El promotor inmobiliario murciano, Trinitario Casanova, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 25 de abril. EP.
Llega la hora de la verdad para Trinitario Casanova: su juicio comienza el 25 de enero
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19/1/2016 07:16
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Actualizado: 19/1/2016 23:47
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El promotor inmobiliario Trinitario Casanova será juzgado entre el 25 y el 29 de enero próximos en el Juzgado de lo Penal 29 de Madrid por, supuestamente, haber difundido noticias falsas para elevar el valor de las acciones del Banco Popular.
La Fiscalía Anticorrupción le acusa, por ello, de un delito continuado relativo al mercado de los consumidores y solicita dos años de cárcel para el empresario.
Entre los testigos solicitados por Anticorrupción se encuentran Fabián Picardo, ministro principal de la colonia desde 2011 y líder del Partido Socialista Laborista de Gibraltar, quien fue contratado, como abogado por Casanova en Londres cuando el político trabajaba para el bufete Hassans International Law Firm.
Este despacho es el más importante de Gibraltar y tiene sede en la capital británica. Fue fundado en 1939 por sir Joshua Hassan, anterior ministro principal de Gibraltar, ya fallecido.
Picardo constituyó, para Casanova, Blueprime Ltd., una sociedad opaca, de la que éste supuestamente se sirvió para hacer creer que detrás de ella se encontraba un grupo de importantes empresarios mexicanos -entre ellos, Carlos Slim, Antonio Bailleres y Tomás Milmo– que estaban preparando una OPA sobre el Banco Popular.
Casanova, según la Fiscalía Anticorrupción, se encontraba en aquellos momentos en una situación económica delicada.
Había comprado, entre el 30 de julio de 2007 y el 8 de enero de 2008, el 3,5 por ciento de las acciones del Popular por casi 528 millones de euros a través de su empresa Titánica Capital Investment SLU.
De ese capital, el banco holandés Fortis Bank FV había financiado 394 millones de euros.
El problema es que, durante ese periodo, el valor de las acciones del Banco Popular perdieron la mitad de su valor.
Pasaron de 14 euros por acción -cuando Titánica comenzó a comprarlas, en julio de 2007- a menos de 7 euros, en julio de 2008.
Fortis Bank, al comprobar lo que estaba pasando, exigió a Titánica que constituyera varios depósitos por fuertes cantidades, para prevenir posibles pérdidas.
Con ese fin, al parecer, el banco holandés llegó a requerir hasta diez veces a la empresa de Casanova que hiciera frente a sus exigencias, pero se encontró con el silencio.
En ese escenario de continua devaluación de las acciones, para, presuntamente, provocar un repunte de su valor que paralizara los requerimientos de Fortis Bank y la subsiguiente ejecución de las garantías, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, el acusado hizo circular durante el mes de junio de 2008, a través de la prensa económica, «la noticia mendaz» de que un grupo de inversores mexicanos estaba interesado en lanzar una oferta pública de adquisición de acciones sobre el Banco Popular a precio muy ventajoso.
Casanova hizo llegar al diario Negocio la información de que la OPA de los mexicanos iba a tener una prima superior al 50 por ciento, a precios de mercado.
El objetivo era elevar el valor de las acciones lo más posible para así poder venderlas sin perder dinero, evitando así que se las pignorara Fortis Bank.
Así, entre el 12 de junio de 2008 y el 30 de junio de ese año, Trinitario Casanova supuestamente se encargó de manipular informativamente la noticia -de acuerdo con el Ministerio Fiscal- haciendo creer que el grupo de mexicanos tomaron el control del 30 por ciento de las acciones del Popular. De ello se hicieron eco las agencias Europa Press, EFE y Reuters, y luego CincoDías.com, Expansión y el diario mexicano ElSemanario.com.
De esa forma, en opinión del Ministerio Fiscal, Casanova consiguió que el precio de las acciones del banco se revalorizara hasta un 12,63 por ciento.
Sin embargo, todo se vino abajo cuando el despacho de Picardo dejó de prestar sus servicios a Casanova, el 30 de junio citado.
Fortis Bank ejecutó la garantía sobre el valor de las acciones, lo que supuso para Titánica, la sociedad del empresario, unas perdidas de más de 170 millones de euros.
Esta acusación, que tendrá que demostrar la Fiscalía Anticorrupción, tendrá al empresario murciano cinco días sentado en el banquillo de los acusados.
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