La juez argentina María Servini ha pedido interrogar en España a 19 acusados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura franquista. Entre ellos se encuentran el ex ministro de Gobernación (hoy Interior) en el Gobierno de Unión de Centro Democrático, Rodolfo Martín Villa, o el ex ministro de Franco, José Utrera Molina, así como el expolicía Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el niño,’ y el excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben jamás, a diferencia del resto de los delitos, como homicidio (15 años) o asesinato (20 años o más).
En un exhorto, la magistrada solicita que su petición sea cursada a la Audiencia Nacional a fin de que las declaraciones indagatorias puedan celebrarse entre el 4 y el 22 del próximo mes de abril.
La titular del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires se dirige contra Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista) o Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976).
Servini también quiere interrogar al abogado Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) por redactar la sentencia de Salvador Puig Antich, Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), al jurista Fernando Suárez González, al exjuez Jesús Cejas Mohedano, y al médico Abelardo García Belaguer.
Además, investiga a los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado, Jesús Martínez Torre, Benjamín Solsona Cortés, y los mencionados Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas.
La magistrada invoca el artículo 40 del tratado de extradición y asistencia judicial firmado entre España y Argentina a fin de arbitrar los medios necesarios para tomar declaración a los investigados e instar en las comparecencias a que aclaren respuestas «confusas o incompletas», así como repreguntar aquellas cuestiones que «no hayan sido debidamente contestadas».
HECHOS INVESTIGADOS
En concreto, acusa a Utrera Molina y Carro de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.
A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.
Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustraccion de menores.
Abelardo García fue denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco, quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como ginecólogo.
La magistrada ya recordó, cuando ordenó detener a los investigados en 2014, que la Audiencia Nacional había rechazado extraditar al país andino al expolicía Antonio González Pacheco ‘Billy el niño’ y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos y que numerosos juzgados españoles han archivado este tipo de casos.
Servini, que viajó en mayo de 2014 a España para interrogar a víctimas y visitar distintas instituciones, alega que Argentina es competente al enmarca los hechos en crímenes de lesa humanidad.
«En el terreno de los crímenes de derecho internacional, la extraterritorialidad equipara y aún desplaza a la territorialidad como base para el ejercicio jurisdiccional», alegó.
El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de «aterrorizar a españoles» por su ideología y de sustracción de menores.
Women’s Link Worldwide solicitó hace unos días a Servini ampliar la causa con el fin de esclarecer «los crímenes de género» que se cometieron durante el franquismo contra, al menos, seis mujeres «por el mero hecho de serlo». EP.
