Rosario Silva de Lapuerta, juez española en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha lamentado la escasa formación en el derecho de la Unión de los abogados, lo cual repercute directamente en un mal servicio para el cliente.
El «tirón de orejas» a la abogacía española se ha producido en el curso de un desayuno organizado por la Asociación Diálogo de Amistad Hispano-Francesa en el Hotel Intercontinental de Madrid.
La juez Silva de Lapuerta ha señalado a un déficit en la formación universitaria que imposibilita que los abogados en ejercicio aleguen al derecho europeo y que, por tanto, un juez lo aplique.
Silva de Lapuerta ha señalado como algo positivo que cada vez sean más numerosas las cuestiones prejudiciales que se elevan al TJUE, a quien se recurre principalmente sobre cuestiones de materia fiscal, medio ambiente o políticas de asilo e inmigración.
La juez española ha defendido al TJUE por ser la única garantía de que funcione el sistema de unidad de interpretación y aplicación de los Tratados. No obstante, ha subrayado que se trata de un órgano descentralizado porque todos los tribunales nacionales también son jueces de este mismo derecho.
Silva de Lapuerta ha explicado que el TJUE, compuesto por 28 jueces y diez abogados generales, es un sistema de vías de recurso que se completa con los procedimientos jurisdiccionales de los Estados miembro, de tal manera que se garantiza una tutela judicial efectiva.
En 2003 fue elegida magistrada del TJUE por España. Hace dos años renovó su mandato, nuevamente, hasta el 6 de octubre de 2021.
El TJUE está compuesto por un juez de cada Estado miembro y por abogados generales. Los jueces y los abogados generales son designados, de común acuerdo, por los gobiernos de los Estados miembros por un periodo de seis años, renovable.
Se seleccionan entre juristas que reúnen las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones jurisdiccionales en sus respectivos países.
Las dos funciones principales del Tribunal son: comprobar que los actos de las instituciones europeas y de los Gobiernos son compatibles con los Tratados (recurso por incumplimiento, recurso por omisión y recurso de anulación); pronunciarse, a petición de un tribunal nacional, sobre la interpretación o validez de las disposiciones del Derecho comunitario (petición de decisión prejudicial).
Rosario Silva de Lapuerta fue la primera mujer abogada del Estado de la historia (1978). Estuvo destinada en la Abogacía del Estado en Málaga, así como en el Servicio Jurídico del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y en el Servicio Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Antes de ser magistrada del TJUE fue abogado del Estado-Jefe del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y subdirectora general de Asistencia Jurídica Comunitaria e Internacional en la Abogacía General del Estado para el Ministerio de Justicia.
Es hermana de la máxima responsable de la Abogacía del Estado, Marta Silva de Lapuerta, hija del exministro de Franco, Federico Silva Muñoz, y sobrina de Álvaro Lapuerta, extesorero del Partido Popular, imputado por la Audiencia Nacional. CONFILEGAL/EP.
