La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aborda esta semana los problemas de Lexnet, la suspensión del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la exención de las tasas judiciales para pymes y las ONG y la derogación de la prisión permanente revisable, entre otros asuntos.
El nuevo arco parlamentario permite que las distintas formaciones promuevan iniciativas para derogar, modificar o matizar algunas de las leyes aprobadas por el gobierno del Partido Popular en la última legislatura y que no contaron el respaldo del resto de formaciones políticas.
Ahora, nueve meses después de su entrada en vigor, la prisión permanente revisable centrará la atención de la Comisión de Justicia que debatirá un texto de ERC en el que pide su inmediata derogación y que tiene serias opciones de salir adelante en el Congreso.
No así en el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta.
Todos los grupos de la oposición parlamentaria -PSOE, Convergencia, Unió, PNV, UPyD, Izquierda Plural y varias formaciones del Grupo Mixto- presentaran hace unos meses ante el Tribunal Constitucional un recurso contra lo que tildan de «cadena perpetua«.
Los diputados también encararán el debate de una proposición no de ley de Ciudadanos sobre medidas para solucionar los problemas que está generando el sistema informático Lexnet en la Administración de Justicia, al igual que otros texto del PNV en el mismo sentido, toda vez que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha descartado cualquier moratoria en su aplicación.
EL ARTÍCULO 324 DE LA LECRIM
Otro asunto será la iniciativa impulsada por el grupo parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea que reclama la suspensión de la aplicación del polémico artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece límites en la instrucción judicial de seis meses para causas sencillas y 18 para complejas.
En el escrito, firmado por Íñigo Errejón, y por la portavoz de Justicia, Victoria Rosell, se reclama la suspensión del citado artículo “sin perjuicio de iniciar con urgencia los trabajos necesarios para presentar un proyecto de ley para su derogación o modificación”.
NUEVAS PLAZAS DE JUECES
Además, Ciudadanos también ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) instando al Gobierno a aprobar el Real Decreto por el que se cree un mínimo de cien nuevas unidades judiciales entre plazas de magistrados en órganos colegiados y unipersonales “que resulten prioritarias”.
El partido naranja recuerda que los presupuestos de 2016 cuentan con 1.577,67 millones euros para disposición del Ministerio que dirige Rafael Catalá. “Es evidente el grave perjuicio que supondría esperar a la constitución de un nuevo Gobierno para que se procediera a la creación de las unidades judiciales ya presupuestadas”, ha insistido el diputado Miguel Ángel Gutiérrez.
TASAS JUDICIALES
Del mismo modo, las tasas judiciales entrarán en escena en el debate con la iniciativa del grupo parlamentario catalán Democràcia i Llibertat que solicita la exención de las cuantías para las pymes y las ONG, tal y como apoya Ciudadanos, PSOE y Podemos.
En este mismo sentido, el grupo parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea también ha presentado una proposición de Ley en la que reclama la supresión de las tasas judiciales para las ONG y las pequeñas y medianas empresas (pymes), pero aboga por mantener las cuantías para las grandes empresas.
OTROS TEMAS
Por su parte el PP también presentará sendas iniciativas sobre el estudio de una posible reforma normativa encaminada a la instrucción y enjuiciamiento conjunto de mayores y menores de edad, en determinadas circunstancias, y otra relativa al impulso de medidas que permitan un tratamiento específico y adaptado a sus necesidades para los menores de edad en todos los procesos judiciales.
Además, la Comisión debatirá un texto de los socialistas sobre la investigación del robo de recién nacidos, y una proposición no de ley para promover la claridad del lenguaje jurídico para que haya “una justicia moderna” que la “ciudadanía comprenda y sienta próxima”.
Por último, los diputados debatirán también otro texto de Podemos relativo a los delitos de fraude fiscal y el fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones Públicas y uno del Grupo Mixto sobre modificación del artículo 22.1 del Código Civil.
