La «investigación interna oficiosa» en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para aclarar cómo se produjo la falsa convocatoria de un puesto de magistrado al Tribunal Supremo en el BOE ya tiene un culpable: «un error informático del sistema de gestión gubernativa».
Así lo han explicado a Confilegal fuentes oficiales del órgano de gobierno de los jueces.
«Efectivamente se publicó en el BOE la convocatoria a un puesto de magistrado de lo Contencioso en el Tribunal Supremo, pero se anuló al día siguiente. Nunca estuvo en el orden del día de la Comisión Permanente ni fue autorizado», aclararon las citadas fuentes.
«Se ha realizado un informe interno para conocer lo ocurrido y ese informe concluye que fue un error informático del sistema de gestión gubernativa», añadieron, sin aclarar si el error fue producido por un ser humano o fue la máquina la única culpable. Todo parece apuntar a que este parece ser el caso, que ha sido cerrado sin consecuencias de ningún tipo para nadie.
Es la primera vez que se produce un error de ese tipo, que escandalizó a la carrera judicial cuando el pasado 13 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la anulación de un concurso a un puesto de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que jamás había sido tratado ni aprobado por la Comisión Permanente.
El acuerdo de la Comisión Permanente que puso en marcha la maquinaria burocrática no existía, como se puede comprobar en el documento de 48 páginas, que reúne las decisiones tomadas en ese día por ese órgano decisorio del CGPJ.
Un requisito indispensable.
La convocatoria para ese puesto se había producido 24 horas antes, el 12 de noviembre, jueves, como puede leerse en el BOE, en el apartado de «Autoridades y Personal. B. Oposiciones y concursos»: «Acuerdo de 22 de octubre de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de plaza de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de abogados y juristas de reconocida competencia».
Ese mismo jueves los nueve miembros de la Comisión Permanente -el presidente Carlos Lesmes, los siete vocales y el secretario general del CGPJ, Joaquín Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó-, abordaron el asunto.
Con los ánimos muy tensos.
Al día siguiente el BOE publicó la rectificación.
También se decidió la apertura de una «investigación interna oficiosa» -definición dada desde el propio CGPJ- para conocer todos los detalles de lo sucedido, como bien adelantó Confilegal.
Las especulaciones se dispararon. Se habló de prevaricación y falsedad en documento público. También de un error, humano o informático.
Finalmente se concluido que fue informático.
