Los tres aspirantes a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús Barrientos, Miguel Ángel Gimeno y Fernando Lacaba, coincidieron en sus respectivas exposiciones ante la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en que, si llegara el escenario de la ruptura preconizado por las fuerzas separatistas aplicarían la ley.
“A nadie se le oculta la situación que está viviendo el territorio a partir del proceso electoral del pasado 27 de septiembre”, explicó Jesús Barrientos, magistrado y presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona a los vocales del CGPJ, presididos por Carlos Lesmes, la máxima autoridad del órgano de los jueces.
“Se ha generado una mayoría parlamentaria que lleva el acuerdo del 9 de noviembre de 2014, que anuncia la desconexión, que acuerda la desobediencia, aunque no lo llaman desobediencia, pero, en la práctica, las cosas son lo que son, no lo que dicen ser. Lo más preocupante de todo es que el Gobierno autonómico ha anunciado el desarrollo del acuerdo de ruptura, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional”, añadió Barrientos, que, asociativamente, pertenece a la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
Como presidente del TSJC en un escenario como ese, Barrientos respondería en cada momento a la situación de excepcionalidad que corresponda, “siempre con sometimiento a las exigencias y compromisos nacionales”. Procurando mantener una relación cordial y fluida, con otras instituciones, como la Fiscalía Superior de Cataluña y la Consejería de Justicia, “porque no puede ser de otra forma”.
Miguel Ángel Gimeno, el actual presidente del TSJC, considera que “la situación es muy crítica”, pero “no contemplo ni quiero contemplar un escenario de ruptura. ¿Y por qué no lo contemplo? Porque el Estado tiene los medios suficientes para actuar en consecuencia”.
Durante su intervención, Gimeno (miembro de Jueces para la Democracia) afirmó que los jueces “no debemos ser actores políticos” y reafirmó la voluntad del poder judicial de “juzgar cada vez que tenga que juzgar un conflicto de esta naturaleza”.
Fernando Lacaba, presidente de la Audiencia Provincial de Girona y afiliado a la Asociación Profesional de la Magistratura, por su parte, tiene las cosas muy claras: “No creo que se vaya a producir una ruptura en este momento en Cataluña. Y si se produce, se aplica la ley y la Constitución”.
MAGISTRADOS AUTONÓMICOS
Sobre el papel de los magistrados nombrados por el denominado “turno autonómico” de juristas que componen la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, nombrados a propuesta de los partidos, Barrientos puso sobre la mesa una propuesta que tuvo buena acogida entre los vocales del CGPJ.
“Propongo que, en causas de aforados, cuando le corresponda el caso a un magistrado de extracción parlamentaria por normas de reparto, corra el turno. De esa forma, se preservaría la apariencia de imparcialidad ante la ciudadanía”, explicó Barrientos.
La propuesta del candidato tiene su origen en la polémica que se generó en su momento cuando le correspondió al magistrado “autonómico”, Joan Manel Abril, miembro de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, ser el instructor del caso por la celebración de la consulta del 9-N.
Este profesor de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona fue propuesto, en 2012, por el Parlamento de Cataluña al CGPJ, junto con otros candidatos más. El órgano de gobierno de los jueces lo eligió gracias al apoyo del vocal Ramón Camp, representante de Convergencia i Unió en el órgano de gobierno de los jueces.
La apariencia de imparcialidad de Abril quedó tocada al tener que investigar e interrogar al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la entonces vicepresidenta, Joana Ortega, y a la consejera Irene Rigau, por haber supuestamente cometido un delito de desobediencia en la convocatoria del 9N.
Barrientos quiere acabar con las dudas que se puedan generar por casos como este.
Gimeno no considera que sea tan importante. “Llegado este tipo de casos está la vía de la abstención o de la recusación. No creo que haya problema alguno”, explicó a los vocales.
Lo que sí preocupaba al presidente saliente son las “puertas giratorias” en la Justicia. El hecho de que “haya magistrados que se marchen fuera del ámbito jurisdiccional y que luego vuelvan”, porque eso no lo entiende la ciudadanía.
Lacaba, como Gimeno, tampoco considera que los magistrados “autonómicos” sean un problema. “Se pueden encontrar mecanismos legislativos para asegurar la apariencia de imparcialidad”, afirmó.
Por otra parte, Barrientos hizo especial referencia a las incertidumbres que generan la actual situación que se vive en Cataluña en los jueces de carrera destinados en esa autonomía.
El candidato reveló que más del 10 por ciento de la plantilla de jueces y magistrados de Cataluña -810- está vacante. “Los compañeros concursan para irse de Cataluña. Es una tendencia que se está incrementando”, explicó.
Los tres candidatos coincidieron en que uno de los males de la Administración de Justicia en Cataluña es el alto tanto por ciento de funcionarios interinos. Un mal generalizado que repercute en el funcionamiento de la justicia.
El próximo presidente del TSJC será elegido en el próximo Pleno del CGPJ, que tendrá lugar el 29 de enero, jueves.
