Las Comunidades Autónomas han pedido al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, más tiempo para estudiar las propuestas. Foto: EP.
Iceta retrasa aprobar la reforma de los interinos ante las reticencias de las Comunidades Autónomas y sindicatos
Volverán a reunirse
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25/6/2021 06:51
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Actualizado: 25/6/2021 06:51
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Las negociaciones se cerrarán previsiblemente en la primera semana de julio, aunque hay asuntos a resolver como las sanciones a las administraciones infractoras y el futuro de los profesionales interinos ya en fraude y su posible compensación.
La reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) no va a ser fácil y tiene una complejidad notable. Las Comunidades Autónomas han pedido al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, más tiempo para asimilar las propuestas que el titular de esta cartera ha planteado sobre la reforma de la temporalidad y el futuro de los interinos en fraude de ley.
En la reunión que han mantenido este jueves a través de la Conferencia Sectorial de la Administración Pública, se han presentado los criterios generales de la reforma que impulsa el Gobierno para reducir la temporalidad en las administraciones públicas. Una temporalidad que ahora supera el 30% y que sitúa a cerca de 800.000 profesionales en fraude de ley.
Cuestiones sobre cómo organizar procesos selectivos donde se valore la antigüedad de los interinos o la posibilidad de establecer medidas sancionadoras a las administraciones que infrinjan el EBEP son algunas de las cuestiones que han generado polémica y debate.
En esta propuesta también se incluía, entre otros, una nueva indemnización de 33 días (con tope de 24 mensualidades) para aquellos interinos que perdieran la plaza tras una oposición.
Cabe recordar que actualmente los trabajadores eventuales de la Administración no tienen derecho a compensación alguna cuando cesa su contrato, a diferencia de los temporales del sector privado, que sí pueden cobrar una indemnización de 20 días por año trabajado (con tope de 12 mensualidades).
El precedente, el acuerdo de Canarias
En este contexto también se mira con atención que el Gobierno de Canarias, que firmó hace unos días el acuerdo con el Comité de Huelga de los trabajadores interinos para acabar con el abuso de temporalidad en la administración pública.
Ambas partes se reunieron en la sede de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para realizar la firma material del acuerdo adoptado en el pasado mes de abril, cuando acercaron posturas y firmaron un principio de acuerdo para resolver el abuso de temporalidad de los empleados públicos en la comunidad autónoma.
Una de las medidas que se ha acordado ha sido la permanencia del personal interino en la administración de las islas que se encuentre en situación de abuso de temporalidad.
Asimismo, las partes también determinaron «identificar y catalogar» a las personas con las condiciones de trabajo nombradas para, posteriormente, «establecer mecanismos necesarios para su permanencia», vigente hasta su marcha de la administración.
A partir de ahora se constituyen las mesas de trabajo comprometidas por el Gobierno para determinar los afectados por esta situación y buscar fórmulas jurídicas y legales que den cobertura a una posible estabilización de los puestos de trabajo.
En otra comunidad autónoma como Cataluña se ha reactivado la proposición de ley que la CUP presentó en la anterior legislatura respecto al personal interino en fraude de ley
Según ha podido saber Confilegal, está admitida a trámite por procedimiento de urgencia. Se prevé que habrá un texto para votar a mediados del 2022.
Al mismo tiempo, con esta proposición se define en que momento el interino está en situación de abuso. Se habla de tres años. Se dice en la propuesta que ese trabajador quedará como indefinido a extinguir en el puesto de trabajo. Ese es el punto de partida, de la Comisión Parlamentaria que se va a constituir el próximo mes de septiembre para impulsar esta iniciativa.
Se abre más debate
En este contexto desde el Ministerio se ha abierto un plazo nuevo no previsto para ampliar el debate, de tal forma que las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) podrán presentar sus aportaciones hasta el próximo 29 de junio, con el objetivo de alcanzar el acuerdo sobre esta cuestión.
Será el próximo 1 de julio cuando el propio Iceta convoque una nueva Sectorial para que ambas partes analicen las propuestas que se han intercambiado sobre este asunto que pretende reducir la temporalidad en cuatro años al 8%
Precisamente la reunión con los sindicatos presentes en la Mesa de Negociación prevista para este jueves se ha cancelado. Para las organizaciones sindicales uno de los principales escollos de dicha propuesta es que no contempla ninguna medida reparadora para los interinos ya en fraude de ley.
La idea es que el Ministerio vuelva a sentarse con los sindicatos después de la reunión con las Comunidades Autónomas, explican en Función Pública. La intención es llegar a un acuerdo con las primeras y poder clausurarlo del todo con los representantes de los trabajadores, si hay entendimiento entre las partes.
Al parecer la idea que bulle en la cabeza del ministro Iceta es llevar en la primera semana de julio al Consejo de Ministros un decreto ley que aborde de forma detallada el llamado el proceso de estabilización del empleo público y el solventar de forma global de la temporalidad en las administraciones públicas.
Llevar este asunto por Decreto Ley, explican fuentes jurídicas a Confilegal, supondrá que no se pedirá dictamen al Consejo de Estado ni cumplirá el requerimiento del Senado. Se pretende que se haga una única convalidación en julio en el Congreso.
Se nos asegura que la transposición de cualquier directiva comunitaria supone ese dictamen del Consejo de Estado,
Con este decreto, el Gobierno plantea prohibir la temporalidad y pretende evitar a partir de la aprobación de esta normativa que una persona siga con carácter interino ocupando un puesto de la Administración por más de 3 años.
Habrá que ver si lo consigue, o tendrán que ser los tribunales, como hasta ahora, los que resuelven las innumerables demandas presentadas tanto en el ámbito social como en el contencioso.
A este respecto, la Sala de lo Social del Supremo sigue estudiando la sentencia del TJUE y su complejidad para poder dar una solución a la veintena de recursos que le han llegado sobre interinos en cobertura de vacante.
«No es razonable ni bueno para las administraciones públicas tener una temporalidad», ha señalado Iceta en algunas comparecencias públicas donde ha reconocido que el problema existente en nuestro país que se remonta a años atrás.
De momento, las propuestas de Iceta en estos dos meses largos desde su comparecencia de abril en el Senado no han convencido a nadie. Ni a Comunidades Autónomas que podrían ser sancionadas, ni a los sindicatos ni, por supuesto a los propios afectados por el abuso de temporalidad.
Estabilizar a interinos ya en fraude de ley
Sobre la estabilización de los interinos, las opiniones difieren entre lo que señalan estos profesionales y algunos juristas que apelan al TJUE para que estos profesionales sean fijos, entre ellos abogados como Javier Arauz, abogado del Estado en excedencia.
Desde la Coordinadora Estatal de Personal Publico Temporal, su presidenta, Cristina Grúas, aclara que están muy pendientes de estas negociaciones en las que esperan se tenga en cuenta la situación en fraude de los más de 800.000 interinos en fraude de ley. “Vamos a seguir luchando hasta el final por mejorar nuestra situación profesional”.
A su juicio, “en la propuesta de Iceta se vuelve a hablar del concurso oposición que Europa a través de las sentencias del TJUE ya ha dicho que no es el elemento necesario para estabilizar a nuestro colectivo. No entendemos como los sindicatos mayoritarios lo apoyan”.
Respecto a la indemnización por despido recuerda que “deberíamos tenerlas hace ya muchos años. Tanto por despido e incluso otra indemnización que sancionara el abuso. Debería haber una doble indemnización. Nos sentimos muy desprotegidos por nuestras administraciones”.
Sin embargo, frente a esta tesis, el propio Iceta ha indicado en diferentes manifestaciones públicas, la última en el Congreso ante la comparecencia de la diputada canaria Ana Oramas, que el Gobierno no puede hacer por ley a un funcionario a alguien que no lo es y ha explicado que podrán serlo a través del que espera que sea el último proceso de estabilización.
También ha señalado que incluso aquellos que no superen esa prueba, podrán seguir formando parte de las bolsas de interinos que las comunidades autónomas precisen.
Una reforma clave para Bruselas
Hay que recordar que la reforma de la función publica y de sus condiciones de trabajo es una de las reformas claves comprometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez con Bruselas en su Componente 11.
Así aparece en el Plan de Recuperación recién aprobado por la UE. En dicho plan de modernización del sector público remitido a Bruselas, el Ejecutivo sancionará a aquellas administraciones que abusen de la temporalidad. Iceta incluso llegó a sugerir la posibilidad de que pudiesen perder plazas si mantienen a trabajadores eventuales en puestos estructurales durante más de tres años.
Tal y como se incluye en el Plan de Recuperación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea, los procesos de estabilización del empleo público iniciados en 2017 y 2018 “se están desarrollando de manera más lenta que la inicialmente prevista”.
Por este motivo, el Ejecutivo quiere regular una “nueva y última ampliación” de estos procesos para que se incluyan todas las plazas estructurales ocupadas por temporales de forma ininterrumpida durante los tres años anteriores al 31 de enero de 2020.
Hasta el momento, de acuerdo con las cifras remitidas a Bruselas y dentro de este plan de estabilización, las administraciones tienen autorizadas unas 218.000 ofertas de empleo, de las que han sido convocadas 154.000 y se han cubierto 56.000.
Mientras tanto muchas Comunidades Autónomas siguen convocando procesos selectivos, donde bastantes profesionales interinos ven como pierden la plaza que han cubierto durante años sin ninguna indemnización. La situación es compleja y lograr una solución general de consenso parece difícil.
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