La coalición Proacceso, formada por más de 60 organizaciones y actores de la sociedad civil, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que se comprometan a garantizar la transparencia y el pleno acceso a la información de los público en España, ajustándose a los 10 principios defendidos por la esta coalición desde el año 2006.
Proacceso ha instado a las fuerzas políticas a que incluyan en sus programas como área de reforma prioritaria las necesarias mejoras en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno para que se adecúe a los estándares internacionales.
Dos miembros principales de Proacceso son Manuel Sánchez de Diego, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, y Antonio Rubio, uno de los grandes periodistas de investigación de nuestro tiempo, exsubdirector del diario El Mundo, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y director del Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de esa universidad.
«Si queremos una sociedad democrática y avanzada tiene que haber transparencia e información desde las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque el acceso a la información promueve la confianza entre la ciudadanía y la participación pública de esos ciudadanos. Es tan simple como eso», explica Sánchez de Diego.
«En 2013 se aprobó una Ley de Transparencia que llegó tarde y quedó corta. Ni mucho menos responde a los estándares internacionales. Es una ley con límites que se han convertido en grandes pantallas de opacidad. El problema es que, desde la Administración, desde los partidos políticos, no se creen lo de la transparencia», añade. «Es nuestra gran asignatura pendiente. Queremos que los partidos políticos reapoderen a los ciudadanos. La información en manos públicas en información de todos».
Rubio coincide plenamente con el diagnóstico de Sánchez de Diego. «No hay mentalidad de transparencia en España. Los funcionarios y la Administración tienen que contestar a las preguntas de los ciudadanos. Porque la Administración es de todos los ciudadanos que la pagamos y la sostenemos, con el dinero de nuestros impuestos. No de los funcionarios».
Éste periodista de investigación tiene muy claro que el mejor antídoto contra la corrupción es, precisamente, la transparencia y el acceso a la información.
«El PSOE, en dos legislaturas, nunca aprobó su ley. Luego llevó el PP, que hizo la suya, descafeinada. En España tenemos un problema grave: la corrupción. Para luchar contra ella hace falta una auténtica ley de transparencia. Es como la prueba del algodón. Porque sin transparencia no puede haber democracia», agrega Rubio.
El decálogo de la coalición Proacceso resume muy bien este planteamiento:
- El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona.
- El derecho de acceso a la información se aplica a todas las entidades públicas, a todos los poderes del Estado y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas.
- El derecho de acceso a la información se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.
- Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito.
- Los funcionarios tienen la obligación de ayudar a los solicitantes.
- Principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción.
- Las denegaciones de acceso a la información deben ser limitadas y estar debidamente motivadas.
- Toda persona tiene el derecho a recurrir las denegaciones de acceso o la no contestación a las solicitudes realizadas.
- Las entidades públicas, a iniciativa propia, deben poner a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.
- El derecho de acceso a la información debe ser garantizado por un órgano independiente.
