Las juezas abordan la brecha salarial, la conciliación y feminización profesional
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27/2/2016 07:00
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Actualizado: 11/10/2018 17:32
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Magistradas expertas en el ámbito social han analizado las principales discriminaciones que sufren las mujeres en el ámbito laboral: brecha salarial, la conciliación de la vida laboral y familiar, los derechos sociales de la víctimas de violencia de género, la feminización profesional, el techo de cristal y el acoso sexual ocupacional.
Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo fue la encargada de moderar la mesa sobre «Discriminaciones en el empleo», dentro de la I Jornada de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE).
Robles no quiso dejar pasar la oportunidad de reseñar que algunas mujeres renuncian a su carrera por su vida familiar y recordó el caso de Angels Vivas, que tenía que haber sido la primera mujer magistrada del Tribunal Supremo. «Se le propuso desde el Consejo General que había entonces que fuera la primera mujer magistrada de lo Social del Tribunal Supremo y ella, que vivía en Barcelona y tenía dos hijas, dijo que no podía dejar a sus dos hijas pequeñas para ir a Madrid a diferencia de lo que hacían los hombres». Y tuvo que renunciar «esto es un hecho real».
Margarita Robles, también quiso denunciar «que en los últimos años, desde una perspectiva gubernamental se ha bajado la guardia y se han reducido los esfuerzos en la lucha contra la violencia de género»
«La igualdad retributiva entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea»
Lourdes Arastey, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, abordó el tema de la brecha salarial quien aseguró que «la igualdad retributiva entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea». «Es un principio fundamental que tiene 59 años».
Sin embargo, esa brecha salarial, «esa diferencia salarial entre hombres y mujeres existe». En España, «la brecha salarial es del 19,3 por ciento«.
Arastey señaló que «el 10 por ciento de los ingresos por el empleo en el mundo lo reciben las mujeres, pero realiza las dos terceras partes del trabajo mundial no remunerado».
Y puntualizó que «es difícil atajar aquello que no se quiere ver como un problema». Y reclamo «hacer políticas activas y políticas actuales».
«La Ley Integral también otorga protección en el ámbito laboral»
La también magistrada del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano, abordó los derechos sociales en materia de violencia de género, y señaló que «la Ley Integral también otorga protección en el ámbito laboral», entre las que se encuentra la posibilidad de suspender en contrato de trabajo en caso de violencia de género.
«Con esta Ley se ha pretendido una igual real de mujeres y hombres en todos los ámbitos y en segundo lugar erradicar la violencia de género que es una lacra que cada día nos invade y nos sobrecoge a todos», aseguró Segoviano.
Y concluyó su intervención afirmando que «la erradicación de la violencia de género tiene que pasar necesariamente porque tengamos presente, apliquemos y solicitemos la aplicación de medidas no solo penales, no solo civiles, educaciones, sino algo esencial en la persona -sea hombre o mujer- su derecho a ocupar un lugar en la sociedad. Su derecho a tener un trabajo, su derecho a mantener ese trabajo y a poder promocionarse en el mismo, sin que ningún «accidente» como la violencia de género pueda truncar esta situación que la persona tiene en la sociedad».
Lucía Avilés, magistrada de Areny de Mar y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), en su ponencia «La conciliación entre la vida laboral y familiar ¿es una quimera?», enumeró los cuatro pasos imprescindibles para la conciliación: 1º tomar conciencia, 2º educar en igualdad, 3º fomentar la corresponsabilidad y, por último, poner en valor la maternidad y la paternidad».
Y señaló que el artículo 2, de la AMJE, incide en «concienciar, sensibilizar a la ciudadanía y a juezas y magistradas en igualdad de género» Y que los jueces «debemos de ser conscientes del poder que tienen nuestras sentencias para transformar la realidad, para cambiar la vida de las personas y de la situación privilegiada en la que nos encontramos para hacer que todo cambie. Para hacer que la sociedad cambie».
La magistrada de lo Social Ana Salas, socia fundadora de AMJE, recordó que «no existe función ocupacional donde la mujer perciba mayor salario que el hombre». Y aseguró que «cuanto mayor es la feminización mayor es la brecha salarial».
Resalto también que «las mujeres sí que tienen presencia en la negociación colectiva y que efectivamente los planes de igualdad no solucionan nada porque están planteados para empresas de más de 250 trabajadores y que nuestro país tiene pequeñas empresas». «Necesitamos que en las decisiones importantes de materia de negociación existan muertes y hombres con perspectiva de género», aseguró Salas.
El único ponente de la mesa, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Fernando Lousada, analizó la relación entre el acoso sexual y la discriminación, asegurando que «la discriminación solo se explica por el género» y que «en el acoso sexual, el género implica poder informal y neutraliza los poderes que pudiera tener la víctima».
Y resaltó que «en la actualidad, el concepto de discriminación no se concibe como una comparativa, se concibe como una diferencia de estado, una diferencia de situación».
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