El Real Decreto-ley 8/2019 de medidas urgentes para la lucha contra la precarización del mercado laboral sigue cojo. No existe el necesario reglamento.
La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea sugiere una posible intencionalidad política en la acusación y el TSJM le garantiza que "jamás" lo consentiría.
