Una década de avisos
España lleva diez años recibiendo avisos sobre el estado de sus infraestructuras, y los ha tratado como sucesos aislados.
La DANA de octubre de 2024, el apagón de abril de 2025, la sequía que obligó a declarar la emergencia en el área de Barcelona en 2024, la oleada de incendios que arrasó el noroeste en el verano de 2025, los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda y el deterioro sostenido de las carreteras no son desgracias independientes.
Son síntomas de una misma forma de gestionar: reaccionar después y planificar poco.
Cada catástrofe abre una comisión, un debate y una promesa. La siguiente la sustituye en la agenda antes de que la anterior se haya cerrado.
La legislatura que salga de las próximas elecciones tiene la oportunidad de romper ese ciclo con un plan de resiliencia de infraestructuras a diez años que no dependa de quién gobierne.
El mismo fallo en todas las redes
El denominador común es el mantenimiento diferido. Inaugurar luce; conservar, no. El resultado se acumula en silencio hasta que algo se rompe.
Los datos oficiales lo reflejan. Según la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, la tasa de accidentes significativos fue en 2024 de 0,27 por millón de kilómetros-tren.
Mejoró respecto al año anterior, pero sigue por encima de los niveles previos a 2022. En 2023 crecieron los precursores de accidente, sobre todo los rebases de señal y las roturas de carril.
Una rotura de carril no es mala suerte: es un indicador de conservación.
En carreteras, la Asociación Española de la Carretera estima el déficit acumulado de conservación en más de 13.400 millones de euros, un 42,7 % más que en 2022. Es una estimación del sector, no una cifra oficial. Pero la propia Dirección General de Carreteras ha reconocido un déficit importante.
Las redes, además, no fallan solas, y la eléctrica sostiene a todas las demás. El apagón de abril de 2025 dio una muestra de lo que ocurre cuando cae. Las sequías y los incendios ponen a prueba a la vez el agua, la energía y las vías de comunicación.
Un hospital depende de la electricidad, del agua, de los accesos por carretera y de las comunicaciones. Cuando una de ellas cae, el hospital es el primer lugar donde se nota.
Y no todo fallo es físico: el ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona en 2023 demostró que un hospital puede quedar seriamente afectado sin que se vaya la luz.
Planificar cada red por separado es ignorar justo el riesgo que más daño hace: el efecto en cadena.
No faltan planes: falta integrarlos
Sería injusto decir que no hay instrumentos. Los planes de gestión del riesgo de inundación se revisan cada seis años por mandato europeo, y los del tercer ciclo, para 2028-2033, deben aprobarse a finales de 2027.
La red ferroviaria tiene una agencia de seguridad y una comisión de investigación de accidentes. Las carreteras tienen sus planes de conservación, repartidos entre el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones y los cabildos.
El problema es que cada plan mira su red y nadie mira el conjunto. El instrumento pensado para hacerlo llega tarde. La Directiva europea de resiliencia de las entidades críticas debía estar transpuesta en octubre de 2024.
El proyecto de ley no llegó al Congreso hasta marzo de 2026 y decayó con la disolución de las Cortes. España sigue aplicando una ley de 2011 pensada para otro tipo de amenazas.
Tres decisiones para la próxima legislatura
No hace falta otro plan que se sume a los existentes. Hace falta que la próxima legislatura tome tres decisiones.
Primera: una evaluación nacional de riesgos única. El nuevo Gobierno tendrá que presentar de nuevo la ley de resiliencia de entidades críticas. Esa ley prevé una evaluación nacional de amenazas y riesgos.
Debe integrar inundaciones, sequías, incendios forestales, ferrocarril, carreteras, energía, agua y sanidad, y usar los fallos de la última década como catálogo de lo que ya sabemos que puede ocurrir. Mirar atrás no basta: hay que sumar los escenarios climáticos que vienen.
Segunda: conservar antes que inaugurar. Un suelo plurianual de inversión en mantenimiento, protegido de los recortes de cada ejercicio, con indicadores públicos del estado de cada red. Lo que no se mide no se exige.
Tercera: un compromiso que sobreviva a las elecciones. Un pacto parlamentario y un órgano técnico con independencia que rinda cuentas cada año ante las Cortes del grado de cumplimiento.
Y cooperación real con comunidades autónomas, diputaciones y cabildos, que gestionan buena parte de las redes.
Lo previsible no es una fatalidad
Un plan así no resuelve la vivienda ni las listas de espera: son políticas distintas y merecen su propio debate. Su objetivo es más modesto y más urgente: que las redes que sostienen la vida diaria no fallen por lo que ya sabíamos.
Diez años de avisos documentados cambian la naturaleza del problema. Lo que se ha visto venir una y otra vez deja de ser una desgracia y pasa a ser una decisión. La próxima legislatura decidirá si sigue reaccionando o empieza a prevenir.
