Victoria Rosell, diputada de Podemos y magistrada en servicios especiales, contra la que se ha ampliado su querella el ministro de Industria, José Manuel Soria. EP.
El ministro de Industria amplía la querella contra Rosell por prevaricación, retardo malicioso y cohecho
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18/2/2016 13:56
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Actualizado: 23/2/2016 11:42
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El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, ha ampliado la querella por injurias y/o calumnias, presentada ante el Tribunal Supremo contra la diputada de Podemos -y magistrada en servicios especiales-, Victoria Rosell, a los delitos de prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y cohecho.
El letrado que representa a Soria en este pleito es Eligio Hernández, fiscal general del Estado con el PSOE entre 1992 y 1994, abogado con despacho en Las Palmas de Gran Canaria.
Soria presentó originalmente la querella ante el Juzgado de Instrucción 27, que se inhibió a favor del Supremo al ser Rosell aforada.
En la misma, el ministro de Industria acusaba a la juez de un delito de injurias y/o calumnias por acusarle de “manipular” e “instrumentalizar” a la Fiscalía para perjudicarle en la contienda electoral.
Ahora Hernández amplía la querella a tres delitos más, basándose en las propias afirmaciones de Rosell, publicadas por www.eldiario.es el 3 de diciembre de 2015: «‘No he hecho nada ilegal, ni ilícito disciplinariamente ni mucho menos penal. El contrato se firmó después de que yo dejase el juzgado para entrar en política’, asegura Rosell. ‘Es un intento de José Manuel Soria para neutralizar a un rival político utilizando la Fiscalía'».
Según se puede leer en la querella de Soria, «las manifestaciones de la Sra. Rosell son absolutamente falsas, puesto que mi mandante no ha influido en absoluto en la investigación de su actuación como Magistrada Instructora en las diligencias previas nº 644/2014 del Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas, seguidas contra D. Miguel Ángel Ramírez Alonso por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social relacionados con su empresa de seguridad, según refiere la prensa».
Dicho esto, el letrado considera que dichos hechos sí podrían ser constitutivos de supuestos delitos de prevaricación judicial, retardo malicioso en la Administración de Justicia y cohecho, «ya que la querellada presuntamente no tomó decisiones conforme a ley y/o retrasó la causa arriba citada o pudo obtener o no una dádiva consistente en el negocio proporcionado a su compañero sentimental, D. Carlos Sosa«.
HECHOS INDICIARIAMENTE DELICTIVOS
Todos esos hechos «indiciariamente delictivos» se deducen del artículo publicado en diario.es, asociado al diario Canariasahora, del que es director Carlos Sosa, pareja de Victoria Rosell, al que cita el letrado, conocido en el pasado como el «Pollo del Pinar», apodo que heredó de su padre, uno de los atletas de lucha canaria más conocidos de la historia.
«Unos días después de la salida de Rosell del juzgado, el 28 de octubre, su pareja, Carlos Sosa, firmó un acuerdo con la Unión Deportiva Las Palmas. Se trata de un contrato para que la radio de este club de fútbol –que estaba operando en una emisora ilegal– se emitiese en una frecuencia propiedad de Clan de Medios, la empresa de Carlos Sosa», publica eldiario.es.
«El acuerdo es un alquiler de cien meses por 1.500 euros al mes, más una opción de compra de 50.000 euros al término del alquiler. En total, el contrato supone un desembolso máximo de 300.000 euros en doce años, en el caso de que se ejecute la opción de compra», continúa relatando la publicación.
«La Fiscalía pretende relacionar ese contrato con la instrucción de la causa abierta a Miguel Ángel Ramírez porque cree que la magistrada debió apartarse si hubiera conocido la existencia del contrato firmado por su pareja. La Fiscalía tiene sobre la mesa la fecha del contrato: 28 de octubre de 2015. La jueza había pedido su excedencia voluntaria al Poder Judicial el día 15, y le fue concedida el día 22: la noticia de su llegada a la política ya se había publicado en prensa el 11 de octubre».
«Fuentes de la investigación añadieron que las negociaciones llevaban semanas produciéndose», se puede leer.
«La Fiscalía considera que la jueza Rosell debería haberse inhibido y no continuar la instrucción de este caso por este acuerdo económico entre la Unión Deportiva Las Palmas y la empresa de Carlos Sosa, Clan de Medios», escribe eldiario.es.
Como conclusión a la querella del ministro, Eligio Hernández solicita a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que cite a Victoria Rosell como querellada y que se citen como testigos a la fiscal delegada de Delitos Económicos de Las Palmas de Gran Canaria, Evangelina Ríos Dorado, y al magistrado que ha sustituido a Rosell en su destino, en el Juzgado de Instrucción 8, Salvador Alva, así como que se solicite un informe sobre las diligencias previas del caso.
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