El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, durante una reciente rueda de prensa. (EP)
Los derechos fundamentales en entredicho con la detención del alcalde de Granada por la Policía
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15/4/2016 17:44
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Actualizado: 15/4/2016 17:45
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La Polícía tenía una orden de entrada y registro en el domicilio del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, emitida por la titular del Juzgado de Instrucción 2 de esa ciudad, Cristina Luis Vilchez, pero no de arresto.
Torres Hurtado fue detenido el 13 de abril en su casa por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), donde realizaron el registro en presencia del secretario judicial, Joaquín López. Luego fue trasladado al Ayuntamiento, donde se hizo lo propio con su despacho, para luego salir, en torno a las 12.55 rumbo a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental para ficharle, tomarle declaración y luego llevarle al Juzgado.
Allí le dieron cita para declarar ante la señora juez para el 12 de mayo.
¿Era necesario tal despliegue y parafernalia policial? ¿Por qué la UDEF detuvo a Torres Hurtado si no tenía una orden judicial?
Eso es lo que parece preguntarse la propia Fiscalía General del Estado, que considera que la medida fue excesiva, como lo prueba la nota de prensa que publicó ayer mismo, 14 de abril, cuando sucedieron esto hechos.
«El estado actual de las investigaciones no permite fundamentar suficientemente medidas tan intrusivas en los derechos fundamentales», decía el comunicado. El término «derechos fundamentales» son palabras mayores. Un eufemismo para afirmar que la Policía se había pasado quince pueblos. Porque, al fin y al cabo, Torres Hurtado es un alcalde democrático y no era necesaria su detención ni el paseo posterior.
Es la primera vez que la Fiscalía se pronuncia tan pública y frontalmente contra una decisión de la Policía Nacional de detener a un alcalde de esa manera, que incluyó las consabidas cámaras de televisión y fotógrafos; la «pena de telediario», como la ha definido Ángel Juanes, vicepresidente del Tribunal Supremo.
El dispositivo desplegado por la UDEF incluyó registros, además, en otras áreas del Ayuntamiento, como Urbanismo, empresas y domicilios particulares, dentro de unas diligencias en las que fueron detenidas 17 personas. Todas ellas fueron fichadas -algunas llevadas esposadas- y sometidas a un interrogatorio «express»: «¿Tiene usted conocimiento de que exista alguna irregularidad en Urbanismo?». Luego recobraron la libertad.
Puede parecer una broma, pero fue así.
¿Abuso de poder? «Si no había otra orden judicial se han vulnerado mis derechos fundamentales y los de todos los detenidos. Fue un atropello», declaró hoy Torres Hurtado en rueda de prensa. «Si estaba ordenada por un juez no tengo nada que decir, pero si ha estado dada por un mando político-policial aquí alguien tiene que explicar qué ha pasado», reiteró el alcalde. Porque tanto a Granada como a su persona se les ha hecho un daño «absolutamente irreparable».
HABÍA ORDEN DE REGISTRO PERO NO DE DETENCIÓN
La juez Luis Vilchez emitió una orden de entrada y registro en regla en el domicilio del alcalde, así lo han confirmado fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sobre la detención han explicado que la Policía no necesita ninguna orden sino que tienen poder para llevarla a cabo si lo consideran necesario en el curso de una investigación.
Esa es, precisamente, la cuestión. ¿Quién consideró necesaria la detención del alcalde para pasearlo por la ciudad, ficharlo y devolverle la libertad pocas horas después?, en lo que se convirtió en una representación de escarnio público, y de «humillación», como la definió hoy el propio Torres Hurtado en rueda de prensa.
Fuentes de la Policía han defendido la intervención argumentando que, debido a que los registros domiciliarios se pueden prolongar durante horas, es habitual que para justificar legalmente su retención se les lean sus derechos y queden formalmente detenidos por los mismos delitos por los que luego quedan en libertad en calidad de investigados.
Y eso fue es lo que ocurrió en este caso en el que todos los detenidos quedaron en libertad a lo largo del miércoles, incluyendo el alcalde.
Recuerdan estas fuentes que la Policía tiene competencia para llevar a cabo esas detenciones.
Anoche el Cuerpo Nacional de Policía defendió que «todas las detenciones y medidas adoptadas se realizaron conforme a la ley y la Constitución, velando escrupulosamente por los derechos de los detenidos, por el tiempo mínimo indispensable para la realización de las averiguaciones y trámites oportunos, y comunicándose a la autoridad judicial».
Es evidente que, a pesar de estas explicaciones, la operación no se hizo bien. Si no la Fiscalía General del Estado no habría salido con un comunicado como ese, en el que definió la intervención como «medidas intrusivas en los derechos fundamentales».
Alguien tendría que dar cuentas.
A esto se une, además, el hecho de que el auto judicial que los agentes de la UDEF exhibieron la jornada del miércoles a los investigados no autorizaba detenciones ni incautaciones de materiales y limitaba el permiso a «la visualización, examen y copia» de programas, ficheros o datos, según el documento que este viernes han aportado el alcalde, José Torres Hurtado, y la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto.
La Justicia investiga una supuesta trama de corrupción en el área municipal de Urbanismo bautizada como «Operación Nazarí», a raíz de una querella presentada por la Fiscalía sobre la supuesta «alteración y modificación fraudulenta del concurso y licitación de la concesión administrativa» de una parcela de uso deportivo en el número 35 de la calle Torre de la Pólvora. También se han sumado las diligencias ya abiertas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada por «presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos» con las obras para la construcción de 300 viviendas en el complejo residencial Ciudad de la Luz, donde se efectuó la modificación de un barranco y se concedieron licencias de ocupación.
Sobre la investigación de su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, ha sido tajante: «Ahora menos que nunca aceptaría su dimisión. Nos están acosando sin ninguna razón».
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