Firmas
Maltrato institucional a la Justicia y a los abogados de oficio
Begoña Trigo, abogada y presidenta de la Asociación Española de Juristas Independientes, analiza en su columna la situación que sufre el colectivo, en el marco del día de la Justicia Gratuita, que se celebrará el próximo 12 de julio.
08/7/2023 06:30
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Actualizado: 10/7/2023 12:14
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La imagen que se tiene de los abogados en España, se debe, en gran parte, a la influencia de las películas de Hollywood.
No es que fuera una ficción lo que en ellas se mostraba cuando aparecían los abogados en los tribunales, y se hablaba de unas minutas por minuto estratosféricas, era real.
Incluso sorprendían también los honorarios de los abogados oficio que algunas películas de los años 80 ya estimaban en unos 80.000 dólares.
En Estados Unidos, desde hace años, los abogados son un colectivo respetado y valorado, reconocido sobre todo, por su labor en la defensa de los derechos civiles a partir de los años 50.
En España, los ciudadanos aún no saben cuales son sus derechos civiles o constitucionales. Los medios de comunicación y el cine, nutridos del mismo espíritu, tampoco ven en ello un tema interesante para tratar, aunque sea solo por democratizar el conocimiento de los derechos.
Pero, como digo, están nutridos de otro espíritu y sus inquietudes no comulgan con algo tan aburrido como crear conciencia social, o mejorar la democracia, o cosas así. Su conocimiento sigue estando relegado a un grupo minoritario, a los juristas.
Prueba de ello es que cualquier jurista que hable con su vecino de un derecho básico, puede observar el desconocimiento por parte de la ciudadanía de sus derechos más esenciales, sus derechos constitucionales. Y los que algo saben, lo comentan con un esfuerzo como si estuvieran examinándose, desde luego no con una actitud de hablar de algo cercano, respetado y apreciado.
Una afección distinta a la de los ciudadanos de otros países, Estados Unidos por ejemplo, que hablan de sus derechos civiles con gran devoción y respeto, conociéndolos más o menos.
También se puede observar la actitud reacia que hay en España a acudir a un abogado, salvo cuando el problema es prácticamente irremediable, cuando se cae la casa en pedazos, que es cuando vienen a los despachos.
La abogacía preventiva no está ni mucho menos instaurada en la conciencia de este país, ni la preventiva ni otra que no sea la de absoluta emergencia.
No tenemos educación democrática, no nos han enseñado a conocer y hacer valer nuestros derechos, y más en estos tiempos. Desde hace años, los centros de educación han pasado a ser solo de formación, delegando en los padres la tarea de crear ciudadanos.
Francia y cualquier país con una valoración de derechos consistente para llamarse democrático, utiliza las escuelas para ese fin, pero nosotros somos España y aquí la democracia significa otra cosa.
En España, y volviendo a lo de Hollywood, hay desde luego otra película. La media mensual que cobra un abogado de oficio es de unos 800 euros, dependiendo de los turnos a los que esté adscrito.
Para ganar ese dinero tiene que desempeñar un trabajo que, a precio de mercado, supondría unos ingresos de unos 10.000 euros.
Imaginemos que es un abogado francés o inglés o americano, el trabajo desempeñado a precio de mercado sería más o menos el doble, unos 20. 000 euros.
Cuando se habla de justicia gratuita en España, lo que se quiere decir es justicia gratuita para el Estado, que abona entre un 5 y un 10% del precio de mercado.
El abogado asume el resto, un 90% del coste de la justicia gratuita.
REIVINDICAMOS EL PAGO DE LOS GASTOS Y LA ACTUALIZACIÓN DEL IPC
A lo anterior hay que añadir otras circunstancias que agravan la situación a los profesionales de oficio.
Tenemos que abonar los gastos de trabajo con lo que llaman indemnización, no salario, no vaya a ser que nos tengan que reconocer algún derecho laboral.
Los gastos de transporte, parking, dietas, teléfono etc. También los gastos de cobertura social, bien por el pago de las cuotas a la Mutualidad/Compañía de Seguros (parece que nos hemos enterado ahora que tiene doble naturaleza), o al RETA.
Se ha hablado mucho recientemente sobre la situación en que quedan los los mutualistas en el momento de la jubilación, como otro problema añadido. Ello debido a la doble naturaleza de la entidad, como el doctor Jekyll y mister Hyde.
Como compañía de seguros (mister Hyde) por una parte, en el momento de la jubilación no tenemos una pensión como tal, sino la posibilidad de rescatar el fondo de una vez, con una fiscalidad como la de rendimientos de trabajo, posiblemente sobre el 40%,
También se puede rescatar en varias veces hasta que se acabe el fondo, o como renta vitalicia cobrando una media de unos 300 euros al mes, dependiendo del caso, para las aportaciones mínimas, parece ser la mayoría, y sin actualización del IPC.
Sin embargo, no se puede rescatar el fondo en cualquier momento, sino que hay que esperar a la jubilación, a diferencia de otras compañías de seguros y ello por su vertiente de Mutualidad (doctor Jekyll), de la que tiene el nombre y la cara amable y poco más ya, porque el fin de dar cobertura a sus mutualistas no parece ser el prioritario para regir sus decisiones.
Si fuera así, los mutualistas preferiríamos tener 5.000 millones de capital y destinar el resto a obtener una renta digna asegurada para todos nuestros compañeros, a tener 10.000 millones de capital y una situación verdaderamente dramática para decenas de miles de abogados que vivimos con una gran incertidumbre por no tener una cobertura social suficiente en la jubilación.
Pero como digo, parece que se ha apoderado mister Hyde de la entidad.
Confío en que habrá algún tipo de acuerdo entre las partes implicadas.
A los mutualistas nos deben dejar rescatar nuestro fondo, ya que la mutualidad se rige como una compañía de seguros en parte, que sea para beneficiarnos y no al contrario.
Tenemos derecho a decidir libremente dónde queremos invertir y los que prefieran no rescatarlo, que se les ofrezca la posibilidad de hacer lo que han llamado la pasarela al RETA, para garantizar el derecho a tener suficiencia económica.
La Constitución Española establece en su artículo 50 .
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
No se entiende en qué estaban pensando cuando autorizaron legalmente a la entonces Mutualidad de la Abogacía a ofrecer servicios en condiciones que no llegan ni a la pensión mínima del RETA, que no son alternativos a nada y que no cumplen con los requisitos constitucionales de garantizar un mínimo de suficiencia económica.
Por otro lado, los profesionales de oficio estamos hartos de la situación de maltrato institucional. Es urgente que se establezca por ley la actualización del IPC de los baremos en toda España.
El IPC del año 2022 fue de un 5.7%. Los abogados vemos encarecidos todos los productos sin cobrar más por nuestros servicios.
No se han actualizado los baremos desde el año 2003. Situación claramente discriminatoria respecto a otros trabajadores, siendo el Estado el que tiene que sufragar los gastos por el desempeño de la función, abonar todos los gastos afectos a la actividad, como no puede ser de otra forma, pues bien lo pagamos los abogados.
Entre ellos, los de cobertura social para el desempeño de la función.
No es lógico que con cantidades de media de unos 170 euros por un expediente que dura varios años, debamos realizar todas las actuaciones con una exigencia intolerable, y tengamos además que abonar todos los gastos y la cobertura social.
Son todas estas, medidas razonables que se reivindican desde la Asociación Española de Juristas Independientes, que tengo el honor de presidir.
Son necesarias y urgentes, para lograr un mínimo de dignidad en el desempeño de nuestro trabajo, que es esencial y que sirve para el desarrollo de los derechos de toda la ciudadanía.
LA JUSTICIA PÚBLICA
La justicia gratuita es un servicio público y debería, por ello, llamarse justicia pública, como la sanidad pública o la educación pública.
No se dice de la sanidad o de la educación que son gratuitas, sino públicas.
Tampoco sale en los medios de comunicación cuando cobran los profesores o los sanitarios. Sin embargo, sí se anuncia con bombo y platillo cuando se hacen las transferencias a los colegios de abogados, normalmente varios meses después del momento del devengo, y ello como dando a entender el gran esfuerzo que hacen por dar una limosna a los ciudadanos para que los abogados les defendamos.
Es, desde luego, vergonzoso.
El único esfuerzo de todos, y digo todos los partidos, es por mantener a la justicia pública en una situación de maltrato institucional y precariedad que dificulta no solo la subsistencia de los profesionales, sino también la democratización de la justicia.
Como diría una compañera navarra, no son más que unos “roscachapas” -los que continuamente giran su boina-, presumen sin criterio de una gestión y organización que es nefasta desde el punto de vista del bien social y desarrollo democrático, y absolutamente insostenible si se piensa en los derechos de los profesionales que desempeñamos esa tarea.
Otro punto de vista que no es el mencionado, inspira la decisión de desatender la justicia.
Supone una barbaridad y un insulto presumir y difundir como un logro un pago miserable para la justicia pública, lo hacen en una muestra más del poco respeto que tienen a los profesionales de oficio y a los ciudadanos.
La importancia de la justicia es esencial en un Estado de Derecho, pero no en España, donde la democracia no ha llegado todavía a la Administración de justicia, ni en el reconocimiento de su importancia ni por supuesto en la dotación de medios suficientes para garantizar el desarrollo de una función esencial.
La justicia gratuita debería llamarse justicia pública y respetarse como tal, porque desarrolla una función esencial en nuestro Estado de Derecho.
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