Asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia restan importancia al anuncio realizado este lunes por el ministro de justicia en funciones, Rafael Catalá, sobre el cumplimiento del plazo que daba la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para la clasificación de las causas penales en complejas o no complejas.
Afirman que no se les ha informado de estos datos y que el problema de fondo sobre la lentitud de la justicia es la falta de medios.
Desde la Asociación de Fiscales, Emilio Frías ha señalado a Europa Press que si hace una semana le hubieran dicho que se cumpliría el plazo de revisión -fundamental para establecer si un juez dispone de 6 o 18 meses para instruir un procedimiento-, hubiera desconfiado, si bien la cuestión cambió cuando desde la Fiscalía General se dio una instrucción el miércoles pasado para realizar esta labor en bloque, «manera rápida, no precisa y con menor detalle».
«El problema de la ley es que fue un parche, cuando lo que se tenía que haber hecho es dar la instrucción a los fiscales, porque quien no controla el proceso no debería controlar los plazos», señala Frías.
La asociación mantiene la cautela respecto a los datos ofrecidos por el Ministro porque los vencimientos se siguen produciendo, ya que otras causas deberán ser clasificadas antes de hoy día 7, del 8 o del 9 de junio y lo que hay que mejorar son los instrumentos digitales con los que se cuenta para realizar esta labor.
También se ha mostrado muy crítico el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, que critica que para llegar a tiempo al plazo se haya optado por pedir que todas las causas que quedaban pendientes hace una semana se clasifiquen como complejas.
«Pero revisar una causa es más que eso, significa ‘precalificarla’ y pedir unas diligencias de las que pueden derivar otras diligencias», advierte Viada, que augura que la puesta en marcha de esta reforma producirá que se archiven muchos procedimientos en los próximos meses. «En dos años esto habrá servido para agilizar la justicia de manera inapropiada, porque esta manera de hacer las cosas no es científica», lamenta.
Por lo que se refiere a los letrados judiciales, para SISEJ, que tampoco conoce de forma oficial los datos ofrecidos por Justicia a la prensa, el asunto se ha abordado mal desde el principio y era necesario un mayor plazo para revisar las causas pendientes. Rafael de la Fuente asegura que los antiguos secretarios hicieron sus deberes pasando el listado de causas a los fiscales, pero desconoce lo que ocurrió a partir de este momento.
OPINIÓN DE LOS JUECES
Los jueces también desconocen, a nivel asociativo, los datos ofrecidos por Catalá en rueda de prensa, y tampoco tienen constancia formal de que se hayan cumplido estrictamente los trabajos.
«Tampoco tenemos motivo para poner en duda una afirmación tan drástica del Ministro, pero para comprobar a que se refiere tendrá que verificarlo la Fiscalía General del Estado» apunta el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez Padrón.
Para la asociación mayoritaria de jueces el problema de la lentitud de la justicia «no se soluciona imponiendo por ley una limitación del tiempo de instrucción», según ha dicho Rodríguez..
Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, también hace una valoración negativa de lo ocurrido, pues los fiscales «se han visto obligados a realizar formularios uniformes solicitando la complejidad», lo que significa que «todo cambia para que todo siga igual», ya que las causas siguen existiendo y deben seguir instruyéndose.
Raimundo Prado, de la asociación Francisco de Vitoria, ha señalado a Europa Press que la clasificación no era un asunto tan complicado y piensa que se le ha dado «demasiado bombo» mediático.
«No nos engañemos el tema es que al final el cuello de botella es que hay muy pocos jueces -afirma Prado-. Unos 2.000 jueces están en los juzgados penales y el año pasado entraron 8 millones de asuntos a estos juzgados.
Desde Foro Judicial Independiente, su portavoz, Conrado Gallardo, entiende que afirmar, «como hace el ministro, que todas las causas penales han sido revisadas, es una grave deformación de la realidad. Es público y notorio que en centenares de causas se han emitido dictámenes generales y uniformes sin atender al caso concreto».
«Es una demostración», continúa, «del fracaso de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ya advertimos de que si no se proporcionan medios los juzgados, se crearían autopistas hacia la impunidad de numerosos delitos. Es tieso de que el señor Catalá de explicaciones a la opinión pública ante la grave situación creada». EP.
