escritas, ni el desenlace visible de negociación alguna.
Era una concesión unilateral sobre el único expediente que Marruecos considera existencial, efectuada, además, por la antigua potencia administradora del territorio, cuya responsabilidad histórica —y, según una relevante corriente jurídica que algunos tribunales españoles han hecho suya, también una residual responsabilidad internacional— no desapareció limpiamente con los Acuerdos de Madrid de 1975.
En el oficio diplomático, regalar lo que el otro más desea sin obtener nada a cambio tiene un nombre: error. La alternativa es peor: que no fuera un regalo, sino un pago; y que la factura no conste en ningún archivo público. Sobre esa alternativa habrá que volver.
La cronología que incomoda
Repasemos fechas, que es lo que hace un instructor cuando los relatos no cuadran.
Mayo de 2021: crisis de Ceuta. Ese mismo mes, el teléfono del presidente del Gobierno es infectado con Pegasus, el programa espía de la israelí NSO Group, y de él se extraen 2,6 gigabytes de información; también resultan comprometidos los terminales de la ministra de Defensa y del ministro del Interior.
Enero de 2022: según la investigación publicada por The Objective en febrero de este año, emisarios del presidente mantienen dos reuniones discretas con altos cargos marroquíes, una en Marrakech y otra en Málaga, con mediación israelí; esa misma investigación sostiene que el Gobierno conocía la sustracción desde el primer momento.
Es, subrayémoslo, una versión periodística, no un hecho judicialmente acreditado; pero el Gobierno ni la ha desmentido ni la ha esclarecido documentalmente.
14 de marzo de 2022: la carta. 2 de mayo de 2022: La Moncloa revela el espionaje —justo cuando arrecia el escándalo por el uso del mismo programa contra el independentismo catalán— y lo atribuye a un ataque externo, ajeno a los organismos del Estado.
Una semana después cesa a la directora del CNI, Paz Esteban, casi cuatro décadas de casa despedidas en una mañana.
La causa abierta en la Audiencia Nacional ha sido archivada por segunda vez al no poder identificarse a los responsables, en lo esencial por la negativa de Israel a cooperar con la investigación; el archivo es provisional, a la espera de datos nuevos que nadie en el aparato del Estado parece tener prisa en procurar.
Correlación no es causalidad; un juez viejo sabe eso mejor que nadie. Nadie ha probado que el giro del Sáhara fuese el precio del silencio sobre lo que salió del teléfono del presidente, y este columnista no lo afirmará.
Pero la secuencia —espionaje, silencio, reuniones discretas, concesión histórica, revelación tardía, cabeza de turco en los servicios de inteligencia— es exactamente la que cualquier instructor consideraría merecedora de investigación, y exactamente la que ningún órgano del Estado ha querido agotar. Cuando un Gobierno rehúsa explicar una decisión capital, la carga de la justificación política recae enteramente sobre él: no corresponde al ciudadano acreditar la sospecha, sino al poder disiparla.
No lo ha hecho en cuatro años y medio.
El balance del comerciante: lo pagado y lo cobrado
Todo giro estratégico se juzga, al cabo, por su cuenta de resultados. Hagamos la del nuestro con frialdad notarial.
Primera partida pagada: el Sáhara. El activo diplomático de casi medio siglo, entregado sin recibo. La ironía es que la justicia europea sostiene hoy más escrúpulos que la diplomacia española: el 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la UE confirmó la anulación de las decisiones que aprobaban los acuerdos agrícola y pesquero con Marruecos en cuanto aplicados al Sáhara, por no constar el consentimiento del pueblo saharaui —un consentimiento que, admitió el Tribunal, solo cabría presumir bajo condiciones estrictas—.
Y cuando el 31 de octubre de 2025 el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2797, que consagra la autonomía como base de la negociación, el tanto se lo apuntaron Washington, que la redactó, y Rabat, que la celebró.
España, pionera del giro, no cobró ni el gesto.
Segunda partida: Argelia. El 8 de junio de 2022, Argel suspendió el Tratado de Amistad de 2002 y congeló el comercio con España, calificando el giro de «injustificable». Años de relación rota con el que había sido durante décadas nuestro primer proveedor de gas, en plena guerra energética europea.
El deshielo posterior no ha restaurado el tratado. Ningún país serio incendia un flanco para apaciguar el otro.
Tercera partida: la dignidad. El 24 de junio de 2022, al menos 23 personas —cifra oficial marroquí que las organizaciones humanitarias elevan— murieron en la valla de Melilla.
El presidente del Gobierno de España describió aquello como un asalto «violento, bien organizado, bien perpetrado y bien resuelto», y señaló como únicos responsables a las mafias.
Un país que asume como propio el lenguaje del gendarme ajeno paga también en una divisa que no cotiza en mercados.
Veamos ahora el haber.
La reapertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla —la de Melilla, cerrada unilateralmente por Marruecos en 2018—, prometida en la hoja de ruta de abril de 2022, se dio formalmente por zanjada en la Reunión de Alto Nivel de diciembre de 2025 en Madrid, con declaración conjunta de 119 puntos.
La realidad tras el papel: actividad comercial mínima y meses enteros sin que conste una sola importación o exportación.
El respeto a la integridad territorial: Rabat jamás ha pronunciado la frase «Ceuta y Melilla son españolas», y su prensa oficiosa las llamaba ocupadas en julio pasado, en plena crisis.
La delimitación de las aguas frente a Canarias, la gestión del espacio aéreo del Sáhara y el monte submarino Tropic, con sus minerales estratégicos: sencillamente fuera de la agenda, cumbre tras cumbre.
Y la estabilidad migratoria, joya de la corona de la política de apaciguamiento: 70.000 personas en dos días la tasaron en julio.
El balance, en fin, es el de quien hipoteca la casa para comprar tranquilidad y descubre que la cuota sube cada vez que el acreedor tiene un mal mes.
El prisma y el espejo
Vuelvan a leer la cita que abre esta columna.
Mohamed VI no oculta su doctrina: la proclama en sus discursos del Trono. Marruecos tiene una política exterior —una sola, coherente, sostenida durante décadas y por encima de gobiernos—: el Sáhara como cuestión existencial, Ceuta y Melilla como reivindicación durmiente, la migración como instrumento de presión documentado, Washington y Tel Aviv como palancas.
La Marcha Verde de 1975, aquellos 350.000 civiles lanzados sobre el territorio mientras agonizaba Franco, enseñó a Rabat que la presión demográfica funciona contra una España distraída consigo misma.
Ceuta 2021 y Ceuta 2026 son la misma lección con mejores medios.
¿Y cuál es la doctrina española? En 2002, en el islote de Perejil, hubo al menos una respuesta y un aliado dispuesto a mediar, Colin Powell mediante.
Hoy el aliado está del otro lado del tablero: desde diciembre de 2020, Estados Unidos reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara —fue el pago de Trump por la normalización marroquí-israelí en el marco de los Acuerdos de Abraham— y ahora redacta las resoluciones del Consejo de Seguridad.
España, entretanto, ha decidido no tener doctrina y llamar a eso, con palabras de su ministro de Asuntos Exteriores, el «mejor momento histórico» de la relación bilateral. En 2030 organizaremos con Marruecos y Portugal un Mundial de fútbol: será instructivo comprobar quién pita los penaltis.
Se me opondrá el argumento de la realpolitik, y merece respuesta. Es verdad que Marruecos es un vecino ineludible; que la cooperación policial y de inteligencia contra el terrorismo es real y valiosa; que España es el primer socio comercial del reino y que miles de empresas españolas viven de esa vecindad.
Es verdad, incluso, que todos los gobiernos de la democracia, de Felipe González a Rajoy, practicaron con Rabat una prudencia rayana en el eufemismo.
Pero el argumento prueba menos de lo que pretende: precisamente porque el vecino es ineludible y la interdependencia real, la relación exige reciprocidad verificable, no actos de fe. La prudencia de los gobiernos anteriores jamás incluyó entregar la posición sobre el Sáhara sin contrapartida escrita; esa frontera se cruzó el 14 de marzo de 2022, y se cruzó a oscuras.
La realpolitik es un método, no una coartada. Kissinger, al menos, cobraba.
Lo que una democracia parlamentaria no puede permitirse
Digámoslo con precisión jurídica. La Constitución encomienda al Gobierno la dirección de la política exterior (artículo 97) y nadie le discute la facultad de cambiarla; los giros, incluso los dolorosos, forman parte del oficio de gobernar.
Lo que una democracia parlamentaria no tolera es que el porqué de un cambio capital permanezca sellado bajo una ley de secretos oficiales preconstitucional, de 1968, cuya sustitución lleva medio siglo prometida y sigue sin culminar en las Cortes.
Las hipótesis disponibles caben en un párrafo: que el giro naciera de la convicción sincera de que el referéndum saharaui era ya inviable; que fuera la compra de paz migratoria; que obedeciera a un alineamiento con Washington y Tel Aviv tras los Acuerdos de Abraham; o que guardara relación con lo que alguien leyó en los 2,6 gigabytes extraídos del teléfono del presidente.
Si es la primera, se defiende ante las Cortes y se gana o se pierde la votación: no se ha hecho. Si es la segunda, julio de 2026 certificó su fracaso. Si es la tercera, España habría pagado con moneda propia una deuda ajena. Y si es la cuarta, no estaríamos ante política exterior, sino ante materia penal. Ninguna de las cuatro justifica el silencio; tres lo agravan.
Nuestro vaticinio es que nada se moverá mientras el coste político de callar siga siendo inferior al coste de explicar, y que esa aritmética solo la alteran tres cosas: una comisión parlamentaria con acceso a materias clasificadas, una alternancia dispuesta a desclasificar o —la vía que este país ya ha transitado— la jurisdicción.
Porque conviene recordarlo: en un Estado de Derecho nadie está más allá de la ley, y no hay secreto oficial que no pueda dejar de serlo si un tribunal así lo dispone.
El Tribunal Supremo lo dejó establecido en abril de 1997 con los papeles del CESID: la decisión de mantener clasificado un documento no es un acto exento de control, sino fiscalizable ante la Sala Tercera, que puede ordenar la desclasificación cuando pesan más otros bienes constitucionales.
Y pocos expedientes reunirán mejor que este los presupuestos de aquel precedente: una causa penal archivada precisamente por falta de datos que el propio Estado custodia, y una acumulación de coincidencias que ya no cabe despachar como azar estadístico.
Si algún ámbito de opacidad reclama que la jurisdicción entre a conocer, es este. Quien tenga legitimación y paciencia puede llevar la hipoteca ante el Supremo.
Democracias vecinas han abierto expedientes más dolorosos que este sin que el Estado se resintiera; lo que resiente a un Estado no es la verdad, sino la administración vitalicia de su ausencia.
Mohamed VI mira a España a través de su prisma y le complace lo que ve: un vecino que paga puntualmente una hipoteca cuya escritura no se atreve a leer.
Los papeles existen: en los archivos del CNI, en el sumario archivado —provisionalmente archivado— de la Audiencia Nacional, en las actas que nunca se levantaron de dos reuniones que una investigación periodística sitúa en Marrakech y Málaga.
La verdad completa será quizá incómoda, quizá inconfesable, quizá solo mediocre. Pero es de los españoles. El día que unas Cortes —o una Sala de justicia— la reclamen con la solemnidad que merece, sabremos si el silencio protegía al Estado o solamente a su inquilino.
