Fernando Presencia, juez decano de los Juzgados de Talavera, suspendió la celebración de la Junta de Jueces ordinaria, que tenía que tener lugar hoy, ante el miedo mostrado, por dos compañeros jueces, por las posibles represalias que pudiera tomar contra ellos el fiscal jefe.
«Recibí en el día de ayer, sobre las 21.20 horas, una llamada de mi compañero, el titular del Juzgado nº 3 de Talavera de la Reina, Jorge Olmedo Castañeda, expresándome en una larga conversación que duró más de media hora, que no iba a acudir personalmente a la Junta porque estaba sintiendo MIEDO (sic) por las represalias del Fiscal Jefe de esta demarcación, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade«, se puede leer en el Acuerdo que figura en el Expediente de queja 6/2015 redactado por Presencia, por el que ordena que se informe de estos hechos tanto al Consejo General del Poder Judicial como a la Fiscalía General del Estado, para que actúen en consecuencia.
Por esa razón, sigue relatando el juez decano de Talavera, Olmedo Castañeda «había decidido delegar su voto en la Junta señalada en el día de hoy, no en mí como había hecho en otras ocasiones, sino en otro compañero, el titular del Juzgado nº 4 de esta ciudad, José María Ortiz Aguirre«.
«Justificándome por teléfono, de esta manera, el miedo que ambos sentían a las represalias de éste último [Ángel Demetrio de la Cruz Andrade] bajo la expresión ‘NO SOMOS HÉROES’, ‘TODOS TENEMOS FAMILIA E HIJOS’, confiando los dos en que al final se archiven las mencionadas D.P/P.A. [Diligencias Previas/Procedimiento Abreviado] 45/2014, sin declaración de responsabilidad del fiscal», añade.
El Juzgado de Ortiz Aguirre es competente en este asunto «donde se está discutiendo precisamente la estafa en la venta de los terrenos que fueron objeto del ‘pelotazo urbanístico’, todos ellos afectados por la zona de policía y servidumbre pertenecientes al ‘Arroyo de la Fuente o Berrenchín’, en donde también precisamente construyó su vivienda el fiscal jefe Ángel Demetrio de la Cruz Andrade«, dice el escrito de queja.
Los Juzgados de Talavera son, en la actualidad, el escenario de un conflicto sin precedentes en la Administración de Justicia española.
Todo comenzó cuando el pasado mes de junio el juez decano de los Juzgados de Talavera dirigió una denuncia dirigida a la Fiscalía Anticorrupción, tal como relata Presencia en este documento:«Como consecuencia de la denuncia dirigida a la Fiscalía Anticorrupción, que dio laugar a la queja tramitada en este Decanato con el nº 6/2015, dando cuenta del entramado de corrupción que está asolando los Juzgados de Talavera de la Reina, en la que habrían participado el mencionado fiscal jefe de esta adscripción, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, la jueza de lo penal, Cristina Peño Muñoz, y su marido, el abogado penalista en ejercicio, Santiago Ramos Figueroa, todo ello en torno al ‘pelotazo urbanístico’ denunciado por el que fue el arquitecto municipal contra el entonces alcalde dela localidad de Pepino en el año 2004, cuando estaba en el gobierno municipal el PSOE, por un delito contra la ordenación del territorio».
En la Junta de Jueces ordinaria prevista para hoy, a las 10.30 de la mañana, figuraba en su orden del día la aprobación de diversas cuestiones relacionadas con las normas de reparto, calendario de guardias y régimen de sustitucioens ordinarias.
La recepción de este documento, por parte de Olmedo Castañeda, fue lo que produjo la llamada telefónica que relata el juez Presencia al comienzo de esta noticia.
Ante la «confesión telefónica» del juez Olmedo Castañeda, relatada en el escrito del juez decano, y a la vista de la situación, el magistrado Presencia ha considerado que «lo acordado en la Junta de Jueces señalada para el día de hoy incurriría en posible nulidad de actuaciones», por lo que suspendió la celebración de la Junta para informar al CGPJ y a la Fiscalía General del Estado.
Ortiz Aguirre, con el voto delegado de Olmedo Castañeda, trató de celebrar la Junta de Jueces con la sola presencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5, Ana Belén Gómez Dorado, pero al no tener un quorum mínimo de 4 votos -son siete los jueces que componen la Junta-, le fue imposible. De esta circunstancia, los jueces citados dieron cuenta al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
DENUNCIA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO
Por otra parte, Fernando Presencia denunció ante el Defensor del Pueblo, el pasado 14 de octubre, que estaba “sufriendo en la actualidad las represalias procedentes del fiscal jefe, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade”, y de su entorno.
Según el magistrado, De la Cruz Andrade, “al no haber sido suspendido en sus funciones, me reta y provoca ‘dando voces’ donde quiera que me ve, ya sea en las inmediaciones de los juzgados o fuera de ellos, y de sus ‘amigos’, que provocan, amenazan y coaccionan a mis allegados”.
En el texto, el juez pide que a Soledad Becerril que acuerde lo que sea preciso para que la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “puedan reconducir la situación de conflicto que actualmente estoy padeciendo como consecuencia de haber denunciado en mi condición de juez decano la trama de corrupción que actualmente sigue asolando a los Juzgados de Talavera de la Reina, removiendo los obstáculos que actualmente impiden la denuncia, investigación y erradicación de la corrupción”.
