Las pesimistas previsiones contenidas en los informes en su día emitidos a la reforma del órgano de gobierno de los jueces –CGPJ-, se van haciendo realidad.
La reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) inspirada por el anterior Ministro de Justicia, y aprobada exclusivamente con los votos del Partido Popular, tenía un único objetivo: evitar que los Vocales de un Consejo pudieran tener opiniones propias, e impedir, como en su día ocurrió, que pese al apoyo ministerial explícitamente proclamado por el Ministro Gallardón, el entonces Presidente Carlos Dívar, fuera obligado a dimitir.
Para evitar que tal “desviación” pudiera volver a repetirse, e incumpliendo la promesa electoral del PP sobre el sistema de elección de los Vocales del CGPJ, se diseñó un modelo de Consejo, de carácter netamente presidencialista, absolutamente limitado en sus competencias y funcionamiento, de tal forma que la función esencial para la que constitucionalmente fue creado, garantizar la independencia de juezas/ces y magistradas/os, quedara considerablemente limitada.
Un año después, las consecuencias tan negativas de la reforma se ponen abiertamente de manifiesto. El actual Ministerio de Justicia, Rafael Catalá, con otro talante y disposición, muy distintas a las del anterior, tiene que decidir sobre la petición del propio Consejo de que su Comisión Permanente amplíe en dos el número de sus miembros, petición que pone de manifiesto la deficiente configuración del modelo actual.
Y a partir de aquí, son múltiples los ejemplos de ese deficiente funcionamiento, impuesto por una norma legal, cuya constitucionalidad (en mi opinión más que dudosa) está pendiente de pronunciamiento ante el Tribunal Constitucional.
Desde la célebre frase de que a los jueces hay que tratarles con el palo y la zanahoria, conviene recordar actuaciones que han tenido amplio seguimiento en los medios de comunicación y que son demostrativas de un panorama no precisamente alentador:
– Trece Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo solicitan al Presidente del Tribunal Supremo que dé cauce ante el Presidente del Gobierno, a su preocupación por las posibles injerencias a su labor jurisdiccional, derivadas de la actuación de responsables políticos. Dicho escrito ni siquiera fue trasladado como se había solicitado.
– Denegación de la solicitud de amparo formulada por iguales motivos, por parte de los Magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional.
– No renovación anual de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sin atender las previsiones legales, lo que ha conllevado una importante fractura del órgano, habiendo formulado siete Vocales votos particulares de enorme contundencia, denunciando el carácter presidencialista del sistema.
– Desprotección de casi cuatrocientos jueces de las últimas promociones, que prestan sus servicios en una situación de provisionalidad e incertidumbre, difícilmente compatible con la función que realizan.
– Ausencia de cualquier medida real que permita la agilización de la justicia, para tratar de paliar la sobrecarga de los órganos jurisdiccionales sobre todo en la primera instancia desbordados por las consecuencias de la crisis económica (reforma laboral, cláusulas hipotecarias, impagos, desahucios, corrupción, etc…). Los simples discursos y la retórica más o menos grandilocuente, ya no son suficientes.
Entramos en un año plagado de citas electorales. Ojalá la Justicia no sea, como tantas veces, la gran olvidada. Y a ese fin es imprescindible que se derogue la Ley de Tasas y se dote de medios a la Justicia gratuita.
El Consejo General del Poder Judicial, en tanto no se modifique la Ley que actualmente lo regula, no puede cumplir las finalidades para las que fue creado, y se ha convertido en una sombra de lo que el constituyente quiso que fuera.
Por ello ha de volverse la cabeza hacia el Ministerio de Justicia, y a todas las fuerzas democráticas, para que desde la altura de miras, y el compromiso social, se impliquen al máximo y traten de devolver un mínimo de esperanza a los órganos judiciales y a la ciudadanía de este país.
