La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha hecho público un decálogo de reformas para mejorar el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, potenciando su profesionalidad e independencia y eliminando los plazos de instrucción impuestos por la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
«La redacción de este decálogo se ha producido porque nos hemos enterado de la existencia de un protocolo sobre acosos laborales, aprobado en marzo», explica Salvador Viada, portavoz de APIF y fiscal del Tribunal Supremo. «Un protocolo que descarga en la jerarquía el decidir si se hay acoso laboral o no. Esa ha sido la gota que ha desbordado el vaso. Esto funciona muy mal, falta transparencia, independencia y sobra demagogia. Estamos hartos y no tenemos miedo. Por eso nos hemos puesto a trabajar y ha salido esto que hemos distribuido hoy, para el conocimiento de todos».
La APIF propone regular la figura del Fiscal General del Estado, reforzando la independencia y neutralidad política del Ministerio Fiscal, como primer paso para la transformación del actual sistema procesal hacia otro en el que el Principio Acusatorio sea el imperante, en el que los fiscales asuman la instrucción y se implanten los jueces de garantías, tal como sucede en el resto de los países occidentales.
De la misma forma, recalcan la necesidad de que se dote al Ministerio Fiscal de un reglamento propio «de un estado democrático» y que se establezca de una vez un Código ético en la Fiscalía, para la jerarquía y para los fiscales, y que se introduzca la transparencia necesaria en el seno del Ministerio Fiscal y en sus relaciones con el Gobierno y demás instituciones.
También quieren que se defina el puesto de trabajo de cada fiscal y, en consecuencia, los repartos de trabajo en el seno de las Fiscalías se doten de seguridad jurídica y se vean presididos por los principios de mérito y capacidad como garantía de salvaguarda de los derechos de los Fiscales y de eficacia de nuestra función.
SON NECESARIOS MEDIOS
Asimismo, afirman la necesidad de que se dote de medios al Ministerio Fiscal, estableciendo plantillas adecuadas y suficientes con una distribución eficaz de sus efectivos de acuerdo con la carga de trabajo real, y la eficiencia organizativa. Facilitando medios materiales modernos y adecuados a la importancia de este servicio público esencial en un Estado de Derecho. Y que se implante un plan de prevención de riesgos laborales adecuado a su función y de mecanismos ágiles para la denuncia y detección de las disfunciones que se produzcan.
En cuanto a la obligación desde el pasado 1 de enero de que todos los escritos en los juzgados se presenten vía LexNet, la APIF la relaciona con la ausencia de sistemas informáticos adecuados en los órganos judiciales.
Por ello, solicitan que se suspenda la implantación de Lexnet en tanto en cuanto no sea un instrumento eficaz para el funcionamiento de la Justicia, lo que pasa inexorablemente por la modernización de sistemas y equipos. Y en tal sentido se dote al Ministero Fiscal de adecuados instrumentos informáticos, que faciliten el cumplimiento de su misión en vez de sobrecargar y dificultar a los Fiscales con tareas que no le son propias.
En consecuencia, piden a los partidos «que se suspenda la implantación de Lexnet en tanto en cuanto no sea un instrumento eficaz para el funcionamiento de la Justicia, lo que pasa inexorablemente por la modernización de sistemas y equipos», y que se adote al las fiscalías de adecuados instrumentos informáticos, que faciliten el cumplimiento de su misión «en vez de sobrecargar y dificultar a los fiscales con tareas que no les son propias».
Por último, la APIF también propone que de una vez por todas «exista un verdadero Pacto por la Justicia que la convierta en un instrumento eficaz en relación con los transcendentes intereses en juego, como son los derechos de los ciudadanos».
