El testigo protegido de la jueza Alaya asegura que la formación ha sido «el negocio del siglo» para la Junta
El presidente de la comisión de investigación, el diputado de C's Julio Díaz.

El testigo protegido de la jueza Alaya asegura que la formación ha sido «el negocio del siglo» para la Junta

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23/4/2016 05:56
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Actualizado: 22/4/2016 20:59
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Teodoro Montes, el testigo protegido de la que fuera titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, en la causa de las presuntas irregularidades de los cursos de formación ha denunciado en el Parlamento andaluz que los cursos de formación han sido el «negocio del siglo» para la Junta.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación, Teodoro Montes ha sostenido que la formación ha sido beneficioso para las empresas y para la Junta, que «ha obtenido pingües beneficios por influencias, poder y relaciones de todo tipo». Además, ha denunciado que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos, UGT y CCOO, han recibido un «trato de favor» en la adjudicación de los cursos con respecto al resto entidades.

Montes, cuya imagen no se ha facilitado por mandato judicial por su condición de testigo protegido, y que ha acudido este viernes a la comisión después de que el pasado 21 de marzo se suspendiera su declaración al encontrarse indispuesto, incluso se ha referido a una posible «red clientelar» en la gestión de las subvenciones de los cursos de formación, de manera que ha defendido que con la formación se ha perdido dinero público.

«La norma tiene tantos agujeros como un colador y no se tapó ninguno a pesar de que la norma preveía que con el tiempo se iban a ir tapando», ha advertido Montes, quien también ha relatado que la falta de control en los cursos se agravaba por la falta de personal, toda vez que «un técnico llegó a tener asignados más de 200 cursos cuando la media idónea era de entre 50 y 60», por lo que «era imposible gestionarlo».

Además, durante varios momentos de su intervención, ha hecho alusiones al «acoso laboral» que ha recibido en su departamento y que «sigue recibiendo» a día de hoy «cada vez de forma más intensa» a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fallado una sentencia a su favor por este asunto. Por ese «acoso», según ha indicado, incluso sus superiores «han tratado de alejarme de toda la información para impedirme el desempeño normal de mis funciones».

Cabe recordar que Teodoro Montes fue una de las diez personas que agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvieron el 28 de julio del año pasado 2015 en el marco de la segunda fase de la Operación ‘Edu’ en la provincia de Sevilla. Los agentes consideraron que Teodoro Montes podía haber incurrido en delitos de prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad documental.

De la misma manera, ha señalado que el cambio de su departamento tanto de sedes como el traspaso de competencias de Empleo a Educación supuso «un caos» y un «vacío de competencias» sin «parangón», así como ha indicado que cada provincia, en cuanto a la confección de los cursos y su control, era «un reino de Taifa». «Muchas veces me he preguntado si teníamos Dirección general o no», ha abundado Montes en respuesta a las preguntas del parlamentario de IU José Antonio Castro.

«Los cursos se programaban caprichosamente tanto respecto a las entidades como a la programación«, ha señalado Montes, quien ha aseverado que «había relajación en todo» y que en la formación «no tiene cabida quien cumple la ley». Además, ha censurado que la Junta de Andalucía haya remitido al órgano parlamentario los expedientes originales de la formación, lo que deja a su departamento «vacío» y afectará a los usuarios del servicio, según ha dicho.

Sobre los controles y los criterios de seguimiento de los expedientes de la formación ha esgrimido que cada provincia es un «reino de taifas» y que «no tienen cabida los que cumplen la ley», a lo que ha unido la falta de personal técnico.

Montes entregó a los comisionados un documento «oficial» de un «correo perdido» que contiene una relación de subvenciones otorgadas a muchas empresas, entre ellas del «entramado» de unas 50 sociedades de Ángel Ojeda, imputado en la causa, adjudicaciones que -según dijo- «muchas no fueron publicadas» en el BOJA.

También ha asegurado que realizaban «cursos fantasmas», de lo que puso como ejemplo unos 23 de la Faffe, de lo que responsabilizó al viceconsejero, a la Dirección General de Empleo o la delegada provincial de Sevilla. También, en esta ocasión en respuesta a los planteamientos de la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero, Montes ha instado a la comisión a llamar a más secretarios provinciales del SAE porque eran «en un 80 por ciento responsables de la ejecución de los cursos».

Además, Teodoro Montes ha aseverado que la Faffe «eliminó» expedientes de la formación «sin autorización escrita» de sus superiores, por lo que, tras pedir y no recibir explicaciones, presentó una denuncia en el juzgado de instrucción.

Al finalizar la comparecencia, el portavoz del PSOE, Rodrigo Sánchez, ha acusado a Montes de «faltar a la verdad reiteradas veces», por lo que ha anunciado que su grupo haría las oportunas comprobaciones para exigir responsabilidades, y que la información remitida a la comisión contradice sus manifestaciones de ilegalidad. (CONFILEGAL/EP)

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