El 4 de diciembre se ha cumplido un año desde la constitución del Consejo General del Poder Judicial conformado según la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 28 de junio de 2013, reforma que en estos momentos se encuentra pendiente de la resolución de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la misma.
El balance, aunque esperado, no puede ser más desilusionante como consecuencia de los límites y trabas a su funcionamiento impuestos por la citada norma.
Como era previsible, y se puso de relieve en la mayor parte de los informes que se emitieron durante su tramitación, incluidos los del propio CGPJ, se han conformado dos categorías de Vocales con claras diferencias entre ellos, por un lado, los que forman parte de su Comisión Permanente, y por otro el resto de Vocales, que de forma sorprendente han de subordinar la mayor parte de sus actividades a la aprobación de la Comisión Permanente.
No parece que esa fuera la voluntad del Constituyente, que expresamente habla de veinte Vocales, sin hacer distinciones entre los mismos. Si se consideraba que ese número de Vocales era excesivo, la respuesta hubiera sido, o pudiera ser en el futuro, una reforma Constitucional, pero no acudir, como se hizo, a una modificación de la Ley que ha propiciado un funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial más cercano al de una Dirección General, que al de un órgano constitucional, con función tan relevante como es garantizar la independencia del Poder Judicial.
Frente a lo que es una norma básica en el funcionamiento de cualquier órgano colegiado, se ha trasladado el centro de gravedad del Consejo General del Poder Judicial, del Pleno, que debería ser el motor del mismo, a la Comisión Permanente, con lo que queda muy menoscabada cualquier posibilidad de tomar medidas, y sobre todo, de impulsar el necesario liderazgo en el ámbito de políticas judiciales, que permitan una justicia más ágil y eficaz para garantizar el servicio público adecuado a los ciudadanos y permitir unas condiciones de trabajo adecuadas, en que los miembros del Poder Judicial puedan realizar su función de manera adecuada e independiente.
Los acontecimientos ocurridos en los últimos días con la renuncia de una Vocal miembro de la Comisión Permanente, no han hecho sino poner de relieve la fragilidad actual del Consejo General del Poder Judicial, fragilidad que no se va a superar con reformas, como las que desde el propio órgano parecen apuntarse respecto el incremento de dos Vocales más miembros de la Comisión Permanente.
En este breve balance de la actuación de nuestro órgano de gobierno, según la norma y criterios de funcionamiento que se le han impuesto, se echa de menos la adopción de medidas tendentes a paliar las condiciones de trabajo de los órganos judiciales, la mitad de los cuales según los propios estudios del Consejo General del Poder Judicial están muy por encima de los estándares razonables que pueden asumir, sin menoscabo del derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva.
Nunca deben olvidar los poderes públicos que la Administración de Justicia es un servicio público que tiene como finalidad primordial tutelar de manera ágil y eficaz los derechos de los ciudadanos, y esa tutela, con esas características, es difícil de prestar cuando los juzgados y tribunales están sobrecargados de trabajo, y mucho más en momentos de crisis económica en que los jueces están siendo la punta de lanza en la lucha contra la corrupción y en la adopción de resoluciones que traten de mitigar las consecuencias de la crisis (desahucios, reforma laboral, cláusulas abusivas, entre otras muchas).
Somos muchos los que hemos considerado siempre que los problemas de la Justicia tienen que resolverse en el marco de un pacto de Estado, y no por imposiciones derivadas de una mayoría absoluta, como ocurrió con la reforma hoy vigente del Consejo General del Poder Judicial y está ocurriendo con su propio funcionamiento.
En esa perspectiva del diálogo y consenso parece más necesario que nunca abordar un nuevo marco normativo del órgano de gobierno de los jueces que sea un reflejo real de lo que la Constitución quiso que fuera. Si así no se hiciera, el alejamiento ya existente entre el Consejo General del Poder Judicial y la ciudadanía y los jueces, será cada día mayor.
