Rodrigo Rato, expresidente de Bankia (EP)
El «vía crucis» judicial de Rodrigo Rato seguirá en 2016
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31/12/2015 08:07
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Actualizado: 31/12/2015 08:23
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Rodrigo Rato, el que fuera considerado como el padre del ‘milagro económico’ español se enfrentará en este 2016 a tres causas judiciales: el sospechoso origen de su fortuna, su imputación en Bankia y el uso irregular de las polémicas tarjetas opacas.
Una de las imágenes del año, que fue retransmitida en directo, fue la del agente de Aduanas posando su mano en la nuca del exministro de Economía Rodrigo Rato mientras le introducía en un vehículo.
Rato era detenido aquel 16 de abril en el marco de una investigación por fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales que llevó a los oficiales a registrar su domicilio y su despacho, en el madrileño Barrio de Salamanca, en busca de documentación y soportes informáticos.
El desencadenante de esta investigación surgió al conocerse que el exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI) se había acogido a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012.
Se abría así un nuevo frente para el exdirector gerente del FMI, cuyo honor se había visto ya seriamente perjudicado por su imputación por la salida a bolsa de Bankia y en relación al uso irregular de las polémicas tarjetas opacas.
En concreto en esta causa se investiga el posible blanqueó dinero a través de un entramado de sociedades radicadas en Alemania y Reino Unido. Una de estas sociedades es Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín y de la que Rato fue administrador hasta abril de 2015.
Además, Anticorrupción piensa que las inversiones de esta empresa germana se han hecho a través de otra sociedad, Kradonara SL, filial de la empresa británica Vivaway Ltd, que, a su vez, es propiedad del exministro de Economía.
Según el fiscal, los flujos de dinero que Kradonara ha enviado a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un origen presuntamente ilícito, procedentes de “delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal”.
De momento, el caso está en fase de instrucción.
La salida a Bolsa de Bankia
Fue el primer caso que se judicializó contra Rato, impulsado por el movimiento ciudadano 15MpaRato. La querella se presentó en junio de 2012 y perseguía demostrar que Bankia salió a Bolsa en julio de 2011 con información falsa, que el banco ya estaba quebrado antes de vender sus acciones.
El punto de inflexión en el caso se produjo a finales de 2014, cuando dos peritos del Banco de España detectaron graves irregularidades en las cuentas con las que Bankia salió a Bolsa en dos demoledores informes que sumaban 400 páginas. La consecuencia es que 347.000 pequeños ahorradores perdieron gran parte de lo que invirtieron. Hay 33 imputados, entre ellos Rodrigo Rato, gran artífice de la salida a Bankia de la entidad.
En febrero de 2015, el juez Fernando Andreu impuso una fianza de 800 millones de euros para Bankia, Rato y tres de sus exdirectivos. El juez considera en su auto que se ha podido cometer un delito recogido en el artículo 282 bis, que castiga «a quienes como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores, falsearan la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros, con el propósito de captar inversores o depositantes».
Las tarjetas black
Los correos de Miguel Blesa no solo desvelaron detalles morbosos de la vida de Blesa y sus consejeros dentro de la entidad financiera, también sirvieron para detectar una práctica supuestamente fraudulenta: las tarjetas ‘black’, es decir, una especie de remuneración extra a consejeros y directivos opaca al fisco.
Por este caso, y si todo sigue los tiempos estimados, Rato y Blesa y otros 64 exdirectivos podrían sentarse en el banquillo a finales de 2016.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, dictó el pasado 23 de diciembre un auto en el que transformaba las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, para concluir la investigación y proponer sentar en el banquillo a 66 antiguos representantes de Bankia y Caja Madrid por utilizar las ‘tarjetas black’, que fueron emitidas «sin respaldo contractual alguno» y usadas para «gastos personales y propios».
Según el juez, con las tarjetas opacas, directivos y consejeros de Caja Madrid y después Bankia, cargaron más de 15 millones de euros en gastos personales como viajes, fiestas y hasta abonos para los toros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 que los hechos podrían ser constitutivos del delito de administración desleal, en el caso de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos), y de apropiación indebida en el del resto de directivos que los utilizaron.
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