Emilio Frías, portavoz de Asociación de Fiscales (AF)
En primer lugar es necesario felicitar la iniciativa de poner en funcionamiento un nuevo espacio informativo dedicado al mundo de la actualidad legal. Es imprescindible agradecer además la invitación a participar que se realiza a la Asociación de Fiscales.
Voy a tratar de explicar lo que realmente es el Ministerio Fiscal en España y la necesidad de que asuma la investigación de los delitos.
El Ministerio Fiscal es el gran desconocido del Poder Judicial en España, sus funciones desconocidas, su participación en asuntos de carácter social o asistencial imprescindible así como la formación y dedicación de los fiscales total e intencionadamente ignoradas. Se olvida que la Constitución y la ley encuadran al Ministerio Fiscal dentro del Poder Judicial porque forma parte del mismo como ocurre en todos los países continentales, se desconoce que en muchas ocasiones el Ministerio Fiscal es la única voz en defensa de los desfavorecidos o necesitados y que funciona como cláusula de cierre del sistema asistencial y de protección del Estado de bienestar. Sin embargo se quiere ignorar que la formación y oposición de acceso es idéntica, de hecho la misma, a la de los jueces así como que constitucionalmente no queda sujeto en modo alguno a la voluntad del Ejecutivo.
Dice la Constitución que el Ministerio Fiscal actúa conforme a los principios de legalidad e imparcialidad, esto es claro, la actividad de todos los fiscales queda sujeta a la Ley únicamente y su actuación ha de realizarse sin tener en cuenta los diversos intereses de las partes distintos al Estado de Derecho. Es cierto, igualmente queda condicionado a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, pero estos no son principios de funcionamiento sino instrumentales para garantizar los dos primeros.
El Ministerio Fiscal defiende a la Sociedad española y lo hace en todo el territorio por lo que debe hacerlo del mismo modo en cualquier parte, de ahí la unidad de actuación, el ciudadano sabe, o debiera saber, la postura del fiscal en cada caso. Esa es una de las diferencias con los jueces, los fiscales, cualquiera de ellos, debieran decir lo mismo en todo procedimiento aunque los jueces puedan decir cosas distintas dentro incluso de la misma localidad, eso que tanto se critica a los jueces se encuentra solucionado en el Ministerio Fiscal, puesto que la unidad de actuación es el instrumento para defender la legalidad. Indudablemente con cerca de 2.000 fiscales en España es preciso fijar pautas comunes a todos nosotros y de ahí la dependencia jerárquica que permita armonizar las diversas posturas y dar pautas generales con el fin de poder dar seguridad jurídica a la actividad diaria del Ministerio Fiscal.
Solamente con ver la cantidad de circulares e instrucciones de la Fiscalía General del Estado y su variopinto contenido se podrá comprobar que por medio de la dependencia jerárquica se trata de garantizar que todos los fiscales actúen del mismo modo para garantizar la aplicación correcta de la ley sin importar a quien beneficie, esto es el esquema previsto en nuestra Constitución. En el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no se prevé en ningún momento la vinculación del Fiscal al Gobierno y dota a los fiscales de los instrumentos necesarios para evitar abusos de la dependencia llegando a permitir que en los informes orales se pueda actuar con absoluta libertad.
Las malintencionadas criticas que se hacen al Ministerio Fiscal y a los fiscales en estos días se debe al modo de nombramiento del Fiscal General del Estado que es por parte del Gobierno, pero como hemos dicho el Fiscal no queda sujeto al mismo en modo alguno, su dependencia es idéntica a los magistrados del Constitucional a propuesta del Gobierno y si desempeñan su encargo de manera indebida, unos u otro, no se debe a que deban obedecer al poder político sino a su indebido proceder pero nunca a que los fiscales formen parte de la Administración como si de un ministerio ordinario se tratara.
Lo dicho hasta ahora me permite afirmar que el Ministerio Fiscal se encuentra preparado para asumir la investigación de los delitos en España, quien acude a un juicio es quien debe buscar las pruebas para sostener sus pretensiones y no un tercero, en el sistema actual quien se sirve de las pruebas, el fiscal, no es aquel que las busca y quien las busca es quien vela por garantizar los derechos de los investigados, resulta increíble que el juez de instrucción que investiga un tráfico de drogas y ordena la intervención telefónica es al mismo tiempo quien garantiza los derechos de las partes, resulta imprescindible separar ambas figuras de investigador y garante como ocurre en el resto de Europa.
Pero la investigación requiere de determinadas reformas previas como sería el auténtico control de la policía judicial por parte del Ministerio Fiscal dejando ésta de depender del Ministerio del Interior, reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal con objeto de garantizar que la independencia del Fiscal respecto del Gobierno y del fiscal investigador respecto de su jefe sea además de formal indiscutiblemente material y claramente percibido por el ciudadano, y cómo no para evitar que tal reforma sea un fracaso resulta imprescindible dotarnos de un nuevo sistema procesal más ágil y de los medios materiales y personales suficientes.
