La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) califica la puesta en marcha de la comunicación telemática entre los profesionales y la Administración de Justicia, vigente desde el pasado 1 de enero, como «uno de los más sonoros fiascos en el campo de esta Administración».
Y eso, sostienen no es «porque los responsables no pudieran preverlo». Ya que «si se trata de un fracaso anunciado y esperado por todos es porque padece un notorio defecto de Proyecto». Así ha respondido AJFV al cese del subdirector general de Nuevas Tecnologías, Luis Bustamante, por la «no muy feliz implantación del proyecto ministerial publicitado como papel cero».
Subrayan desde AJFV que «pretender llevar una Administración anclada en el S. XIX a la era digital en unos pocos meses a coste cero y con una precaria preparación era un evidente dislate para cualquier observador imparcial y poco ha de extrañar que apenas iniciado el programa se haya traducido en un escenario de disparidad (con cada Comunidad Autónoma convertida en un mundo aparte) y escandaloso caos para todos los profesionales implicados».
Es más, entienden que el publicitado proyecto de «papel cero«, la implantación del expediente digital, «debiera haberse supeditado a que antes se hubiera dotado a los juzgados y tribunales de los medios adecuados y a la formulación de Protocolos homogéneos para toda España, fijando pasos uniformes en el proceso de entrada, y asegurando una interoperabilidad que ahora mismo es un imposible (lo que significa, entre otras cosas, que las inhibiciones a juzgados de otros TSJ no son posibles en formato digital ni por supuesto por vía telemática) con intervención de todos los interesados. Sencillamente no comprendemos qué bien hay en empezar la casa por el tejado».
Para la Francisco de Vitoria no es una reforma que revolucione la Justicia, «que es como tan pomposa como ridículamente ha sido anunciada». Y que no es más que «la continuada desatención del Ministerio de Justicia y la inacción y burocratización del CGPJ lleva años dificultando y que el objetivo (si es real y no un burdo slogan publicitario) quedará lejos. De nada sirve agilizar la entrada si se ralentizan los tiempos de respuesta de los jueces, que es donde está el más grave cuello de botella».
Por todo ello, desde esta asociación judicial reclaman al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «que asuma de una vez su responsabilidad activando las necesarias y ahora mismo inexistentes homologación e interoperabilidad, la firma electrónica de los jueces y magistrados (artículo 21 Ley 18/11), – cuya ausencia conlleva inevitablemente convertir a los juzgados en absurdas impresoras de archivos digitales – y la adopción de medidas para evaluar los nuevos riesgos laborales que surgen».
Y emplazan al órgano de gobierno de los jueces, al CGPJ, a no «permanecer más tiempo dormido».
