La Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha emitido un comunicado en relación a la información publicada hoy por el diario El País, titulada “Ausbanc pagó a varios jueces por participar en sus cursos”, en el que asegura que «la participación en cursos o conferencias, retribuidas o no, es una actividad totalmente compatible».
El CGPJ defiende en su comunicado la presencia de jueces en foros jurídicos como los que organizaba la asociación Ausbanc, cuyo principal responsable, Luis Pineda, ingresó en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional acusado de extorsionar a distintas entidades financieras.
En su escrito, el CGPJ sostiene que según establece el artículo 389.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cargo de juez o magistrado es incompatible “con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y las publicaciones derivadas de aquella, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas”.
Asimismo, indica que «el Reglamento de la Carrera Judicial también establece que “el ejercicio de la docencia y la investigación jurídica por parte de los miembros de la Carrera Judicial constituye una manifestación de su competencia profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos” (artículo 327.1).
En su publicación, El País aseguraba que jueces de todos los escalones relevantes de la justicia -Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales- impartieron charlas y conferencias en el llamado Foro de la Justicia que Ausbanc ha venido organizando desde 2010, por los que percibieron unos emolumentos oscilaron entre los 1.000 y los 800 euros, dependiendo de la importancia de cada seminario y el lugar de celebración.
En la declaración de la Comisión Permanente se insiste en que «Los cursos, conferencias o jornadas a los que hace referencia la información -todos ellos actos públicos a los que tuvieron acceso los medios de comunicación- tenían por objeto el debate sobre cuestiones de Derecho, motivo por el cual a los mismos eran invitados no sólo jueces, sino otros muchos profesionales, como fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, notarios, registradores, catedráticos de Universidad, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o responsables de Administraciones Públicas relacionados con los asuntos que allí se discutían».
Es más, «la presencia de miembros de la Carrera Judicial en foros, cursos o jornadas públicos junto a otros actores del sector de la Justicia contribuye a enriquecer el debate, fuera de las salas de vistas, sobre cuestiones que afectan a toda la sociedad».
Y en este sentido la citada Comisión «quiere destacar que la integridad y profesionalidad de los jueces españoles es incuestionable, así como su compromiso con la Administración de Justicia y el Estado de Derecho».
