El juez Víctor Gómez, instructor en Valencia de la Operación Taula, ha iniciado el proceso para investigar a la exalcaldesa Rita Barberá por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Para ello, ha solicitado a la Cámara alta que confirme su condición como senadora.
Esta diligencia suele registrarse cuando los órganos judiciales tienen que investigar a un aforado nacional, puesto que en caso afirmativo deben enviar la causa al Tribunal Supremo.
El escrito ha sido revisado por la Mesa del Senado que lo ha remitido al Tribunal Supremo.
El texto enviado por el magistrado solicita a la Cámara una «certificación sobre la condición actual de senadora en la presente legislatura» de la exalcaldesa, «a los efectos de determinar la competencia del órgano judicial sobre hechos referidos a la causa penal referenciada que se sigue en este juzgado», el caso Taula.
Tanto Fiscalía Anticorrupción como la Guardia Civil sospechan –de forma indiciaria– que tanto Rita Barberá como el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y el exvicepresidente del Gobierno valenciano y diputado del PP por Alicante Gerardo Camps estarían implicados en el presunto blanqueo del dinero que se está investigando y que principalmente estaba orquestado por el exvicepresidente de la Diputación y exgerente de Ciegsa -empresa pública de la Generalitat– Máximo Caturla, según fuentes conocedoras del procedimiento.
En concreto, se investiga si medio centenar de miembros del Grupo Popular en el Ayuntamiento habrían ingresado 1.000 euros en una cuenta del partido y los habrían recibido más tarde en metálico de fondos de origen desconocido.
Sin embargo, ninguna de estas tres personas –ni Barberá, ni Francisco Camps ni Gerardo Camps— han sido detenidas o citadas a declarar en calidad de investigadas en el juzgado por este asunto, puesto que la ley no lo permite. Al tener dos de ellos la condición de aforados, el juzgado de Valencia que lleva el procedimiento, cuando tenga suficientes indicios, debería remitir la causa a un órgano superior, en esta ocasión el Tribunal Supremo.
Los investigadores estaban esperando a que terminen de declarar los investigados en la pieza del supuesto blanqueo del PP –los interrogatorios concluyeron este lunes– para determinar si con sus testimonios, documentos y grabaciones que obran en la causa pueden pedir la imputación de Barberá, Francisco Camps y Gerardo Camps.
