Amenazas

Muchos de estos casos de amenazas acaban en los tribunales tras las denuncias interpuestas por parte de los abogados.

El procesado abrió el 31 de marzo de 2017 una cuenta en YouTube en la que colgaba sus vídeos con acceso libre y gratuito.

Un agente de policía relató que la agresión estaba relacionada con la etnia y nacionalidad de las víctimas.

La sentencia ha contado con el voto particular porque 7 de los 16 magistrados no estaban de acuerdo con la decisión.

Según el escrito de acusación, guardia civil le pidió al propietario 85.000 euros como condición para no revelar esa información. 

Inmaculada Alcolea es una denunciante pública del "independentismo dentro de la policía autonómica catalana".

Ha solicitado que de forma cautelar se le imponga la prohibición de acercarse a él a menos de 500 metros.

El letrado que sufrió estos hechos está "contento porque por fin se ha hecho Justicia", aunque le hubiese gustado también una orden de alejamiento.

La prohibición de atribución de la guarda y custodia se circunscribe al supuesto en que haya recaído sentencia firme condenatoria.

Su entrega a España fue rechazada en primera instancia en 2019 y de nuevo en segunda instancia por el Tribunal de Gante el pasado mes de diciembre.