El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este martes que la Fiscalía y a la Abogacía General del Estado defienden el interés general y la legalidad, «y no los intereses de ningún particular en concreto», negando así que las instituciones pretendan defender la Infanta Cristina en el juicio por el ‘caso Nóos’.
«Estoy totalmente en desacuerdo con ese enfoque», ha destacado, en declaraciones a los medios en unas jornadas en el Centro de Estudios Jurídicos. «La Fiscalía lo que lleva a cabo siempre es la defensa de la legalidad, exclusivamente, afecte a quien afecte, no es una tema de personas sino de respeto al ordenamiento jurídico», ha dicho.
En cuanto a la Abogacía del Estado, en este caso de la Agencia Tributaria, ha opinado que defiende sus intereses, los del conjunto de los ciudadanos y la legalidad.
A su juicio, los argumentos utilizados el lunes por los abogados del Estado y la Fiscalía son los de la defensa del interés general y la legalidad, no «de ninguna persona en particular».
Eso sí, Catalá ha reconocido que la abogada del Estado pudo «generar algo de confusión» al decir que la frase «Hacienda somos todos» era un eslogan publicitario, pero ha subrayado que su reflexión era «más profunda que una frase». «Lo que dijo la abogada es que una cosa es un eslogan publicitario y otra es qué constituye el interés general de la Hacienda pública», ha dicho.
Ayer, durante las cuestiones previas del juicio del caso Nóos, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, al igual que la propia defensa de Cristina de Borbón, insitieron en que la Infanta debe beneficiarse de la doctrina Botín porque la Agencia Tributaria entiende que ella no ha cometido ningún delito.
La citada doctrina, se aplicó en 2007 para el fallecido banquero Emilio Botín, e impone el sobreseimiento de la causa cuando así lo reclaman la Fiscalía y el perjudicado por el posible delito (y Hacienda insiste que sólo ella lo es en este caso).
Sin embargo, la acusación popular que ejerce Manos Limpias pretende la condena de la ex duquesa de Palma a ocho años de cárcel como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales que su marido habría cometido a través de la sociedad familiar Aizoon, y para ello apelan a la doctrina Atutxa.
Con esta última doctrina, dictada por el Tribunal Supremo en 2008 y ratificada por el Tribunal Constitucional, si el Ministerio Fiscal solicita el sobreseimiento y no hay o no cabe la posibilidad de que exista acusación particular en el caso que se está juzgando, puede abrirse juicio oral a los acusados aunque sólo lo inste la acción popular, como el es caso de la Infanta. (CONFILEGAL/EP)
