El PSOE y Ciudadanos se han comprometido a no incorporar a sus listas electorales a personas investigadas –figura actual para denominar a los imputados– por delitos de corrupción y a cesar a los que, desde la firma de este documento, pasen a esa situación judicial y la Fiscalía lo mantenga.
Así consta en el pacto de compromiso contra la corrupción que han cerrado ambos partidos en el marco de su acuerdo para un gobierno progresista y reformista que han firmado este miércoles el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
En este acuerdo, los dos partidos se comprometen a trabajar para poner en marcha «medidas urgentes de carácter preventivo, de control y sanción» que, entre otras cosas, garanticen que se proceda al cese de altos cargos «cuando se les abra juicio oral por algún delito doloso». Además, quieren que se suspenda a concejales y parlamentarios a los que se abra jucio oral por las mismas razones.
Pero, al margen de esto, Ciudadanos y el PSOE han llegado a un «pacto complementario» en materia de lucha contra la corrupción que pone un listón más exigente.
Así, se comprometen a no incorporar a las listas electorales ni proceder al nombramiento de altos cargos, a partir de la fecha, de personas con la condición de investigadas a iniciativa del Ministerio Fiscal por delitos relacionados con la corrupción que impliquen enriquecimiento para el afectado.
De la misma manera, se comprometen a «cesar a los altos cargos y pedir el acta a los cargos electos que, a partir de la fecha de este acuerdo, pasen a situación de investigados mantenida por el Ministerio Fiscal por delitos relacionados con la corrupción.
Además, se comprometen a revisar todas las normas de Contratación pública, revisar la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias muy graves y la identidad de sus autores, o establecer la nulidad de las subvenciones, bonificaciones, ayudas y contratos con las Administraciones Públicas y la obligatoria restitución e indemnización por daños y perjuicios cuando los mismos se hayan obtenido -o cuyo mantenimiento haya sido logrado- por conductas de sobornos o vinculadas a cualquier otro tipo de modalidades de corrupción. (CONFILEGAL/EP)
