Ministros y altas autoridades iberoamericanas se reunieron ayer en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para analizar cómo facilitar el acceso a la justicia y qué cambios plantea la Convención Iberoamericana dedicada a este derecho en el marco del “Diálogo sobre la Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia”.
La jornada, organizada por el ICAM y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), reunió a representantes de gobiernos, Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en un momento clave: a una semana de la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.
La apertura estuvo a cargo del anfitrión, el decano del ICAM, Eugenio Ribón, el secretario general de la COMJIB, Enrique Gil Botero y Michelle Muschett, subsecretaria general de Naciones Unidas y directora regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe.
El encuentro comenzó con un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo.
El debate ha partido de la Convención adoptada el 5 de marzo en Panamá por la XXIV Asamblea Plenaria de la COMJIB. Su objetivo es establecer garantías comunes para que todas las personas puedan defender sus derechos, especialmente quienes encuentran más obstáculos para hacerlo.
Gil Botero destacó que el texto refleja el compromiso de los países iberoamericanos con una justicia centrada en las personas. Pero ha advertido de que el reto es convertir esos principios en mejoras concretas.
Para ello, defendió dar a conocer la Convención y promover su ratificación, el procedimiento por el que los Estados aceptan formalmente quedar vinculados por ella, junto con la implicación de las instituciones y los profesionales jurídicos.
Ribón subrayó que el acceso a la justicia exige más que disponer de tribunales: también requiere información comprensible, orientación y defensa.
“Un tribunal al que nadie sabe cómo llegar, cuyas sentencias nadie entiende o ante el que se comparece sin defensa no es accesible, por muy abiertas que tenga las puertas”, afirmó.
El ministro de Educación y Cultura de Uruguay, José Carlos Mahía; el viceministro de Derechos Humanos de República Dominicana, Noel Sued; y el subprocurador general de Justicia de Nicaragua, Denis Sánchez, intervinieron en una mesa sobre las medidas que pueden impulsar los gobiernos para que la ciudadanía pueda conocer y defender sus derechos.
Después, representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil debatieron cómo contribuir a que el acceso a la justicia esté garantizado en la práctica.
Las organizaciones participantes fueron la OCDE, el PNUD, la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO), la Organización Internacional de Juventud, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, la Organización de Estados Iberoamericanos, ANADEP y la Alianza Iberoamericana para el Acceso a la Justicia.
Garantías comunes para acceder a la justicia
La Convención Iberoamericana de Acceso a la Justicia fue adoptada en marzo de 2026 por la XXIV Asamblea Plenaria de la COMJIB, celebrada en Ciudad de Panamá. La organización la presenta como el primer instrumento regional de su naturaleza.
Su propósito es establecer un marco de garantías mínimas compartidas por los países iberoamericanos, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
El texto aborda la igualdad, la no discriminación y los obstáculos que dificultan el acceso a la justicia. También contempla la adaptación de los sistemas judiciales a los cambios tecnológicos y sociales.
La Convención busca que los compromisos en estas materias se conviertan en obligaciones jurídicas para los Estados que pasen a formar parte de ella.
Una apuesta del ICAM
Durante el encuentro, el ICAM y la COMJIB formalizaron un convenio de colaboración, coincidiendo con el establecimiento de la Secretaría General de la organización en el Colegio.
El convenio coincide con la incorporación al ICAM del gabinete del secretario general de la COMJIB, Enrique Gil Botero, que trabajará desde la sede del Colegio.
La organización reúne a los ministerios de Justicia e instituciones equivalentes de veintidós países.
Con este paso, el ICAM busca consolidar su sede como un lugar de encuentro permanente entre abogados, responsables públicos y organizaciones jurídicas de Iberoamérica.
“Quienes diseñan las políticas de justicia y quienes acompañamos a las personas ante los tribunales vamos a trabajar puerta con puerta”, ha afirmado el decano, Eugenio Ribón.
Una colaboración que va más allá de proyectos puntuales
El acuerdo incluye iniciativas para fortalecer el Estado de derecho —el sometimiento de ciudadanos e instituciones a la ley—, mejorar la cooperación jurídica entre países y facilitar el acceso a asesoramiento y defensa.
También contempla la formación continua de los abogados, la digitalización de los servicios jurídicos y la colaboración en arbitraje y otras vías para resolver conflictos sin acudir a juicio. Ambas instituciones podrán intercambiar información, resoluciones judiciales y experiencias, además de organizar congresos, seminarios y foros.
La alianza da continuidad a proyectos del ICAM como el primer Congreso Iberoamericano de Arbitraje y Negocios celebrado en Madrid, los acuerdos con universidades y colegios de abogados de Argentina, Uruguay y Chile, y las iniciativas para promover un lenguaje jurídico comprensible.
“La COMJIB da a todo ello un socio institucional de primer nivel y un horizonte común. Con ella, esta agenda deja de avanzar proyecto a proyecto y se convierte en una alianza”, ha señalado Ribón.
