Este viernes, 1 de enero, ha entrado en vigor la obligación de que las comunicaciones entre profesionales de los órganos judiciales se realicen de forma exclusiva a través de medios informáticos, incluida en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil pero válida para todos los órdenes jurisdiccionales.
La digitalización de la Justicia es uno de las grandes apuestas que figuraban en la agenda del ministro Rafael Catalá, quien fijó el 1 de enero de 2016 como el horizonte para impulsar la gestión telemática entre los profesionales de la Justicia.
La norma incluye la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos y oficinas judiciales y fiscales, que aún no lo hagan, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal.
La entrada en vigor se ha topado con los primeros ‘rebeldes’. La Comunidad Autónoma de Valencia ya ha adelantado que no piensa poner en marcha esta presentación de escritos ‘virtual’ porque no cuenta con la tecnología necesaria para ello. Por su parte, Cataluña, Cantabria y País Vasco sólo aplicarán la orden en algunos órdenes jurisdiccionales.
También el Consejo General de la Abogacía, el Sindicatos de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej), el Consejo General de Procuradores de España y Jueces para la Democracia (JpD) apuestan por la digitalización pero advierten de que no es un objetivo realizable para la fecha señalada.
Justicia rechaza las críticas, pero reconoce que la implantación será progresiva y no de golpe, por lo que confía en que los juzgados de su ámbito territorial funcionen al cien por cien sin papel en julio de 2016. El ministro ha dejado claro que el cambio «será una obligación, no una opción».
PASOS HACIA LA DESAPARICIÓN DEL PAPEL
El Ministerio de Justicia calcula que el objetivo de eliminar el papel de los Juzgados de las Comunidades Autónomas de su ámbito de actuación podrá alcanzarse de forma total en un plazo de seis meses a partir del próximo 1 de enero de 2016, fecha fijada por la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las comunicaciones entre abogados, procuradores y tribunales se realicen por medios telemáticos.
Justicia trabaja con un calendario de varios niveles, que afectará, en principio a Castilla León, Castilla La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla, pero al que quieren que se sumen las demás comunidades del territorio nacional. También están implicados la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
El nivel básico, que establece las bases para que los letrados y procuradores puedan presentar sus escritos a través del actual sistema virtual, conocido como Lexnet, comenzará a funcionar hoy mismo. Los abogados y procuradores han recibido –a través de sus Consejos Generales — tarjetas identificativas que les permitirán el acceso al sistema.
En una segunda fase, la idea es introducir esta «revolución digital» en los propios Juzgados de forma que todos cuenten con un método de trabajo interno también digitalizado, denominado Sistema de Gestión Procesal. Esto implica que la tramitación de asuntos dentro de las propias dependencias judiciales se realice prescindiendo también del papel.
El Ministerio se ha fijado la fecha de 7 de julio de 2016 para alcanzar el nivel óptimo, último paso para eliminar el papel. Este paso supone que las resoluciones de los jueces –autos, providencias, sentencias– sean validadas sin necesidad de estampar una firma física, mediante una digital.
Aparte de los órganos judiciales de las comunidades autónomas no transferidas, el sistema electrónico afecta a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, aunque no al Tribunal Constitucional.(CONFILEGAL/EP)
