Firmas
La calidad democrática y la Justicia
Begoña Trigo hace una reflexión sobre el maltrato que sufre el turno de oficio lo que incide en la calidad democrática de España.
14/10/2023 06:30
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Actualizado: 14/10/2023 00:53
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España es un país democrático y social, lo dice la Constitución Española y lo dicen los que la conocen en sus discursos, en las ponencias, en los cursos de derecho, se estudia en las universidades y se nombra así a España en la tele de vez en cuando, presumiendo de país y de democracia.
Estado democrático y social, es el traje que se usa en algunos eventos y se hace alusión a lo democrático de este país para presumir de dignidades que en realidad no tenemos.
La realidad es bien diferente, la democracia no llega a muchos sitios y uno de ellos es la Justicia y el Turno de Oficio. La Constitución Española define así a España en su artículo 2.1: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».
La Constitución, ese texto tan poco moderno, tan demodé para algunos, tan poco respetada y valorada sin llegar a veces ni a conocerla y mucho menos a entender su importancia.
Y es así porque ni siquiera se plantean algo tan importante como que se estudie en los colegios o escuelas o centros formativos no educativos o como se deban llamar ahora. Lo cierto es que este país se ha renunciado a la tarea más importante de un país democrático, la educativa, delegándola exclusivamente en los padres.
Quizá para no desarrollar el espíritu critico y fabricar así más fácilmente a ciudadanos obedientes y antipensantes, por eso a lo mejor han suprimido nada menos que la Filosofía, y se han quedado tan anchos y tan modernos, porque no entienden desde luego su enorme importancia.
UN PAÍS DEMOCRÁTICO Y SOCIAL
No parece que España sea un país “democrático y social “o al menos que su democracia sea de una gran calidad. La Transición, época de reconciliación tan valorada y con una fuerte carga emocional, forjó unas estructuras, no todas, en mi humilde opinión, poco pensadas y mal estructuradas que, con el tiempo, no han llevado más que a crear nidos donde se alberga el caos, la impunidad y la corrupción y que impiden conseguir una democracia con una calidad razonable.
Quizá fueron pensadas para garantizar la deseada paz más que el desarrollo adecuado de un país , y por ello han sido mas complacientes que eficaces en la creación y desarrollo de sus instituciones.
Por el motivo que fuere, a día de hoy hay grandes y graves déficits democráticos que nos impiden evolucionar como país y que reducen significativamente la calidad democrática de nuestras instituciones quizá en parte, a la existencia de unas leyes que deberían haberse ideado con más previsión y si no, haberse modificado hace años.
LA LEY ELECTORAL DE 1985
Con sus sucesivas modificaciones, sigue evidenciando la urgencia de su modificación hacia un sistema más democrático, valga la redundancia. El espectáculo del arco parlamentario no puede ser más desolador, estando todo un país en manos de minorías poco interesadas en el interés general y que sin pudor, reclaman abiertamente sus intereses partidistas porque no es obligatorio que la persona que ocupe un escaño en el parlamento español, tenga un proyecto para el interés general.
La ley permite que un partido de las “margaritas amarillas” que alcance escaños por tener un ámbito territorial reducido, pueda “pactar”, palabra ya diabólica, con un partido “de Estado”, como si no fuera una obligación serlo, unirse y llegar a aprobar leyes que planten todo el territorio nacional de margaritas amarillas, gastando para ello el porcentaje del presupuesto que quieran sin ninguna limitación legal y sin obligación de atender prioritariamente servicios públicos como la Justicia, el Turno de Oficio, la sanidad y la educación.
Las minorías pueden forzar la creación de leyes para todo el territorio y llevarse la mayor parte del presupuesto en detrimento del resto del estado, de forma injusta y desproporcionada por un simple acuerdo avalado por una nefasta ley. U
n chantaje en toda regla que dignamente se le llama politica en los medios de comunicación o de propaganda o lo que sean ya, y que se practica desde hace ya demasiados años.
LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS 54/78
Tampoco ha sido modificada para mejorar la calidad democrática, de manera que vemos como partidos con miembros condenados por corrupción, no solo no abonan las cantidades debidas ni se obliga a los partidos a responsabilizarse de las condenas de sus miembros en el ejercicio de sus cargos políticos, sino que vuelven a presentarse a las elecciones. Algo impensable para el resto de profesionales que nos ajustamos a unas exigencias legales más acordes con un sistema democrático.
Luego está lo que llaman “responsabilidad política” que nadie sabe lo que es porque aquí no se ve ni en las fotos. Se trata de una responsabilidad según la altura moral del individuo en cuestión, porque no es exigible ni cuantificable osea que en realidad no existe en este país.
También tenemos la “voluntad política”, que tampoco sabemos muy bien lo que es, no está reglado, no es exigible y tiene relación con la caladura moral y educación del político o política en cuestión.
No parece que tenga mucho sentido que en un estado democrático de calidad, dependa de criterios de ese tipo la vida de millones de personas.
LA DIVISIÓN DE PODERES
Es también un principio para valorar la calidad democrática. Se exhibe en los grandes discursos, tan escasos ya, pero no tiene un desarrollo legal suficiente ni una protección frente a su vulneración acorde con la importancia de este principio.
La intromisión del poder ejecutivo es cada vez mayor en el resto de poderes, y nada se hace desde las estructuras del estado porque no hay una previsión legal suficiente para combatir los ataques a la independencia de los distintos poderes.
Todavía el poder judicial goza de algo de independencia a pesar de que no hay una ley que garantice el nombramiento independiente de los miembros del CGPJ; ni de los presidentes de las Audiencias o miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.
Tampoco hay una ley que prohíba las “puertas giratorias” ni educación ni conciencia para no usarlas y nada se hace porque nada se puede hacer. Vemos cada vez de forma más frecuente y normalizada, aberraciones como fiscales generales del estado provenientes de partidos políticos, hasta una ministra de Justicia, y nada se hace.
El grupo GRECO es un órgano del Consejo de Europa para mejorar la capacidad de los estados miembros en la lucha contra la corrupción y que fue creado ya hace unos años, el 1 de mayo de 1999 formado por 17 países europeos y actualmente, está formado por los 47 estados miembros del Consejo.
Detalla en sus informes todos los años las carencias y puntos débiles del sistema español, haciendo alusión a las puertas giratorias, nombramientos por políticos de cargos judiciales etc., pero no debemos ser europeos en ese sentido porque no se les hace ni caso.
El poder ejecutivo se funde con el poder legislativo que no tiene ningún margen de actuación propia e independiente. El ejecutivo propone y aprueba con su mayoría parlamentaria de margaritas amarillas, leyes que cuentan con más de una veintena de informes en contra, entre ellos los del Consejo General del Poder Judicial.
La mal llamada «ley del sí es sí», que debería llamarse ley de “porque sí, o porque lo digo yo”, fue aprobada a pesar de tener 22 informes, que revelaron los defectos y las posibles consecuencias.
Entre ellos los conocidos dictámenes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Consejo Económico y Social y la Agencia Española de Protección de Datos, organismos democráticos que no se han tenido en cuenta para frenar la aprobación de la ley o modificar su texto, y que evidencian la falta de espíritu democrático de un sistema donde el poder legislativo, debería por si solo tener capacidad para frenar la aprobación de una ley que cuenta con tantos informes en contra, pero eso sería en una democracia de calidad donde existiera ese poder de forma independiente al ejecutivo.
LA JUSTICIA COMO VALOR SUPERIOR DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
Así lo dice la Constitución Española, lo que no se sabe bien es en que se concreta ese valor superior estando como estamos. Lo cierto es que esos valores superiores ni están garantizados ni protegidos suficientemente y en la actualidad, la situación es que la Justicia no aparece ni en los programas electorales, ni se la nombra en la televisión ni se habla de ella, salvo algún caso sangrante que alimente el morbo de los espectadores de los programas del corazón y similares.
La saturación de los juzgados, la falta de medios, de organización, de equipos humanos y técnicos, etcétera, etcétera…, es ya una situación enquistada en el tiempo que no parece importar a ningún responsable.
Y nada se hace porque no hay una previsión legal para brindar la atención a los servicios esenciales de los ciudadanos como es la administración de justicia.Se sigue gastando el presupuesto para plantar margaritas amarillas.
El abandono del Turno de Oficio es reflejo de la existencia de reductos de sistemas esclavista y clasista ,donde no ha llegado la democracia y donde se desprecia al abogado de oficio y se le obliga por poco dinero, a realizar un trabajo que debería estar remunerado en más del doble. Tampoco el trato al Turno de Oficio es propio de un estado democrático y social donde se proclama la justicia como un valor superior.
En el Turno de Oficio vemos plantar margaritas amarillas desde hace años, mientras que llevamos desde el 2003 sin que ni siquiera se incremente el IPC de los baremos que abonan nuestro trabajo. Asi es la catadura moral de nuestros políticos, su “voluntad política” y su nula “conciencia democrática”.
El Turno de Oficio atiende a más de 2 millones de personas cada año y la retribución media es de 170 euros por expediente.
Esto es desde que nos designa el colegio hasta la sentencia, pueden pasar más de dos o tres años con obligación de realizar todas las actuaciones mientras tanto. Debemos abonar el transporte, las dietas, la seguridad social, el teléfono, en definitiva todos los gastos del trabajo y además se nos descuenta un 15 % de IRPF, por si fuera poco.
Los políticos desfilan por los colegios de abogados, al menos por el de Madrid, en época de elecciones. Todos alaban nuestra función y su importancia, nuestra vocación y nos respetan mucho, eso dicen.
Alguno habla de la importancia del derecho de defensa, pero ninguno habla de sus obligaciones. No muestran tener mucha idea de en qué consiste el Turno de Oficio, que funciones hace, a cuanta gente atiende, que tipo de casos entran, cuanto se abona, cuanto tiempo empleamos, el trabajo que lleva cada caso, etc., ni lo saben ni parece que les importa.
Van a presentar su programa, a reconocer lo bien que trabajamos gratis y a tomarse un café y hacerse alguna foto presumiendo de la calidad de la justicia pública a costa de los abogados ya que se nos abonan un 5 % del precio de mercado del asunto.
Hablan de generalidades, se culpan unos a otros y prometen subidas del IPC y “dignificación”,que no deben saber lo que es. Hablan de que tienen voluntad política y bla bla bla, luego el que gana las elecciones y controla el presupuesto, porque parece que solo para eso quieren ganar las elecciones, vuelve a plantar margaritas amarillas o azules o lo que sea antes de cubrir servicios públicos.
Aquí no pasa nada, parecemos todos muy contentos, democráticos y sociales, aunque en realidad nos falta bastante para ser un país con una buena calidad democrática, de momento solo tenemos un país lleno de margaritas amarillas.
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